Comentario: ¿Para qué querrá la Junta de Andalucía a estos niños? Este asunto es aterrador, pues parece evidente que no se trata de proteger a los niños de sus padres, sino que se falsifican informes para directamente robar niños.

Ya hemos visto lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas como Cataluña o la Comunidad Valenciana con algunos niños tutelados por el Estado que acaban siendo abusados, violados, e incluso asesinados, por parte de redes de poderosos pederastas.

La Junta de Andalucía debería esclarecer cuanto antes este asunto. Y el aterrador silencio, una vez más, de los medios españoles no hace sino aumentar las sospechas de que podamos estar de nuevo ante un caso de 'carne fresca' para élites pederastas que actúan con total impunidad con la complicidad de las instituciones y medios de comunicación españoles.


(España) - Rafael Cuesta Torrús, natural de Arjonilla (Jaén) y vecino de la provincia de Sevilla,denuncia por obstrucción a la Justicia a la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra Crespo, ante la Fiscal General del Estado, instándola a que le presente querella por bloquear la investigación sobre la elaboración de informes falseados por los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia y Menores dependientes de la Junta de Andalucía, en la que se incluye al Colegio de Psicología de Andalucía Occidental.

En Octubre y Noviembre de 2.013, la Fiscal recibió órdenes de los Fiscales General del Estado y Superior de Andalucía respectivamente para investigar el asunto, pero todavía no ha hecho ni permitido la más mínima averiguación.
María José Segarra Crespo

¿La Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra Crespo (en la foto), se dedica a proteger a pederastas poderosos?
Además, ha desobedecido el Acuerdo de la Inspección Fiscal sobre el Expediente Gubernativo 211/2013 que le ordenaba unir todas las investigaciones sobre el tema en las Diligencias 225/2013 de la Fiscalía Provincial de Sevilla. Por el contrario, lo que ha hecho ha sido dispersarlas en al menos 13 diligencias abiertas en los Juzgados de Sevilla, imposibilitando así la investigación. Además ha requisado documentos dirigidos por ciudadanos a los fiscales encargados de algunas Diligencias abiertas, impidiendo así su esclarecimiento y en paralelo ha abierto expedientes dentro del Ministerio Fiscal o forzado la apertura de otros expedientes judiciales para dispersar las investigaciones y descontextualizar lo que sucede.

El problema de Rafael comenzó durante su proceso de divorcio con María del Carmen G. V., en el que ella intentaba obstaculizar a toda costa su contacto con los hijos a pesar del daño que les pudiera provocar. A los motivos habituales hubo que sumar la mala influencia de su hermana Concepción (Concha) que, a falta de hijos propios, había intentado controlar la educación de los de Rafael. Se trata de una mujer con gran peso social en Cádiz, que tiene cargos e influencias importantes en instituciones benéficas, políticas y feministas.

Durante los últimos años de relación de pareja, Mª Carmen acudió al "falso" psicólogo Víctor Espinosa Escobar (carece de título en Psicología) que conspiró con Concha y con la letrada María del Mar Arredondo Sánchez, para inducir a Mª Carmen a presentar una denuncia de violencia de género contra Rafael. Se apoyaron en informes falsos elaborados por la Psiquiatra privada Lourdes Pacheco Reyna y el Psicólogo privado José Antonio Vallo Suárez, que tiene una importante influenciaen el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental y los anteriores miembros del Equipo Psicosocial Nº 1 de los Juzgados de Sevilla. Allí se "amañaron" los informes para conseguir una condena, pero, por suerte para Rafael, no consiguieron que la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género entrara en ese juego perverso. Rafael supo mantener la calma y hacer frente a esto con ayuda de su familia y su nueva pareja. Aclaró a tiempo las acusaciones de Violencia y evitó ser procesado y separado de los hijos, pero ha denunciado el acoso institucional que está sufriendo por el que se le impide conseguir su plaza de funcionario del Estado como represalia a sus múltiples denuncias contra todo este entramado. Manifiesta que este acoso laboral y familiar les sucede también a otros muchos progenitores afectados en España para destruirlos como personas, conseguir acallar su voz y acabar rompiendo su vínculo con los hijos con obstáculos tanto afectivos como monetarios.

A menudo, el objetivo es introducirlos en una dinámica pre-establecida con la que se busca justificar la retirada de la tutela de los hijos a las familias con problemas. Este proceder se aplica mucho más frecuentemente a familias socio-económicamente deprimidas, a las que se quita a los hijos tras solicitar ayudas económicas en momentos de especial necesidad. Pero cuando son de un nivel medio o alto, si la mujer está en terapia psicológica es hostigada contra el padre hasta conseguir que lo denuncie por violencia de género, de forma que lo alejan judicialmente de ella y de los hijos hasta romper completamente su vínculo con ellos. A continuación se excluye a la madre a causa de los problemas psíquicos por los que venía siendo atendida, de forma que los Servicios Sociales se apropian de la tutela.


Comentario: Seguimos insistiendo, ¿para qué quiere la Junta de Andalucia a estos niños?


En el caso que nos ocupa de Rafa y Mª Carmen, esa tutela le iba a ser entregada precisamente a Concha, a la que él señala como hostigadora y como la que los puso en manos de esa red de "Los Informes Falseados". Así lo afirma por el hecho de que fuesen aportados en su contra documentos privados de Concha procedentes de la Institución Social donde trabaja durante el divorcio.

Durante el proceso se enteró de que la letrada Arreondo Sánchez, representante de su ex-mujer, 20 años atrás también había sido la oponente de Carmen González, vecina del pueblo sevillano de Dos Hermanas, en un famoso caso que ha terminado siendo emblemático. En un momento de debilidad durante su proceso de divorcio, la Junta de Andalucía le retiró a sus hijos Iván y Sara y cedió temporalmente la tutela a una familia de acogida. Recuperada en poco tiempo del problema, solicitó la devolución, pero la familia de acogida, representada por la letrada Arreondo, se adueñó de sus hijos con el apoyo de la Junta. El proceso judicial fue celebrado en 1996 y sentenciado en base a informes delos mismos Equipos Psicosociales de los Juzgados de Sevilla que acusaban ahora a Rafael. Casualmente, la Fiscal Segarra estaba destinada entonces en la Fiscalía de Menores. Para cuando el Tribunal Constitucional vino a corregir aquel grave error, Carmen González ya se había muerto precozmente y su hija Sara, con su infancia destrozada, recibía con 17 años una indemnización millonaria en una prisión para menores de la República Dominicana, donde estaba ingresada por tráfico de drogas.

A pesar de lo abultado de aquella indemnización, que tuvimos que pagar entre todos con nuestros impuestos, no fue sancionado ningún perito psicosocial ni funcionario de los que intervino en el caso. De hecho, Rafael vino a darse cuenta entonces de que, 20 años después, aún se continúa permitiendo y protegiendo que grupos de profesionales elaboren informes no contrastados con la realidad para la Administración, y no los sancionan a pesar de que después se demuestren completamente falsos y destinados a torcer la Justicia. Así sucedió con los que habían elaborado el psicólogo José Aº Vallo, la psiquiatra Lurdes Pacheco y el Equipo Psicosocial Nº 1 para perjudicarles, en contraste con la severidad con la que han sido sancionados otros profesionales, como el famoso Psiquiatra Javier Criado, cuando interesó a la Fiscalía dirigida por Segarra.

De todo ello parece desprenderse la evidencia de que los Poderes que dominan la Administración nunca parecen haber estado interesados en corregir este problema, sino en cobijarlo, aprovecharlo en beneficio propio y de sus allegados y evitar que nunca vuelva a aparecer otra condena contra ellos ante la opinión pública. Probablemente fue por esa razón por la que el Juez de Instrucción de aquel viejo caso, el Sr. Serrano Castro, fue inhabilitado años después cuando, al darse cuenta del error cometido, se atrevió a enfrentarse al poderoso "Entramado de los Informes falseados".

Progenitores de Niños Robados, padres y madres divorciados apartados de sus hijos, hombres acusados falsamente de violencia contra la mujer, hijos de padres que tienen Alzheimer y un patrimonio goloso que expoliar (caso AFAL) y otros variados colectivos de víctimas, son un enorme conjunto de seres humanos que han visto su vida truncada por este mal hacer. Quienes caen en un problema así, confiando en que viven en un País Democrático y al final conseguirán justicia, quedan atrapados de inmediato en un laberinto de procedimientos judiciales que se eternizan, expolian sus patrimonios y ocupan su tiempo y esfuerzo destruyendo sus vidas laboral y social.

Alguna razón poderosa (de mucho dinero) tenía que haber detrás de todo este montaje y a Rafael se la encontró de frente cuando, buscando a otras personas en su situación, se topó con el fenómeno del Tutelaje Abusivo de Menores, ese que en nuestro Diario hemos dado en llamar "Los Nuevos Niños Robados". Al parecer, hoy en día hay unos 40.000 niños tutelados en España. La mayor parte de ellos están internados en residencias que son contratadas a través de ONGs o empresas privadas, a las que el Estado les paga de media más de 4.000€ por niño al mes. Sin embargo, las familias de acogida y algunas residencias han denunciado que no reciben el dinero de la manutención de los niños ¿Dónde va ese dinero? Mientras, los padres de muchos de estos niños protestan y se querellan contra la Administración porque consideran que les han arrebatado injustamente a sus hijos, en base a estos mismos informes psicosociales falseados y al poderoso entramado que los cobija. Esa red es la que, según afirma el denunciante, protege activamente la Fiscal Segarra en Andalucía Occidental, bloqueando cualquier iniciativa para que sea investigada.

El tutelaje abusivo por los Servicios Sociales es un fenómeno presente en todo el Mundo Occidental, pero en España ha adquirido una dimensión monstruosa.

Cada Región tiene su propia red con su Segarra al frente. Por ejemplo, en la de Murcia (sede de este Diario) está representada por el clan jurídico de la Familia Alba y la Psicólogo Forense Catalán Frías, tal y como se documentaba en nuestro artículo de la Sección EUGEN de 22-9-15. Sus consecuencias han llegado a representar situaciones como el auténtico "exterminio étnico" que sufre la población gitana en provincias como Jaén. Con esta denuncia, la pelota queda en el tejado de la actual Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, perfecta conocedora de todo este asunto porque dirigía la Fiscalía de Menores del Estado desde 2.004 hasta que fue designada para su cargo actual en 2.014. La tradición corporativista de nuestra Administración alcanzaría en ella el grado de "complicidad" si encubre o ignora ahora un tema como este. El tiempo nos dirá si lo afronta o utiliza el servilismo de los grandes medios de comunicación, dominados por las subvenciones y los ingresos de publicidad corporativa del Estado, para silenciar el tema y hasta de señalar como culpables a las propias víctimas.

Un país democrático no puede permitir que unos hechos de semejante gravedad no sean esclarecidos de inmediato.