La Policía Judicial argumentó que el marroquí Abdelbaki es Satty estaba vinculado con dos organizaciones terroristas integradas en la red de Al Qaida, Ansar Al Islam y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, responsable este de la masacre del 11-M.
El magistrado autorizó la intervención telefónica en un auto dictado el 19 de octubre de 2005 con este razonamiento jurídico: «La proporcionalidad, necesidad e idoneidad en la observación del teléfono 678... utilizado por Abdelbaki es Satty se infiere de la gravedad de los hechos objeto de imputación, así como las sospechas fundadas sobre su vinculación al Grupo Terrorista Ansar Al Islam».

Apoyo logístico
Es decir, Abdelbaki es Satty era un importante peón del área logística de los citados grupos terroristas. Doce años después consiguió, por desgracia, liderar su propia célula, la de Ripoll.
Esta investigación se derivó de las pesquisas abiertas a raíz de los atentados cometidos en la Casa de España en Casablanca (Marruecos) el 16 de mayo de 2003, a cargo del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (hubo 45 muertos). La Policía comenzó a seguir a Hassan Mourdoude y a Ahmed Said Hsissni, que vinieron a España desde Siria, donde habían sido detenidos. Aquí se asociaron con Abdeladim Akoudad, que estaba integrado en los grupos terroristas norteafricanos. Siguiendo a estos presuntos terroristas fue como los agentes de la Policía se toparon con Abdelbaki es Satty, encargado entonces de darles cobertura.


Pese a los esfuerzos de los agentes, el juez y la Fiscalía no pudieron procesar a Abdelbaki es Satty. El 23 de octubre de 2007, Baltasar Garzón dictó auto de procesamiento contra 22 imputados, entre ellos Mrabet, de los que finalmente fueron juzgados solo nueve. En enero de 2009 la Audiencia Nacional absolvió a cuatro acusados y condenó a los otros cinco, entre ellos el adoctrinador de Es Satty, que, como desveló ABC, tuvo como abogado al actual cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens.
Al final, no solo no se procesó al autor intelectual de los atentados de Barcelona y Cambrils, sino que todos los condenados terminaron libres. Las defensas recurrieron y lograron que el Tribunal Supremo anulara toda la causa en 2011. El alto tribunal recogió que hubo pinchazos telefónicos sin autorización judicial y que algunas declaraciones se obtuvieron «bajo presión». Tildó las acusaciones de «vagas, imprecisas y notoriamente especulativas».






Comentario: Los errores e irregularidades que estamos conociendo estos días no tienen ya justificación. Cada vez da más la impresión de que el Gobierno y las fuerzas de seguridad españolas no tienen ningún interés en la lucha antiterrorista, más bien parecen dedicarse a fomentar el terrorismo: