El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Reglamento de Retorno, que permite a los países miembros deportar a los emigrantes a centros de internamiento ubicados en países fuera de la Unión Europea. Combinado con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, el Reglamento es una nuevo instrumento de control social y represión sobre la población emigrante.
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Los centros servirán como lugares de tránsito, donde los internados esperarán a ser devueltos a sus países de origen. Pueden permanecer encerrados durante largos períodos de tiempo, potencialmente sin un límite de tiempo o garantía de retorno.

La legislación permite a la policía registrar viviendas y confiscar efectos personales y dispositivos electrónicos para facilitar las deportaciones. Otras disposiciones otorgan nuevas facultades de la policía para localizar y detener a los emigrantes. Las prohibiciones de entrada también se endurecerán significativamente, de cinco a diez años en la mayoría de los casos, con la posibilidad de una prohibición de por vida para las personas consideradas como "una amenaza para la seguridad".

La legislación también modifica los recursos. Con arreglo a las normas vigentes, hasta ahora las expulsiones se suspendían automáticamente mientras se tramitaba el recurso. La nueva ley elimina esta protección automática y deja que los tribunales decidan, caso por caso, si se debe suspender la deportación.

Los centros ubicados en terceros países darán lugar a un negocio multimillonario. Los países miembros de la Unión Europea firmarán contratos con los de acogida para recibir y mantener a los deportados en sus centros. La Unión Europea podrá hacer una contribución económica, pero no se hace responsable de los acuerdos. Los países más citados como posibles anfitriones de estos centros se encuentran en África y los Balcanes. Entre los países miembros de la Unión Europea que ya han expresado interés se encuentran Alemania, Países Bajos, Italia y Grecia.

La fortaleza europea

La nueva legislación consolida el intento de crear una fortaleza europea con fronteras cerradas, que no habría sido posible sin el discurso alarmista, xenófobo y racista. Los emigrantes se transforman en chivos expiatorios para enmascarar las consecuencias de un capitalismo en crisis, que está erosionando el sistema de protección social, exacerbando la desigualdad de ingresos, la inseguridad laboral y la crisis política internacional. Estas dinámicas han generado fragmentación social, descontento político y un estancamiento económico estructural, así como recortes presupuestarios en los servicios sociales en beneficio del aumento de los presupuestos militares.

Estrella Galán Pérez, antigua directora de la CEAR (Comisión Española de Ayuda a los Refugiados), dice que "detrás de todo esto hay un aparato de seguridad dirigido por Israel. Esta legislación no establece ningún mecanismo de vigilancia de los derechos humanos. Su objetivo es ocultar las atrocidades que se sufrirán en esos centros en la medida de lo posible y evitar que sepamos lo que está sucediendo allí: áreas reales de la oscuridad en términos de derechos humanos".

Con la aprobación del Reglamento sobre el Retorno y el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio, Europa ha desmantelado definitivamente su sistema de extranjería.

La política migratoria de la Unión Europea se equipara a la de Estados Unidos, un país que alberga el sistema de internamiento de emigrantes más grande del mundo, con más de 220 centros. En los últimos seis meses, 278.000 personas han sido deportadas de Estados Unidos.

La legislación confirma que vivimos en un estado de emergencia que se generaliza, se convierte en norma, y el centro de internamiento toma como modelo el campo de concentración, del que Guantánamo es una instalación actualizada. Allí las personas son despojadas de sus derechos políticos y sociales, reducidos a su simple existencia biológica, una vida desnuda sobre la que el Estado o el poder soberano pueden ejercer el control absoluto, hasta el día de la muerte.