© DesconocidoEl presidente Obama rasga la Constitución de los Estados Unidos (Fotomontaje)
Barak Obama había sido electo como promotor de un porvenir basado en el respeto de los derechos fundamentales de los individuos y los pueblos. El balance de su mandato nada tiene que ver con aquellas promesas. Sus aspectos más visibles, como el no haber cerrado la base de Guantánamo, el haber mantenido los tribunales militares de excepción y la práctica de la tortura en Afganistán, sólo son la parte visible del iceberg. Esos elementos nos permiten ver que existe una continuidad entre las políticas de las administraciones Bush y Obama. Pero la profundización de la anterior política es tan grande que ha producido un cambio en la forma del Estado, una modificación nunca vista anteriormente en la relación entre las autoridades y el ciudadano estadounidense.
La posibilidad de tratar a los estadounidenses de la misma manera que a los extranjeros clasificados como terroristas es un objetivo constante del poder ejecutivo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En virtud de la nueva prerrogativa que le concede la National Defense Authorization Act de poder suprimir el Habeas Corpus para los ciudadanos estadounidenses, y no sólo para los extranjeros, la administración Obama ha hecho lo que el anterior ejecutivo había empezado a preparar sin llegar a concretarlo.
