En un artículo, la fuente estima que el primer ministro del régimen israelí, Benyamin Netanyahu, trata de desbaratar el pacto nuclear mediante el aumento gradual de sus demandas para evitar de esta manera la creciente ola de críticas en su contra, incluso por parte de los países occidentales.

"Aun las personas cercanas a Netanyahu confiesan que él tiene demandas maximalistas y locas sobre el caso nuclear iraní que no se pueden reconocer", señala.

Según Reuters, como Netanyahu tiene en cuenta que no puede convencer a la Administración del presidente estadounidense, Barack Obama, a tomar "tácticas destructivas" contra Irán, pues, presiona a los senadores para que impidan un convenio final que esté en contra de los intereses del régimen de Tel Aviv.

Netanyahu solo aboga por, explica Reuters, un acuerdo que contemple el desmantelamiento total del programa de energía nuclear iraní y el cese del desarrollo de misiles balísticos en Irán; requerimientos que no fueron considerados en el pacto logrado el mes pasado en Suiza entre Teherán y el Sexteto.

El pasado jueves, 26 senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley en que se exige a la Casa Blanca apoyar al régimen israelí en un posible ataque militar contra Irán, además de rechazar definitivamente el derecho de Teherán al enriquecimiento del uranio.

Varias fuentes diplomáticas aseveran que la referida iniciativa, que fue calificado por Obama de "innecesaria", se produjo bajo la presión del lobby sionista.

Netanyahu mantiene su postura firme contra las actividades nucleares pacíficas de Irán mientras su régimen tiene almacenado entre 200 y 400 ojivas nucleares y es el único en la zona que nunca ha permitido a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que revisen sus instalaciones nucleares.

Según el informe de un sitio libanés, este rabino en su decreto racista declaró que el régimen de Israel puede arrestar a los inmigrantes africanos para "proteger" a los israelíes, su identidad y garantizar su seguridad, "ya que estos africanos se consideran una amenaza para el orden del régimen de Israel".

Berili considera que la cárcel es el mejor lugar para los inmigrantes, bajo el argumento de que estos no respetan las leyes israelíes.

Estas declaraciones se producen luego que la noche de este sábado cientos de inmigrantes africanos y activistas de derechos humanos, salieran a las calles de Tel Aviv (oeste) fueran escenarios de una manifestación contra la nueva ley que permite a las autoridades del régimen israelí mantenerlos en la cárcel por tiempo indefinido.

Cientos de inmigrantes, en su mayoría sudaneses y eritreos, junto a los activistas de derechos humanos pedían refugio completo y coreaban consignas como "libertad" y "no más de prisión", por las que rechazaban las políticas de detención de este régimen.

Los territorios ocupados palestinos vivieron hace casi una semana una jornada de protestas por el mismo motivo. El lunes, un grupo de refugiados africanos residentes en los territorios ocupados palestinos, celebró una protesta pacífica en la ciudad de Beerseba (sur de Israel), en contra de la nueva normativa.

Estas jornadas de protestas se dieron luego de que hace dos semanas los legisladores israelíes aprobaran un nuevo cambio en la ley migratoria, basado en un permiso que permite, sin necesidad de juicio, encarcelar durante un año a los inmigrantes africanos que entraron en los territorios ocupados después de junio de 2013 y, por tiempo indefinido, después de ser enjuiciados.

Israel captura a los inmigrantes africanos, argumentando que la mayoría de ellos está en busca de "empleos ilegales".

Con ese mismo objetivo, el Gobierno israelí construyó un centro de detención en el sur de los territorios ocupados, llamado Holot, cuya capacidad se estima en 11 mil personas. Actualmente, cerca de 50 mil inmigrantes africanos habitan en las regiones ocupadas.

Varios jueces, catedráticos de Derecho y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han celebrado este pasado fin de semana unas jornadas en la que han criticado las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana propuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy porque suponen "criminalizar" a los ciudadanos y "cercenar los derechos".

El representante de Jueces para la Democracia José Luis Ramírez explicaba que "la Ley de Seguridad Ciudadana es la válvula de cierre del sistema que diseña el proyecto de Código Penal", de manera que "se cierra el círculo de la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales".

Ramírez ha subrayado que la subida de las tasas "ha generado un descenso de cerca del 40% en el ingreso de asuntos contencioso-administrativos", mientras la futura Ley de Seguridad Ciudadana tipifica más infracciones, por lo que "los ciudadanos van a ser sancionados pero no van a poder recurrir porque tendrán que pagar tasas".

En su opinión, la reforma del Código Penal es "innecesaria" y por lo tanto "ilegítima" y "profundiza en la marginalización de la sociedad", creando la figura de "un nuevo tipo de delincuente: el disidente político".

El Ejército de Estados Unidos probó con éxito un arma láser futurista capaz de destruir proyectiles de mortero del tamaño de un balón de fútbol y derribar aviones no tripulados (drones).

El armamento montado en un camión, conocido como el High Energy Laser Mobile Demostrador (HEL MD) se encuentra a una década de integrar el arsenal militar estadounidense, pero ya ofrece pistas sobre hacia dónde se encamina la producción armamentística, comentó hoy la cadena televisiva ABC News.

Desde mediados de noviembre y durante casi seis semanas, el mando castrense probó el MD HEL en el estado de Nuevo México, explicó.

El dispositivo se encuentra equipado con un láser de 10 kilovatios y un sistema de radar montado en un camión pesado.

La investigación por los paros policiales y los saqueos que conmovieron varias localidades argentinas a principio de mes ha conducido a más allanamientos, detenciones y enjuiciamientos, entre estos agentes, reportan hoy medios informativos.

Entre los allanamientos efectuados en la ciudad de Concordia, 105 dieron positivos, precisó el coordinador de los fiscales de esa ciudad de la provincia de Entre Ríos, José Costa, quien afirmo que evidencian, a su vez, la vinculación de los policías con el vandalismo.

Al decir que 105 allanamientos son positivos, significa que se refuerza la hipótesis de la conexión entre la organización de los saqueos los pasados días 8 y 9 la huelga policial, ya que se hallaron objetos robados en domicilios de agentes y en el de sus familiares, señaló Costa a la agencia de noticias Télam.

El Presidente Barack Obama proclamó el 15 de diciembre el "Día de la Carta de Derechos", y destacó que las diez primeras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos son "la base de la libertad estadounidense, ya que garantizan nuestros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, de reunión y de practicar nuestra fe de la manera que elijamos, hasta las protecciones que garantizan la justicia en virtud de la ley", afirmó. Al día siguiente, el Juez de Distrito de Estados Unidos Richard J. Leon calificó las políticas de vigilancia de Obama de "casi orwellianas" en un fallo que determinó que la recopilación masiva de metadatos de llamadas telefónicas de estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) probablemente sea inconstitucional. Como si eso no fuera suficiente, el propio grupo de trabajo nombrado por el Presidente para estudiar el tema, el Grupo de Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones, entregó su informe, que fue publicado por la Casa Blanca esta semana y contiene 46 recomendaciones de cambios.

Uno de los asesores del panel, Sascha Meinrath, del Open Technology Institute, se mostró escéptico. Meinrath me dijo: "He expresado públicamente mi preocupación con respecto a la independencia de este grupo. Soy uno de los 47 expertos en tecnología que envió una carta al Presidente para decirle 'un panel de revisión tecnológica debe estar integrado por personas con pericia tecnológica'. Lamentablemente, mi comentario no fue tenido en cuenta. También me preocupaba mucho que este panel de cinco miembros esté enteramente compuesto por personas que forman parte de la comunidad de inteligencia y funcionarios del gobierno. No creo que sea posible realizar una revisión realmente independiente de la vigilancia cuando hay tanta gente vinculada directamente a las instituciones que la llevan adelante. Y creo que esto es aún peor debido a que el panel de revisión funciona bajo la órbita de James Clapper, bajo la órbita de la misma institución que debería estar siendo supervisada en forma independiente".

La reciente elección de Michelle Bachelet como nueva presidenta de Chile abre diversos interrogantes. ¿Podrá avanzar en una Reforma Constitucional que derribe la institucionalidad heredada del pinochetismo? ¿Qué hará en relación a la integración regional, considerando que Chile fue - y es- dinamizador de la Alianza del Pacífico? ¿Cómo actuará respecto a la demanda marítima de Bolivia, impulsada por su presidente Evo Morales? Fue el propio Morales quien se preguntó sobre el nuevo gobierno chileno y sus desafíos.

La revista argentina "La Garganta Poderosa" entrevistó, para su número de diciembre, a Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo habló sobre temas de la coyuntura política internacional: la política de EE.UU. ante América Latina; el asilo a Snowden; Monsanto y los agrotóxicos, entre otros. Sin embargo, ante la opinión pública de nuestro continente fueron sus dichos sobre el próximo período de gobierno de Bachelet en Chile los que causaron mayor revuelo, sobre todo si a eso le sumamos la distante relación que ya hay con el actual gobierno de Piñera, producto de varios "choques" diplomáticos en cumbres presidenciales a raíz del legítimo pedido de salida al mar para Bolivia.

El presidente estadunidense Barack Obama recibió este martes a las mayores empresas de Internet y de las telecomunicaciones de Estados Unidos, alarmadas por la vigilancia ejercida por las agencias de inteligencia.

Los donantes de Arabia Saudita han jugado un papel crucial tristemente célebre en la creación y el mantenimiento de grupos yihadistas suníes durante los últimos 30 años. Pero, a pesar de toda la supuesta determinación de EE.UU. y sus aliados desde el 11-S de librar "la guerra contra el terror", estos han mostrado sorprendente restricción cuando se trata de presionar a Arabia Saudita y a las monarquías del Golfo para que dejen de apoyar económicamente las actividades de los yihadistas.

Comparemos dos pronunciamientos estadounidenses que subrayan la importancia de esas donaciones y que basan sus conclusiones en la mejor inteligencia disponible al gobierno de EE.UU. El primero se encuentra en el Informe de la Comisión del 11-S que estableció que Osama bin Laden no financió al Qaida porque desde 1994 tuvo poco dinero propio sino se basó en sus vínculos con acaudalados individuos saudíes establecidos durante la guerra afgana en los años ochenta. Citando, entre otras fuentes, un informe analítico de la CIA de fecha 14 de noviembre de 2002, la comisión concluyó que "al Qaida parece haberse basado en un grupo principal de facilitadores financieros que juntaron dinero de diferentes donantes y recolectores de fondos primordialmente en los países del Golfo y particularmente en Arabia Saudita".

Siete años pasaron desde que se escribió el informe de la CIA durante los cuales EE.UU. invadió Iraq combatiendo, entre otros, a la recién instalada franquicia iraquí de al Qaida, y se involucró en una guerra sangrienta en Afganistán con los renacientes talibanes. Drones estadounidenses son disparados a supuestos objetivos vinculados con al Qaida ubicados por doquier desde Waziristán en el noroeste de Pakistán a aldeas en las colinas de Yemen. Pero durante este tiempo Washington no logra emitir más que unas pocas suaves amonestaciones a Arabia Saudita por su promoción de la militancia fanática y sectaria suní fuera de sus propias fronteras.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha aprobado una vez más una indebida resolución, lanzada por Canadá, en contra de la República Islámica de Irán.
Fue aprobada el miércoles con 83 votos a favor, 36 en contra y 62 abstenciones, en el marco de un documento elaborado por el Gobierno de Canadá, una Administración que tiene un historial negro en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas.

Este polémico plan, al no considerar las diferencias comunes en los sistemas jurídicos comparados, como uso del látigo o ejecuciones, declara mentiras sobre violencias contra los presos en Irán.

A juicio del representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mohamad Jazai, Ottawa no quiere ver los progresos del país persa en materia de derechos humanos, lo que le impulsa a lanzar un documento que es ajeno a la realidad".