Israel ordena la demolición de una planta fotovoltaica que lleva dos años dando electricidad a 450 vecinos en una aldea cisjordana y la presión diplomática le obliga a dar marcha atrás. Las alegaciones no han dado frutos y se confía en el Supremo israelí o en la mediación política, ya que el proyecto fue financiado por España. En 2011 se han tirado 387 construcciones en la zona C, con control israelí, provocando el exilio de más de 700 palestinos.
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Nihat Nour y su hijo Mohammed, ante la central fotovoltaica que Israel ha ordenado derribar.
Como el brillo de las velas que se van consumiendo, así, agonizante, es la luz que alumbra en Emnaizel, una villa de 40 familias en uno de esos altos páramos de viento helador que esconde Cisjordania. Aún salta, milagrosa, si se pulsa el interruptor, pero una amenaza la hace peligrar:
la orden israelí para demoler las dos placas solares que la generan, con la que se ilumina, se calienta, se limpia, se entretiene, se instruye y se cura la gente del pueblo. Un proyecto emprendido hace dos años por la entidad española Sistemas Energéticos Básicos (SEBA), en colaboración con la Universidad Al Najah de Nablus y financiada con 292.000 euros por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que cambió la vida de unos vecinos anclados hasta entonces en el siglo XIX. Sin embargo, ahora, Israel quería eliminar las placas alegando que carecen de permiso de obra, lo cual es cierto, pero también la única manera de humanizar las condiciones de vida de los palestinos, ya que el sistema de planificación urbanística israelí, calificado como "discriminatorio" por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
hace prácticamente imposible emprender una obra, por pequeña que sea, como en este caso. La presión diplomática ha hecho que, finalmente, se haya suspendido la orden. Israel informó el jueves 17 a la agencia
EFE de que la decisión llevaba tomada dos semanas, pero tanto la organización impulsora de la obra como la Cooperación española tuvieron noticia de ello el pasado viernes, día 18. Fuentes diplomáticas sostienen que los abogados del estado aún no tienen toda la documentación que dé por cerrado el caso y hablan de "congelación", no de perdón.
