© APRand Paul, senador republicano de ala ultraconservadora, cuestionó desde el pleno al procurador general Eric Holder respecto de si el gobierno autoriza el uso de drones contra connacionales en territorio estadunidense, lo cual desató un intenso debate en el Congreso en días pasados.
Claro, aceptan que no es perfecto. Se lamenta que es el país más encarcelado del mundo (más de 2 millones de reos), que hay una disparidad racial obvia en quien está detrás de las rejas del sistema penal, que a veces hay corrupción y que ha habido muchos inocentes encarcelados, y tal vez hasta ejecutados.
De hecho, Innocence Project, organización nacional de litigio y políticas publicas, registra que desde 1989 se ha exculpado a 303 reos al aplicar pruebas de ADN que comprueban su inocencia (después de que pasaron en promedio 14 años tras las rejas). De éstos, 18 estaban en la fila de la muerte para ser ejecutados.
Pero durante la última semana se demostró que el sistema de justicia tiene nuevos problemas, algunos de los cuales ponen en duda eso de un estado de derecho.
Para empezar, el procurador general Eric Holder, quien encabeza el Departamento de Justicia, admitió ante un comité del Senado que hay entes tan poderosos que no pueden ser fiscalizados por sus delitos.
En este caso el delincuente es el banco trasnacional HSBC, que aceptó ser responsable de lavado de dinero procedente de cárteles de narcotráfico mexicanos y colombianos, así como de manejar fondos de regímenes y organizaciones calificados oficialmente de terroristas.
