El Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia acaba de absolver al exdirector de un centro de acogida de menores de Bunyol, que fue juzgado por maltratar a varios internos. La jueza descarta que el acusado utilizara u obligara a utilizar al personal del centro "el uso de la fuerza física y de la violencia como método para educar a los menores y someterlos a la disciplina" del mismo.

Así, éste es sólo un ejemplo, la Justicia avala una y otra vez lo que ocurre tras los muros de los centros de acogida, mientras cada vez son más numerosas las voces que denuncian irregularidades y arbitrariedad en la tutela de las niñas y niños cuyos padres pierden el control sobre ellos.
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El propio defensor del Menor ha solicitado que se investigue bien lo que ocurre en algunos de estos centros.

Son ya varios los casos, al menos irregulares, que ha denunciado Diario16 con respecto a la retirada de tutela de menores: como el de la pediatra que ha estado cinco años sin ver a su hija, o el de los dos hermanos pequeños gitanos que se los arrebataron por la fuerza al padre del coche y que gracias a la Asociación del Menor Gitano y a la publicación de la situación en Diario16 volvieron con la familia de los padres y pueden ver a sus progenitores todos los días.

La lucha sin cuartel de Consuelo García del Cid -quien incluso publicó un libro en el que ha denunciado "El desmadre de los Servicios Sociales" , en el que pone de manifiesto las irregularidades existentes en la actualidad en los casos de menores tutelados por la Administración. Irregularidades que, por cierto, también denunció en el Senado y por lo que un juez la demandó por injurias. Un proceso penal que sigue abierto.

Con respecto al juicio de Valencia, la juez considera que tras las pruebas practicadas ha quedado probado que en los seis años en los que estuvo al frente del centro, el acusado "no utilizaba con carácter habitual la violencia y el uso de la fuerza física con los menores". Es decir, que no niega que pudiera utilizar la violencia en algún caso, sólo que no lo utilizaba de forma habitual.

El fiscal solicitaba una pena de dos años de prisión y la inhabilitación para trabajar con menores por un delito de violencia habitual sobre personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su guarda y cinco delitos de maltrato. La sentencia también absuelve a la compañía de seguros del centro, como responsable civil directa, y a la Conselleria de Bienestar Social y a la Fundación Amigó que estaban acusadas como responsables civiles subsidiarios.

Negocio

Consuelo García del Cid denuncia en "El desmadre de los Servicios Sociales" que "los niños pobres suponen una de las fuentes de ingresos más importantes del país", en base a las declaraciones del pedagogo, filósofo y escritor Enrique Martínez Reguera.

Las administraciones autonómicas en nuestro país pagan a empresas privadas -muchas son fundaciones u órdenes religiosas- entre 4.000 y 9.000 euros al mes por acoger a un menor en los centros de acogida que gestionan. Cantidad desorbitada que solucionaría el problema de falta de recursos y medios a muchos padres que, por estar en riesgo de exclusión social, pierden la custodia de sus hijos.

Además, García del Cid insiste en que revocar un desamparo únicamente es posible por vía judicial. Muchas de las familias afectadas no pueden hacerlo por falta de recursos y acuden al turno de oficio. En muy pocas ocasiones, un juez ha decretado la nulidad del desamparo.

Desde que Diario16 investigara la situación de a tutela de menores en España por parte de la Administración, cada semana decenas de padres desesperados acuden a nosotros para solicitar ayuda.

Nuestras investigaciones siguen adelante.