El Artículo 12, del Capítulo I de la propuesta de Ley, detalla: "queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta veinte plantas de Cannabis en floración destinadas para consumo personal en propiedad privada".

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Dos momentos, dos presidentes, dos estrategias. Calderón y Genaro García Luna, el hombre que condujo la guerra (2006-2012). AMLO con Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación.
La propuesta agrega que las personas no podrán cultivar más de 480 gramos al año y tendrán que registrar sus plantas, de manera anónima, ante el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis.

La legisladora por Morena y futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentará ante el Senado de la República la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis con lo que México podría convertirse en uno de los países que permiten el uso médico, científico, lúdico y de comercialización de la mariguana.

Aunque se tenía previsto que la iniciativa fuera presentado este martes, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, informó que será hasta el jueves que se presente ante el Pleno del Senado. Detalló que aún se están haciendo algunas revisiones a la propuesta.

"Hoy la vamos a esperar, porque todavía se están haciendo algunas revisiones; mañana la vamos a revisar y el jueves probablemente la presentemos", dijo.

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, así como Sánchez Cordero, han dicho que harán "todo lo que sea necesario" para traer la paz en México, un país sometido por la violencia que desató el entonces mandatario Felipe Calderón Hinojosa cuando lanzó, en diciembre de 2006, la guerra contra las drogas.

En México han muerto cerca de 200 mil personas a causa de esta guerra, y unos 30 mil son contabilizados oficialmente como "desaparecidos". Pero no sólo los homicidios dolosos: también los robos, el secuestro, la extorsión y los feminicidios se han disparado en estos años, los más terribles para la seguridad de los mexicanos.

Cannabis
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El impacto económico que tuvo la violencia en México sólo durante 2017 es 16 veces mayor al costo del Nuevo Aeropuerto de Texcoco. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés), la violencia en México costó 4.72 billones de pesos durante el año pasado, monto que equivale al 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La iniciativa propone dar una vuelta de tuerca a la guerra fallida de Calderón, que fue emulada por el Presidente Enrique Peña Nieto y que provocó un gran daño en la sociedad mexicana.

En la exposición de motivos, se informa que de acuerdo con el The War Report Armed 2017, México se encuentra en guerra con al menos dos cárteles, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. El informe catalogó por primera vez el caso de México y el combate al crimen organizado como "un conflicto armado no internacional".

El reporte detalla que desde 2006 la violencia en México se puede caracterizar por dos aspectos: el primero, por las batallas violentas entre grupos de la delincuencia por el control de las lucrativas oportunidades comerciales de diversas actividades criminales; y segundo, por los enfrentamientos violentos entre los grupo criminales y las Fuerzas Armadas del Estado. En ambos casos, los enfrentamientos involucran armamento pesado de ambos lados.

"Es sumamente preocupante que se incluya a México en este reporte, porque significa que en nuestro país se está desarrollando uno de los diez conflictos armados no internacionales más violentos", detalla la propuesta de Olga Sánchez.

En la propuesta de Ley, publicada en la orden del día de la Gaceta del Senado, se detalla que ésta aplicará en las siguientes materias:

"La siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo del cannabis y sus derivados; para fines personales, científicos y comerciales".

La iniciativa propone un "modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicano que opta por el cambio".

La propuesta detalla que la Ley tiene como objetivo "establecer lineamientos generales para la regulación del cannabis en su siembra, cultivo, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización".

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La propuesta plantea pasar a una "regulación legal estricta; es decir, el punto medio entre la prohibición absoluta y el libre mercado". Propone un comercio legal regulado y que sea monitoreado en toda la cadena de valor, desde la siembra, la producción, su transporte, comercialización, publicidad y patrocinio.

Se plantea la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, quien determinará los impuestos en la compra y venta de la mariguana, con base en los siguientes objetivos: protección de la salud pública; la reducción del consumo problemático de la mariguana; y el desplazamiento del mercado informal.

El documento también recuerda que la política prohibicionista, reflejada en la "Guerra contra el narcotráfico", así como la política de persecución a nivel federal y estatal de los delitos en contra de la salud, de narcotráfico y narcomenudeo, han visto el aumento sin precedentes de la violencia en todo el país.

Para el consumo personal

El Artículo 12, del Capítulo I de la propuesta de Ley, detalla: "queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta veinte plantas de Cannabis en floración destinadas para consumo personal en propiedad privada".

Las personas podrán cultivar hasta 480 gramos por año para consumo personal y se tendrá que registrar las plantas ante el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, en el padrón anónimo.

En tanto las personas que por su condición de salud necesiten sembrar más de 20 plantas también tendrán la posibilidad de pedir un permiso ampliado.

La legislación también propone las Cooperativas de Producción, que pueden ser constituidas por dos y hasta 150 socios que podrán producir mariguana únicamente para consumo de los socios y podrán producir hasta 480 gramos al año por cada uno de sus miembros.