© Dani Gago (Podemos vía Europa Press)La ministra de Igualdad, Irene Montero.
España sigue, por tanto, la estela de Holanda y, en aras de la «despatologización», permitirá a los menores que cambien de sexo sin necesidad de que un profesional médico acredite disforia de género. Una situación con escasos precedentes en el continente: tan solo Noruega e Islandia, que permite este cambio a los 15 años, habían legislado en este sentido, pero no son Estados miembros. Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Malta y Portugal regulan la «autodeterminación de género» a partir de los 18 años. Así lo acredita un informe elaborado por la Asociación Internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (ILGA).
La ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la ley trans, ha defendido este miércoles en el Congreso que ella cumple con los preceptos sobre «autodeterminación de género» contenidos en el Tratado de Yogyakarta, lo establecido en esta cuestión por el Consejo de Europa y los principios de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ 2020-2025. Pero también es cierto que los países que siguieron estos preceptos, como Reino Unido, Finlandia y Suecia, ya están reculando al percatarse de efectos indeseados en la legislación y en la salud de la infancia.
Escocia, Reino Unido y Finlandia
Se da la paradoja, de hecho, de que España ha aprobado esta norma un día después de que la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, haya dimitido del cargo que ocupa desde hace más de ocho años, entre otros motivos, por el bloqueo del parlamento británico a su ley trans, que preconizaba el cambio de género para los menores de 16 años, y que había levantado una gran polvareda mediática y política. Sobre todo, después de que un violador fuese enviado a una cárcel de mujeres tras declararse trans.
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Pero, más allá del caso concreto escocés, el conjunto del Reino Unido también puede servir como espejo en el que mirarse. Véase el caso de Keira Bell, de 24 años, que demandó a la clínica británica que llevó a cabo su proceso de cambio de sexo, alegando que solo la vieron en tres ocasiones y que deberían haber cuestionado más su decisión. La justicia británica le dio la razón, pues consideró como poco probable que los menores de 16 años puedan dar su consentimiento y someterse a un tratamiento con bloqueadores de pubertad.
Además, este verano, el país cerró la clínica Tavistock, referente en el tratamiento de cambio de sexo para menores, al considerar que no era «una opción segura». Según el libro Time To Think: The Inside Story of Collapse of the Tavistock's tender Service for Children, de Hannah Barnes, la clínica ignoró pruebas que acreditaban que el 97,5% de los menores que querían cambiar de sexo padecían autismo, depresión u otros problemas que podrían explicar su insatisfacción con su cuerpo.
También Finlandia elaboró el pasado año un nuevo protocolo de tratamiento para los casos de disforia de género en el que se advertía de los efectos psicológicos adversos de los tratamientos hormonales, así como de los daños físicos provocados por los bloqueadores en adolescentes.
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Suecia y el «contagio social»
Suecia fue el primer país (1972) en autorizar el cambio jurídico de sexo, pero ha dado un cambio de rumbo en sus políticas tras comprobar los efectos nocivos de éstas. El Instituto Karolinska de Estocolmo, especializado en transiciones de menores, suspendió el año pasado los tratamientos tras detectar casos de niños que habían desarrollado enfermedades tras recibirlos. El caso más mediático fue el de Leo, una niña que comenzó a recibir bloqueadores de la pubertad -agonistas de la GnRH- con tan solo 11 años y desarrolló osteoporosis y daños vertebrales irreversibles.
Más allá de los efectos indeseados que la hormonación puede tener en los infantes, en Suecia también se ha producido una explosión en el número de casos desde que se aprobó la ley. Así, si hasta 2021, 700 niños y adolescentes se habían sometido a tratamientos hormonales en el país nórdico, entre 2008 y 2018 el número de casos de reasignación de género aumentó en más de un 1.000%.
Estas cifras ya están reproduciéndose en España, que cuenta con distintas leyes trans de raigambre autonómica. Tal y como publicó THE OBJECTIVE, las personas atendidas por las unidades especializadas en el tratamiento de la identidad de género se dispararon más del 10.000% en la Comunidad Valenciana entre 2016 y 2021, o un 7.000% en Cataluña entre 2012 y 2021. Una norma estatal solo abundaría en este fenómeno, que los expertos han bautizado como «contagio social».
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Un concepto que ya ha abrazado hasta Marci Bowers, presidenta de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés). En una entrevista reciente concedida a The New York Times, Bowers admitió que «aunque hay personas en mi comunidad que negarán que haya algún tipo de contagio social», es indudable «la influencia de mis compañeros en algunas de estas decisiones», en referencia al creciente número de niños con disforia de género: «Eso es simplemente no reconocer el comportamiento humano».
El feminismo en España, en armas
Todas estas cuestiones preocupan al movimiento feminista en España, que también denuncia cómo la ley trans generará «inseguridad jurídica» en las mujeres, ya que entrará en conflicto con la Ley Integral de Violencia de Género y con el deporte femenino, aunque también podría derivar en situaciones indeseables en las cárceles y otros espacios. Por eso se concentrarán este jueves a las puertas del Congreso de los Diputados y llenarán el 8M de consignas contra Irene Montero, que ha hecho caso omiso a las advertencias feministas y al ejemplo de otros países europeos.
Comentario: Los problemas indeseados que ha causado en España la llamada ley del "sólo sí es sí" serán irrisorios en comparación con los graves problemas que va a generar esta ley trans, y no podrán decir que no han sido advertidos.