© CopyrightRyan Graves, director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace • David Grusch, exoficial de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y miembro del Grupo de Trabajo FANI • David Fravor, excomandante del escuadrón « Black Aces » de la Armada, prestan juramento en la audiencia titulada « Fenómenos Anómalos No Identificados: implicaciones para la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia gubernamental », celebrada por la Subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores, el 26 de julio de 2023.
Me acerqué al tema de los ovnis con escepticismo. Como la mayoría de la gente, daba por hecho que se trataba principalmente de explicaciones prosaicas mezcladas con un poco de desinformación, y no esperaba encontrar nada real detrás. Estaba equivocado. Sea cual sea su origen último, he descubierto que el tema de los ovnis es un caballo de Troya que encubre problemas terrestres muy reales. No basta con hacer públicos los expedientes ovnis. Hay que subsanar las deficiencias que han permitido que esto ocurra. Esta es la primera parte de una serie de varios capítulos sobre esas deficiencias, que comienza con los denunciantes y las represalias a las que se enfrentaron por dar un paso al frente.
- Parte 1: Los denunciantes.
- Parte 2: La clasificación excesiva.
- Parte 3: La supervisión.
El tema ovni suele descartarse como una teoría de la conspiración. Yo mismo solía llamarlo así. Pero una conspiración y una teoría de la conspiración no son lo mismo.
- Conspiración. Un plan o acuerdo secreto entre dos o más personas para llevar a cabo algo ilegal o perjudicial.
- Teoría de la conspiración. La creencia de que un suceso es fruto de un complot secreto urdido por grupos poderosos, que se mantiene incluso cuando hay otras explicaciones más probables.
Estudios científicos con conclusiones predeterminadas destinados a engañar al público y a influir en las políticas. Malversación de fondos. Operaciones psicológicas dirigidas al público estadounidense. Todo ello por escrito, por parte de los programas que lo llevaron a cabo y de los directores que los dirigían.
Los miembros de ambos partidos que forman parte del grupo de trabajo sobre secretos afirman que no consiguen respuestas claras. El congresista Eric Burlison ha declarado que el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia consideró que algunas de las acusaciones de Grusch coincidían con su versión: que los programas no respetaban la ley, no informaban al Congreso y estaban excesivamente compartimentados. Lo que no pudo determinar fue qué hacían realmente esos programas, ya que «le costó mucho conseguir siquiera que estos programas respondieran».
Entre la espada y la pared
Hay que apoyar, proteger e incluso fomentar activamente a los denunciantes, porque la historia no deja de demostrar que, a veces, son la única advertencia que recibe un país. En 1934, el general de división Smedley Butler (que, a su muerte, era el marine más condecorado de la historia del país) declaró bajo juramento al Congreso que un grupo de acaudalados empresarios había intentado reclutarlo para que dirigiera un ejército privado de veteranos y derrocara al presidente Roosevelt.
Se burlaron de él. El New York Times calificó la historia de «gigantesco engaño». Posteriormente, la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el asunto llegó a una conclusión diferente, al constatar que «no hay duda de que estos intentos se debatieron, se planearon y podrían haberse llevado a cabo cuando y si los financiadores lo hubieran considerado conveniente». Nunca se procesó a nadie. Se planeó un golpe de Estado contra un presidente electo; la única razón por la que lo sabemos es que un general se negó a participar, y la primera reacción del país fue dudar de él y no presentar cargos contra nadie. Si incluso a él se le hizo caso omiso, imagínate el dilema al que se enfrenta un empleado corriente a la hora de decidir si dar un paso al frente.
En diciembre de 2007, el exagente de la CIA John Kiriakou se convirtió en el primer funcionario estadounidense en confirmar oficialmente que la agencia había sometido a sus prisioneros a la técnica del ahogamiento simulado y en calificarla de tortura. Tenía razón, tal y como documentaría posteriormente con detalle la propia investigación del Senado. Pero eso no le protegió. Cuatro años más tarde, el Departamento de Justicia le imputó cargos y, en 2012, se declaró culpable de revelar la identidad de un agente encubierto. Cumplió casi dos años en una prisión federal y sigue siendo la única persona relacionada con el programa de tortura de la CIA que ha pasado un solo día entre rejas, castigada no por la tortura, sino por hablar de ella. Gina Haspel, que había dirigido uno de los centros secretos, fue nombrada directora de la CIA en 2018.
Como escribió Kiriakou ese año:
«Mientras yo fui a la cárcel por revelar el programa de tortura, Haspel está a punto de recibir un ascenso a pesar de su relación con él».En una denuncia presentada en junio de 2024 ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, una mujer que utilizaba el seudónimo de Daniella Sparks alegó que la propia Unidad de Gestión de Amenazas y la Oficina del Asesor Jurídico de la CIA:
«nos ordenaron repetidamente, a mí y a las demás víctimas, que hiciéramos declaraciones falsas a las fuerzas del orden y nos informaron de que, si nos relacionábamos con la CIA de cualquier manera, seríamos culpables de malversación de información clasificada».En otras palabras, los propios abogados de la agencia supuestamente advirtieron a las víctimas de agresiones que decir la verdad a la policía las convertiría en delincuentes.
Mucho antes de que se presentara esa denuncia, una becaria de la CIA llamada Rachel Cuda ya había vivido esa situación. Hizo lo que se supone que debe hacer una víctima: se dispuso a denunciar su agresión. El FBI es una agencia federal y cuenta con autorizaciones de seguridad. Se supone incluso que la propia oficina de seguridad de la CIA debe tener a un agente del FBI destinado allí precisamente para casos como el suyo. Según su relato, la Agencia se negó a facilitarle ese contacto y, en su lugar, le proporcionó el número de teléfono público y accesible del FBI. En su demanda afirma que le dijeron que no podía revelar su afiliación a la CIA, ni la de su agresor, a ninguna autoridad policial sin el permiso previo de la Agencia. Afirma que se le ordenó no hablar de la agresión con nadie y se le advirtió de que hacerlo «podría infringir la ley federal». Cuando la CIA finalmente accedió a que pudiera facilitar el nombre de su agresor a la policía local, en diciembre de 2022 lo comunicó al FBI y a la policía del condado de Fairfax, y tres días después, según su relato, la Oficina del Asesor Jurídico de la Agencia le comunicó que había gestionado indebidamente información clasificada. No fue la única. Según un estudio de 2025 publicado en la revista Yale Law & Policy Review, la Agencia acusó a varias víctimas de manejar indebidamente información clasificada por presentar precisamente los informes que ella misma había autorizado.
Se suponía que una nueva ley pondría fin a la confusión, pero no fue así. Nueve meses después de su aprobación, en una reunión interna de la CIA de la que informó la CNN, la directora de operaciones de la agencia, Maura Burns, admitió que los agentes seguían sin tener claro cómo denunciar un delito sin infringir las normas sobre información clasificada. «Todavía hay ciertas dudas y reservas al respecto», afirmó. La clasificación excesiva es un problema en sí mismo, y lo abordaré en la segunda parte.
«Los muertos no cuentan historias»
Desde que existe este tema, también lo han hecho los rumores de intimidación, violencia e incluso asesinato. En la audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes celebrada en julio de 2023, el diputado Tim Burchett preguntó sin rodeos a David Grusch si sabía de alguien que hubiera sido asesinado para proteger el secreto. Grusch respondió que debía tener cuidado con lo que decía y que había remitido a las personas con ese conocimiento a las autoridades competentes.
Lue Elizondo es más conocido públicamente por el AATIP, pero su labor más trascendental se desarrolló en otro ámbito, como director del Equipo de Gestión Especial de Programas Nacionales, dentro de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia. En el documental La era de la divulgación, fue más allá de los rumores. Afirmó que el Gobierno ya ha matado a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso. «No se hace muy a menudo», dijo, «pero podemos hacerlo».
Vale la pena detenerse en esa frase, «sin el debido proceso», porque marca toda la diferencia entre una muerte legal y un asesinato. La Quinta Enmienda establece que el Estado no puede privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. El debido proceso es lo que el Estado te debe antes de poder privarte de esas cosas: una acusación, una vista, un juez, la oportunidad de defenderte. Si se te priva de ello, la muerte carece de justificación legal, y una muerte deliberada sin justificación suele considerarse asesinato. Ni una placa ni una autorización cambian eso. Un funcionario que mata a un ciudadano al margen de la ley puede ser acusado de asesinato como cualquier otra persona, aunque ese momento de rendir cuentas casi nunca llegue.
El miedo aparece incluso en los relatos de personas que nunca fueron figuras públicas. Kirk McConnell trabajó durante treinta y siete años como miembro del personal del Congreso en la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado y en ambas comisiones de inteligencia, uno de los institucionalistas más sensatos que puede atraer este tema. Cuando se le preguntó qué le había convencido de que las denuncias eran ciertas, no señaló ninguna revelación concreta, sino solo «múltiples momentos», entre ellos «escuchar a un testigo o fuente en particular que temblaba visiblemente ante la perspectiva de revelar» aquello a lo que había estado expuesto. «Vuelves a casa», dijo, «y no sabes qué hacer contigo mismo».
El propio escéptico del Gobierno percibió ese mismo miedo. Sean Kirkpatrick, el primer director de la AARO, señaló que sus propios investigadores se encontraron con un exoficial de la Fuerza Aérea visiblemente aterrorizado, que relataba cómo le habían puesto al corriente de un programa secreto llamado «Yankee Blue» y le habían advertido de que, si alguna vez hablaba de ello, podría ser «encarcelado o ejecutado».
Parte del motivo por el que llevé a cabo esta investigación y escribí Lies Above es precisamente este. En los podcasts, denunciantes y antiguos funcionarios que describen estas represalias pueden, en algunos casos, parecer paranoicos desde fuera, o como si estuvieran exagerando para parecer más creíbles. Tras conocer a algunos de ellos en persona, ver los resultados de los allanamientos y la vigilancia, y escuchar otros relatos privados, ya no dudo de que esto está ocurriendo.
Todos están de acuerdo. Nada cambia
La protección de los denunciantes es uno de los pocos temas en los que ambos partidos están realmente de acuerdo. Y, aun así, nunca se lleva a cabo. No voy a fingir que conozco la solución perfecta, pero, al observar a los grupos de defensa de los denunciantes, parece que hay algunas propuestas sencillas y de sentido común.
El Proyecto para la Supervisión del Gobierno, un organismo de control no partidista que testificó ante el grupo de trabajo de la Cámara de Representantes que ahora se ocupa de la desclasificación y los FANI, ha establecido seis medidas para el Congreso:
- Proporcionar a los denunciantes de los servicios de inteligencia y del ejército un organismo independiente al que puedan acudir, con jueces independientes que puedan ordenar medidas de protección cuando alguien sea sancionado por dar un paso al frente.
- Anular la sentencia Navy contra Egan, de 1988, que permite a una agencia retirar una habilitación de seguridad y poner fin a una carrera profesional sin prácticamente ningún control externo.
- Exigir al Pentágono la misma carga de la prueba que a cualquier organismo civil.
- Permitir que un denunciante presente una demanda por represalias ante un tribunal, con un jurado.
- Cerrar la laguna jurídica que priva de estas protecciones a los contratistas de los servicios de inteligencia.
- Otorgar a las oficinas de supervisión encargadas de velar por todo esto una independencia real, y dotarlas de responsables que no puedan ser despedidos por cumplir con su trabajo.
Si el Gobierno decide no llevar adelante el caso, la responsabilidad recae sobre el denunciante, a menudo después de que ya haya perdido su trabajo por haber dado un paso al frente. En realidad, el porcentaje aumenta, situándose entre el 25 y el 30 por ciento, pero ahora es el denunciante quien financia y lleva adelante el caso en solitario. Los costes que conllevan los procesos judiciales pueden alcanzar cifras de seis dígitos, especialmente si tienen que llegar a los tribunales. El coste y el estrés por sí solos bastan para disuadir a la mayoría de los denunciantes.
Para colmo, los hechos que habría que incluir en una denuncia son los mismos por los que a menudo se amenaza a los denunciantes con procesarlos por revelarlos. Esa era la situación en la que se encontraba John Kiriakou. Fue a la cárcel por denunciar irregularidades. Una resolución que pone fin a un caso de fraude (y a la única oportunidad que tiene alguien de obtener reparación) debería, como mínimo, ir acompañada de una motivación que le permita recurrir.
En la única encuesta nacional en la que se planteó la cuestión directamente, el 86 % de los estadounidenses se mostró a favor de reforzar las protecciones legales para los denunciantes federales, incluido el 78 % de los republicanos y el 94 % de los demócratas. A pesar de ello, la medida sigue sin llevarse a cabo. Una de las seis medidas correctoras, que consistía en cerrar la laguna jurídica relativa a los contratistas, fue aprobada por unanimidad en el Senado y luego quedó estancada en la Cámara de Representantes.
Un llamamiento al cambio
Las personas que aparecen en este artículo no son para mí meras abstracciones. Me he sentado frente a algunas de ellas, y las reformas que las habrían protegido no están estancadas porque alguien se oponga a ellas. Están estancadas porque el Congreso no siente suficiente presión para actuar.
Tú puedes ser esa presión. Busca a tu diputado y a tus dos senadores, y diles que aprueben estas medidas de protección, empezando por la enmienda sobre los contratistas que ya ha pasado por el Senado y está pendiente en la Cámara de Representantes. Solo te llevará cinco minutos, y un número suficiente de personas como tú es lo único que ha logrado hasta ahora que se apruebe un proyecto de ley que todo el mundo dice apoyar.
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