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La relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de abogados y jueces, Gabriela Knaul, ha pedido al Gobierno argentino que reconsidere su proyecto de reforma de la Justicia porque, en su opinión, "compromete seriamente los principios de separación de poderes".

Argentina ha debatido, por iniciativa del Gobierno de Cristina Fernández, cambios en el nombramiento de los miembros del Consejo de la Magistratura y una nueva regulación para las medidas cautelares, cuestiones controvertidas a ojos de la ONU.

La Cámara de Diputados aprobó este mes ambos proyectos y, precisamente este martes, el Gobierno ha promulgado este martes la normativa que limita la aplicación de medidas cautelares. El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura depende todavía de que el Senado revise las modificaciones introducidas en la Cámara Baja.

Knaul ha recordado en un comunicado que "el Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura" y cumplir "los estándares internacionales".

"Al otorgar la posibilidad a los partidos políticos de proponer y organizar las elecciones de los consejeros, se pone en riesgo la independencia de los miembros del Consejo de la Magistratura", ha advertido la relatora, para quien esta fórmula de designación de los jueces "compromete seriamente los principios de separación de poderes y la independencia del Poder Judicial".

Knaul ha subrayado que el hecho de que los partidos propongan candidatos y organicen elecciones contradice el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.

Asimismo, la relatora de la ONU ha reclamado a las autoridades argentinas que establezcan "procedimientos claros" y "criterios objetivos" para la destitución o el castigo de jueces, así como que éstos dispongan de un "recurso efectivo" para impugnar dichas decisiones.

Medidas cautelares

Respecto a la reforma de las medidas cautelares, Knaul ha recalcado que su uso y el periodo de vigencia "no pueden ser restringidos", ya que, de lo contrario, "el acceso a la justicia no se encuentra plenamente garantizado".

"Las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes", ha alertado la relatora.