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Trabajadores públicos paraguayos queman un cartel con la imagen del presidente Horacio Cartes durante una protesta contra una ley de alianza público-privada, el 28 de octubre de 2013 en Asunción.

El Congreso paraguayo aprobó el lunes una polémica ley apoyada por el Gobierno que autoriza la asociación del Estado con privados para impulsar inversiones, en medio de protestas de sindicatos y grupos sociales que temen abra camino a las privatizaciones.

La ley es una pieza clave en los planes del presidente conservador Horacio Cartes, que la considera una herramienta necesaria para estimular el crecimiento económico, atraer inversiones, generar empleo y mejorar la conectividad del pequeño país mediterráneo.

Pero es resistida por sindicatos y grupos campesinos que salieron masivamente a las calles para denunciar que Cartes, un acaudalado empresario de derecha, quiere enajenar los bienes del Estado en una nación con un historial de privatizaciones fracasadas.

Poco después de que la ley fuera sancionada, la policía reprimió con balas de goma y gases a un grupo de manifestantes en las cercanías de la sede del Congreso en Asunción.

"Empezaron a dispararnos, dispersaron a las personas y empezó la atropellada de la policía montada. Esta es la respuesta a los que tienen otra postura sobre el proyecto", dijo el líder sindical Eduardo Ojeda, a la emisora Ñanduti.

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a asociarse con particulares para impulsar obras de infraestructura o prestar servicios en las áreas de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía, logística y telecomunicaciones, bajo una diversidad de figuras contractuales.

El Gobierno cree que el país, un productor de materias primas con una economía de 26.000 millones de dólares, necesita inversiones por unos 2.500 millones anuales los próximos cinco años para apuntalar el desarrollo y reducir la pobreza que afecta a casi un 40 por ciento de la población.

En una entrevista reciente con Reuters, Cartes dijo que firmas como la gigante brasileña de la construcción Odebrecht quieren desembarcar en Paraguay una vez aprobada la norma, que daría más garantías y confianza a los inversores.

"La ley habilita al capital privado invertir allí donde el Estado no llega, donde no tiene presencia. Esto implica la posibilidad de impulsar obras en un país que está rezagado 10 años en términos de infraestructura pública", dijo en la sesión el diputado oficialista José María Ibáñez.

"SAQUEO LEGALIZADO"

Los detractores del proyecto denuncian que da amplias facultades al presidente, sin contemplar controles de parte del Congreso o de organismos como la dirección de Contrataciones Públicas, ni sanciones para los inversores que incumplan los contratos.

El Estado paraguayo, que tiene unos 260.000 empleados, es el único proveedor de los servicios de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado y telefonía fija. Además es propietario de una petrolera y una cementera que proveen a casi la totalidad del mercado local.

Cientos de manifestantes marcharon por las calles de Asunción quemando cubiertas y haciendo explotar petardos, y se congregaron luego frente al Congreso para repudiar la iniciativa. Otras movilizaciones se registraron en ciudades del interior del país.

"Hay ejemplos exitosos en otros países y también terribles. Esto no es otra cosa que un saqueo legalizado porque las empresas no correrán ningún riesgo y las pérdidas caerán sobre los hombros del pueblo", dijo el activista Mario Casartelli.

Cartes dice estar en contra de las privatizaciones y aseguró que ofrecería su cabeza en una plaza pública si llegase a vender "un ladrillo" de los bienes del Estado.

"¿Para qué vamos a vender ladrillos si podemos vender cemento, petróleo y agua el día de mañana que es más rentable?", respondió el diputado Antonio Buzarquis, del opositor Partido Liberal.

Paraguay inició hace una década un proceso para privatizar tres empresas estatales que fue suspendido por sospechas de corrupción. Otras privatizaciones que concluyeron a finales de la década de 1990 resultaron un fracaso para el Estado.