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El mandatario prometió que los servicios de inteligencia cesarán de controlar las comunicaciones de líderes de los países aliados, aunque aclaró que habrá excepciones en casos de emergencias.
Durante un discurso en el Departamento de Justicia en esta capital, el gobernante emitió una directiva con nuevas reglas para las controversiales prácticas de vigilancia de la NSA, denunciadas en 2013 por el excontratista Edward Snowden, refugiado actualmente en Rusia.
El mandatario señaló que "hemos dejado claro a la comunidad de inteligencia que, a menos que haya un urgente propósito de seguridad nacional, no vamos a monitorear las comunicaciones de jefes de estado y de gobierno de nuestros amigos y aliados más próximos".
La canciller alemana, Ángela Merkel, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, así como otros altos dignatarios foráneos, denunciaron recientemente que el gobierno norteamericano espió sus sistemas electrónicos.
En su intervención de este viernes Obama prometió poner fin al almacenamiento masivo de datos telefónicos obtenidos por la NSA a través del control que ejerce prácticamente sobre todas las llamadas que realizan los estadounidenses, motivo de constantes denuncias de grupos de defensa de los derechos civiles.
Añadió que el Fiscal General, en coordinación con el Congreso y los jefes de todas las agencias de inteligencia, dirigirá la implementación de un método alternativo de guardar esa información, y le presentará un informe sobre el tema en un plazo de 60 días.
Sin embargo, Obama dijo que las agencias policíacas y de espionaje mantendrán en sus manos "los instrumentos que necesitan para garantizar la seguridad de Estados Unidos", y pidió a sus conciudadanos mayor confianza en que sus derechos serán bien protegidos.
Una encuesta publicada este viernes por la firma Anzalone Liszt Grove Research mostró que 59 por ciento de los estadounidenses se oponen a mantener sin cambios la recolección generalizada de datos por la NSA.
Alrededor de 57 por ciento de los consultados dijeron no confíar en la capacidad del gobierno para prevenir los abusos de esa agencia al acceder a los registros telefónicos.
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