El presidente de Argentina eliminó las restricciones que el Gobierno anterior impuso sobre las tierras y autorizó la venta de campos a extranjeros.
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Fiel a la derecha latinoamericana Macri vende barata la patria a intereses extranjeros
A través de un decreto, Mauricio Macri modificó el viernes la Ley de Tierras Rurales que aprobó el Congreso en diciembre de 2011 con el fin de limitar la propiedad extranjera y proteger las tierras rurales en Argentina.

La nueva norma ha eliminado las restricciones que había para los extranjeros que quisieran adquirir más de mil hectáreas en una zona agropecuaria - delimitada en el norte Buenos Aires, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe - o su "equivalente" en varias localidades.

En virtud de esta modificación, un titular extranjero es quien posee "más del 51 por ciento del capital social de una persona jurídica".

El Gobierno ha ordenado a las provincias que determinen durante los próximos 30 días los límites de hectáreas en cada distrito y asegura que si no lo hacen, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales "fijará las equivalencias".

Según precisa el Gobierno las tierras que se encuentren en Zona Industrial, Área Industrial o Parque Industrial no suponen ningún tipo de restricciones, muy contrario de lo que la antigua normativa había establecido para las zonas industriales que tenían un límite del 15 por ciento del territorio nacional, provincial o municipal.

Dicha ley indicaba que "en ningún caso personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30) del porcentual asignado a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales".

Cabe recordar que Macri aplicó durante el primer semestre de su Gobierno políticas drásticas que acentuaron la pobreza y provocaron una crisis que se traduce en el cierre de negocios y en medidas de austeridad para los ciudadanos.

Su política de despidos masivos dejó a más de 150 mil personas sin sus fuentes de trabajo tanto en el sector público como en el privado. A ello se le sumó el "tarifazo", es decir, aumentos de hasta el 500 por ciento en los servicios públicos como luz, agua y gas, así como de los servicios de transporte.