Esta semana se han aprobado leyes que afectan a las mujeres. La ley del aborto y la ley de protección de las personas transexuales. Concretamente, esta última establece unas medidas que atentan contra la libertad de opinión y de expresión. Una cuestión muy peligrosa, sobre todo cuando de la salud de nuestros hijos se trata, puesto que considera, entre otras cuestiones, que intentar abordar una situación familiar desde la duda razonable, intentando buscar respuestas desde el ámbito médico, podría considerarse una discriminación de la persona trans, al tratarla como si estuviera enferma.
Irene Montero spain
© Edu Botella / Europa Press / Gettyimages.ru
La denuncia, realizada por organizaciones médicas y feministas, me parece más que necesaria. Y entre todas las voces, una que me ha sorprendido y que quiero poner en valor: la de Sandra Mercado, una persona valiente que ha explicado lo que se esconde detrás de la reafirmación como postura unitaria desde el Gobierno: el beneficio de las industrias farmacéuticas. Y es que, precisamente, el beneficio de la industria farmacéutica suele coincidir con la postura del Ministerio de Igualdad: el clamoroso silencio ante el caso de las mujeres afectadas por el tratamiento Agreal (para tratar los efectos de la menopausia), o ahora con el dispositivo Essure (para evitar embarazos), es muy decepcionante. Son cientos, miles de mujeres afectadas por tratamientos de cuyos riesgos nadie les había informado, a pesar de que en otros países ya se conocía lo que podría suceder.


El Tribunal Constitucional estudia ahora si el caso Agreal ha vulnerado los derechos fundamentales de las mujeres. Y las afectadas por Essure han denunciado a la farmacéutica Bayer y a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por haber ocultado información relevante a la hora de recomendar el producto. A muchas de ellas, cuando han acudido al médico ante su malestar y problemas de salud, les han tratado como si estuvieran "locas", en palabras de su abogado, del Despacho Almodóvar y Jara. Ahora, cuando el medicamento y el dispositivo han sido retirados de la circulación en España, exigen respuestas y responsabilidad. Pero el Ministerio de Igualdad calla.