Gloria Taylor, canadiense, tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Durante unos años sus músculos se debilitarán hasta que ya no pueda caminar, utilizar las manos, masticar, tragar, hablar y, al final, respirar. Entonces morirá.

Taylor no quiere pasar por todo eso.

Quiere morir en el momento que elija ella misma.

El suicido no es delito en Canadá, por lo que, como dice Taylor: "Sencillamente, no puedo entender por qué a quienes pueden mover su cuerpo y padecen una enfermedad terminal la ley les permite dispararse cuando ya no pueden soportar más su situación, porque pueden sostener y apuntar una pistola. Pero, como mi enfermedad afecta a mi capacidad para mover y controlar mi cuerpo, no se me puede permitir recibir ayuda compasiva para que pueda cometer un acto equivalente utilizando una medicación letal".

Taylor considera que la ley le ofrece una alternativa cruel: o bien poner fin a su vida cuando aún puede disfrutarla, pero tiene capacidad para matarse, o renunciar al derecho que otros tienen a poner fin a su vida cuando decidan hacerlo.

Acudió a los tribunales, con el argumento de que las disposiciones del Código Penal que le impiden recibir asistencia para morir están en contradicción con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que concede a los canadienses los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal y la igualdad.

La vista del tribunal fue notable por la minuciosidad con la que la juez Lynn Smith examinó las cuestiones éticas que se le habían planteado. Recibió dictámenes periciales de figuras destacadas sobre los dos aspectos de la cuestión, no sólo canadienses, sino también expertos de Australia, Bélgica, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, cuyos conocimientos técnicos abarcaban la medicina general, los cuidados paliativos, la neurología, los estudios sobre discapacidades, la gerontología, la psiquiatría, la psicología, el derecho, la filosofía y la bioética.

Muchos de ellos fueron interrogados en el tribunal. Junto con el derecho de Taylor a morir, se examinaron detenidamente los debates celebrados durante decenios sobre la asistencia para morir.

El mes pasado, Smith dictó sentencia. El caso podría servir de libro de texto sobre los datos, la legislación y la ética de la asistencia para morir.

Por ejemplo, se ha debatido mucho la diferencia entre la práctica aceptada de retirar el apoyo vital o cualquier otro tratamiento, sabiendo que es probable que el paciente muera sin él, y la práctica impugnada de ayudar activamente a un paciente a morir.

Según la sentencia de Smith, "una distinción ética nítida resulta escurridiza" y la opinión de que no existe semejante distinción ética es "convincente". Examina y acepta un argumento propuesto por Wayne Sumner, distinguido filósofo canadiense: si las circunstancias del paciente son tales que el suicido resultaría éticamente permisible, en caso de que el paciente pudiera cometerlo, en ese caso también es éticamente permisible que el médico facilite el medio para que el paciente lo haga.

Smith tuvo que juzgar también si había consideraciones de política pública que se opusieran a la legalización de la asistencia médica para morir. Su decisión se centra principalmente en el riesgo de que se presione a personas vulnerables - por ejemplo, los mayores o quienes tengan discapacidades - para que acepten la asistencia para morir cuando no la deseen de verdad.

Finalmente, Smith declaró que las disposiciones del Código Penal que impiden la asistencia médica para morir violan el derecho de las personas discapacitadas no sólo a la igualdad, sino también a la vida, la libertad y la seguridad . Así abrió la vía a la asistencia médica para morir a cualquier persona adulta capacitada y grave e irremediablemente enferma, en condiciones no demasiado diferentes de las que se aplican en otras jurisdicciones en las que dicha asistencia es legal.

La decisión será recurrida casi con seguridad y parece probable que el resultado final dependerá de las interpretaciones que de la legislación canadiense hagan los jueces de apelación. Pero es probable que el veredicto de Smith sobre la ética de la asistencia para morir esté vigente en el futuro.