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La justicia francesa ha abierto una investigación preliminar sobre el anterior primer ministro, el conservador François Fillon, y sobre otros miembros de sus gobiernos entre 2007 y 2012 por haber encargado sondeos sin respetar las reglas de las licitaciones públicas.

El diario 'Le Parisien' revela este domingo que la Fiscalía de París emprendió esta investigación el pasado 11 de octubre por los cargos de "favoritismo" y "malversación de fondos públicos".

En el origen de este procedimiento está una denuncia de la asociación contra la corrupción Anticor, que se valió de un informe del Tribunal de Cuentas de 2011 referido a los gastos en comunicación del Gobierno de Fillon, que fue primer ministro durante todo el mandato del ex presidente francés Nicolas Sarkozy.

El Tribunal de Cuentas ponía en evidencia que los servicios del primer ministro habían establecido contratos, entre mayo de 2008 y julio de 2011 con la compañía Giacometti-Péron sin haberla puesto en competencia con otras del sector y sin haber dado publicidad a esos encargos.

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas decidió no transmitir esa información a la justicia.

Precisamente, Fillon considera que con la noticia de las pesquisas que le conciernen "no hay nada nuevo", en declaraciones a "Europe 1" y "iTélé".

El anterior jefe del Ejecutivo se remitió a las conclusiones del Tribunal de Cuentas e insistió en que mientras ocupó ese puesto "todos los sondeos los encargó el servicio de comunicación del Gobierno" mediante licitaciones y "sin ninguna intervención por mi parte".

Otros investigados

De acuerdo con 'Le Parisien' también están siendo investigados la que fuera ministra de Justicia Rachida Dati y el extitular de Ecología Jean-Louis Borloo.

La primera por haber encargado dos sondeos en 2007 sobre su imagen entre los franceses y entre los medios de comunicación, por más de 60.000 euros, y el segundo por otra encuesta sobre su popularidad por 23.920 euros.

En la denuncia de Anticor también se hace alusión a lo que considera diversas irregularidades en atribuciones de contratos de estudios de los ministerios de Educación, Cultura, Inmigración o Defensa.

La justicia francesa también investiga la regularidad de sondeos encargados por el Elíseo durante el mandato de Sarkozy por nueve millones de euros. En ese caso, las sospechas se centran en el que fuera consejero del exjefe del Estado Patrick Buisson.