El Parlamento iraquí ha exigido este lunes el envío de tropas a las zonas de Irak en disputa con los kurdos.
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Fuerzas iraquíes avanzan en Hawija contra los terroristas de Daesh, 23 de septiembre de 2017
La petición dirigida al primer ministro y a la vez jefe de las Fuerzas Armadas de Irak, Haidar al-Abadi, pide el despliegue de fuerzas de seguridad en las zonas disputadas con la región del Kurdistán, así como el cierre de los pasos terrestres con esta provincia.

La solicitud que han aprobado los parlamentarios incluye además una serie de medidas en respuesta al referéndum separatista del Kurdistán iraquí que se celebra esta jornada a pesar del rechazo de Bagdad, países de la región y la comunidad internacional.

"El Parlamento exige que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (Haidar al-Abadi) despliegue fuerzas en todas las zonas bajo el control de la región autónoma de Kurdistán desde 2003", establece la resolución parlamentaria que, constitucionalmente, el Gobierno está obligado a acatar.

Las zonas de Irak en disputa con los kurdos iraquíes, son las que controlan desde la invasión del país por Estados Unidos y la caída del dictador Saddam Husein. Se sitúan fuera de las tres provincias del norte de Irak que forman parte de la región autónoma de Kurdistán; se trata de la rica provincia petrolera de Kirkuk y algunas zonas de Nínive (norte), Diyala y Salah al-Din (al norte de Bagdad).

La mayoría de estas zonas fueron tomadas por los combatientes kurdos (Peshmerga) en 2014, aprovechando el caos causado por la ofensiva del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe).

El Gobierno iraquí, que sostiene que el voto separatista pondrá en peligro la integridad territorial de Irak, advirtió la semana pasada que intervendrá militarmente si el referendo del Kurdistán iraquí desencadena violencia.

Este domingo la oficina del primer ministro pidió a los gobiernos extranjeros no comprar petróleo de Kurdistán y pidió a las autoridades de la región la entrega de los aeropuertos y controles fronterizos en respuesta al referéndum separatista que el Gobierno considera inconstitucional.