Las señales no pueden ser más claras. Además de la serie de órdenes ejecutivas, claramente compuestas por miembros del comité ejecutivo y destinadas a congraciarse y ampliar la base del Partido Demócrata o a extender el poder federal, los demócratas han iniciado un creciente cuerpo de leyes que, de ser aprobadas, asegurarían un gobierno unipartidista para el futuro inmediato.
Entre ellas se encuentra especialmente la H.R. 1, o Ley para el Pueblo, aprobada por la Cámara. Si se aprueba en el Senado (con la eliminación del obstruccionismo), la H.R.-1 favorecería enormemente a los candidatos demócratas en las elecciones federales. A pesar de la expansión de la base demócrata a través de varios medios, incluyendo la anulación de las leyes de identificación de votantes existentes en muchos estados y el mandato de que todos los estados permitan el voto por correo sin identificación, centralizaría aún más la supervisión electoral federal y, según el Instituto para la Libertad de Expresión, "[e]xpandiría el universo de la expresión política regulada en línea (por los estadounidenses) más allá de la publicidad pagada para incluir, aparentemente, las comunicaciones en los sitios web de grupos o individuos y los mensajes de correo electrónico".
Las maniobras legislativas incluyen la "Ley Judicial de 2021", que simplemente ampliaría la Corte Suprema a doce miembros más el presidente del tribunal. Esta medida, que equivaldría a añadir cuatro magistrados aprobados por los demócratas, supondría esencialmente una toma de posesión legislativa de la Corte Suprema, ya que la misma controlada por los demócratas "legislaría desde el banquillo" cada vez más y ampliaría igualmente el poder de los poderes legislativo y ejecutivo controlados por los demócratas más allá de los límites oficiales. Las probabilidades de que se apruebe, tal y como está, son escasas, pero la propuesta es indicativa de un intento de acaparamiento de poder que no se ha visto desde Franklin D. Roosevelt.
Pero el signo más conspicuo de la inminente consolidación del gobierno totalitario es la fusión efectiva de los funcionarios corporativos y estatales, con corporaciones y otras organizaciones que actúan como apéndices del gobierno y hacen cumplir los deseos corporativo-estatales. Los indicios de esta fusión son tan numerosos y variados que cualquier recuento exhaustivo de los mismos requeriría el tratamiento de un libro.
Pero tomemos, por ejemplo, los llamamientos de la congresista Maxine Watters (D-CA) para que los "manifestantes" "se vuelvan más conflictivos" si el veredicto de Derrick Chauvin es inaceptable. Teniendo en cuenta los disturbios generalizados desde la muerte de George Floyd, el lenguaje de Watters es un llamamiento a la insurrección a nivel nacional. Sin embargo, este lenguaje cuenta con la aprobación del complejo corporativo-gubernamental más los medios de comunicación, a pesar de la insistencia de la izquierda en que Trump había hecho precisamente eso antes de la violación del Capitolio. Los libertarios deberían tomar nota del doble rasero, no como un signo de la continua disminución del Partido Republicano, sino de un doble lenguaje característico de los regímenes totalitarios.
El ejemplo más conspicuo de una fusión corporativo-estatal es la extensión del poder gubernamental a las corporaciones y otras organizaciones con las medidas de respuesta a la crisis por Covid, que ahora han superado los cierres y el enmascaramiento para incluir la emisión de pasaportes de vacunas que las corporaciones y otras organizaciones pueden aplicar o ya están aplicando. La mejor esperanza para resistir estas medidas totalitarias es la negativa por parte de los gobiernos estatales y locales a permitir tales implementaciones corporativas de los dictados gubernamentales.
El viejo argumento de que "se trata de empresas privadas" no se sostiene, porque obviamente estas entidades corporativas han sido incorporadas como aparatos estatales. La Operación Warp Speed fue puesta en marcha por el gobierno federal y ha reclutado a organizaciones privadas (en primer lugar a las grandes farmacéuticas) para ejecutarla. El Estado ha permitido que las grandes farmacéuticas se beneficien enormemente al instituir un régimen de estado de emergencia que en Estados Unidos hace que las vacunas no aprobadas por la FDA sean legales. Por otra parte, las grandes farmacéuticas (junto con la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas) legitiman el régimen de estado de emergencia, que a su vez aumenta el poder del Estado.
La implicación de las corporaciones en el plan de vacunación de la población y la exigencia de dichas vacunas para la participación social no debe considerarse en términos de prerrogativas de las organizaciones privadas, sino como parte de las incursiones del Estado en la industria privada. Lo que estamos presenciando, y a lo que deberíamos resistirnos, es una fusión en un complejo corporativo-gubernamental, en el que el gobierno puede eludir el poder legislativo e imponer mandatos impopulares mediante la colusión con corporaciones y otras organizaciones para hacer "política".
Tal vez el elemento más atroz de este estrangulamiento corporativo-estatal sobre la población es la participación de los grandes digitales y los principales medios de comunicación. Los conglomerados de grandes digitales eliminan los medios de comunicación y las voces que desafían la narrativa oficial de la Covid, incluyendo la información sobre confinamientos, mascarillas y vacunas, aunque la narrativa oficial no sólo ha cambiado a voluntad, sino que también se ha demostrado que es objetivamente incorrecta, así como socialmente devastadora. Las grandes empresas digitales y los medios de comunicación están al servicio del Estado y de las grandes empresas farmacéuticas, eliminando las opiniones contrarias en relación con los cierres, las mascarillas y las vacunas, e impulsando una propaganda que induce al miedo sobre el virus y sus variantes en constante proliferación.
Como he escrito en Archipiélago Google, los grandes digitales deben ser considerados como agentes de un estado autoritario de izquierda, como una "gubernamentalidad" o aparato estatal que funciona en nombre y como parte del propio estado. "Gubernamentalidad" es un término que debería ser bien conocido en los próximos días y semanas. He adoptado el término de Michel Foucault y lo he modificado para referirme a las empresas y otros actores no estatales que asumen activamente funciones estatales. Estos actores harán esto en masa con los pasaportes de vacunas, lo que aumentará enormemente el poder estatal bajo una alianza entre el Estado y las corporaciones.
Del mismo modo, otras grandes corporaciones desempeñan funciones sancionadas por el Estado haciéndose eco e imponiendo ideologías, politiqueos y políticas aprobadas por el Estado: adoctrinando a los empleados, emitiendo anuncios de ofendiditos, vigilando las opiniones de los trabajadores, despidiendo a los disidentes y exigiendo pronto pasaportes de vacunas a los empleados y clientes.
La tendencia general, por tanto, es hacia la monopolización corporativo-estatal de todos los aspectos de la vida, con un control cada vez mayor por parte de los directores aprobados sobre la información y la opinión, la producción económica y la esfera política. A medida que la consolidación se acelera, el amplio estado global requerirá la eliminación de los actores económicos y políticos no conformes, desafectos y "poco fiables". En Estados Unidos, con la eliminación de la oposición política, la tendencia es hacia el gobierno unipartidista, y con él, la fusión del partido y el Estado en un órgano singular.
Michael Rectenwald es autor de once libros, entre ellos Pensamiento criminal (Thought Criminal), Más allá de los ofendiditos (Beyond Woke), Archipiélago Google (Google Archipelago) y La primavera de los copos de nieve (Springtime for Snowflakes).
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