Jueces y fiscales anuncian tres días de huelga en julio. Antes, el sábado 28 de junio, se concentrarán frente al Tribunal Supremo para intentar que el Gobierno retire las dos reformas que impulsa, la de acceso a las carreras y el cambio de modelo del Ministerio Público.
Jueces y fiscales concentrados ante el TSJA
© Pepe Torres /EFEJueces y fiscales concentrados ante el TSJA durante el paro del pasado 11 de junio. |
Las asociaciones profesionales han anunciado las medidas este martes, tras someter a consulta la decisión. El apoyo de los afiliados superó el 80% en las consultas internas. Los togados ya amenazaron con esta fórmula tras los paros simbólicos que realizaron el pasado 11 de junio en todas las sedes judiciales de España. Entonces, el seguimiento fue cercano al 70%. Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños confirman que continuarán con la tramitación parlamentaria. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han notificado las movilizaciones en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. «No puede ser de otra formar por parte de quienes somos actores principales dentro de un Estado de Derecho», insiste la nota, que apela a los estándares de un modelo europeo de convivencia.

La primera medida tendrá lugar el 28 de junio a mediodía: una concentración frente el Supremo. Se trata de un emplazamiento simbólico que busca «exteriorizar la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía». Las asociaciones subrayan que el Alto tribunal es el lugar donde los opositores aprueba sus exámenes, por lo que representa «la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad».

Las reformas de Bolaños

Los convocantes explican que la protesta está abierta «a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una Justicia independiente y al servicio del interés general». Si la movilización no da resultados, las asociaciones han elaborado un calendario de huelgas desde el 1 al 3 de julio, ambos días inclusive. De no producirse la rectificación del Gobierno, insisten, la medida se prolongará de forma «proporcionada».

Las organizaciones tienen previsto reunirse en los próximos días con los principales grupos parlamentarios. El primero, este mismo martes, el PSOE. Tras el éxito del paro del 11 de junio, que tuvo un respaldo cercano al 70%, las asociaciones convocantes, cinco de las siete que existen, constituyeron un Comité de Huelga integrado por representantes de todas las organizaciones para coordinar la respuesta si el Gobierno no daba marcha atrás en sus intenciones. El Ejecutivo mantiene el plan inicial y espera que las reformas se aprueben este mismo verano.

Tras el éxito de la convocatoria, las asociaciones consultaron a sus afiliados si deberían ir a la huelga, como llegó a proponer un movimiento espontáneo. En todas las organizaciones, los partidarios del sí vencieron por aplastante mayoría. El 87% de los miembros de la mayoritaria APM dieron su plácet a la protesta; el mismo número que FJI. En la AJFV el apoyo para hacer el paro de forma permanente superó el 80%, como en la Asociación de Fiscales. En APIF, el respaldó alcanzó el 94%.

«Máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos», ha escrito Bolaños en su perfil de X. El Gobierno pretende dos reformas: con la primera modificará el acceso a las carreras judicial y fiscal. La segunda trata de cambiar la estructura del Ministerio Público para que la instrucción de las causas penales las hagan los fiscales. Las cinco asociaciones profesionales convocantes, todas excepto las de corte progresista, consideran que el nuevo sistema de acceso supone «un riesgo de selección ideológica». Además, abogan por un Ministerio Público «imparcial y autónomo» por «salud democrática».

«Por la puerta de atrás»

El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno iniciaba así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que ese cambio de modelo persigue la igualdad de oportunidades.

Las asociaciones sostienen que ese cambio afecta «gravemente» a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Consideran que el nuevo sistema facilita la inclusión de cientos de jueces y fiscales sustitutos «por la puerta de atrás». El Gobierno también pretende modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que sean los fiscales quien se hagan cargo de la instrucción penal, aunque las organizaciones profesionales denuncian que la modificación no garantiza su independencia.

Las críticas soliviantaron a Bolaños, que trató de atajar la situación pasando al contraataque. El ministro de Justicia culpó al PP y a las asociaciones profesionales de bulos, insinuaciones, insidias y calumnias para «hacer callar a la Justicia y atacar a la independencia judicial» En una bronca sesión de control, el pasado miércoles el diputado popular Miguel Tellado le reprochó que un Ejecutivo «acorralado por la Justicia» pretenda «controlar el acceso a la carrera judicial» y «quitarle la instrucción penal de los casos a los jueces para darlo a la Fiscalía».

Las asociaciones profesionales convocantes ya acusaron hace una semana al Gobierno de tergiversar sus críticas a la reforma de Bolaños. En un comunicado, defendieron su «legítimo» derecho a valorar las reformas judiciales que pretende implantar, después de que el Ejecutivo calificara de «bulos» sus valoraciones. «Consideramos que recurrir a la etiqueta de los bulos es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia».