Traducido por el equipo de SOTT.net

Mientras la investigación penal de gran envergadura sobre Telegram se acerca a su segundo año sin que se vislumbre una resolución, las autoridades francesas han vuelto a citar al cofundador de Telegram, Pavel Durov, para que preste declaración.
pavel durov
© Reuters
Durov pasó unas seis horas declarando ante el Tribunal Judicial de París el miércoles, según informaron los medios locales, citando fuentes policiales. Se le permite viajar al extranjero y residir en su domicilio de Dubái, aunque ha aceptado unas normas específicas de supervisión judicial, entre las que se incluye la obligación de regresar periódicamente a Francia cuando sea citado.

Esta ha sido la cuarta vez que el empresario tecnológico ha sido interrogado en el marco de la investigación en curso, que se remonta a su detención inicial en un aeropuerto de París en agosto de 2024. Poco después fue imputado por una docena de cargos diversos, que van desde la complicidad en actividades ilícitas de la plataforma hasta la falta de cooperación con las autoridades estatales.

El equipo legal de Durov confirmó el interrogatorio a la AFP y criticó duramente la falta de avances por parte de la fiscalía francesa, denunciando que «casi dos años después de la imputación de Pavel Durov, sigue sin haber pruebas que demuestren la validez de los cargos».

Y la propia Telegram tampoco se quedó atrás, y publicó un comunicado en el que se lee: «El único cambio desde la detención de Durov en Francia es que las autoridades francesas han empezado a redactar correctamente las solicitudes dirigidas a Telegram», afirmó la plataforma de redes sociales por separado.

En un principio, a Durov se le prohibió salir del país, pero las restricciones de viaje impuestas en relación con el caso se levantaron finalmente, tras cumplir con las condiciones dictadas por el tribunal.

Aunque la postura del Gobierno francés ha sido que la escasa cooperación de Telegram con las autoridades y la falta de restricciones en la aplicación han dado lugar al extremismo y al abuso infantil, hay numerosas pruebas de que las autoridades están tratando de aprovecharla con fines de vigilancia y extralimitación.

A modo de ejemplo, Durov reveló en 2025, en una publicación viral en X, que las autoridades francesas se pusieron en contacto con él a través de un intermediario para exigirle que Telegram eliminara varios canales moldavos.

Aunque Telegram sí que eliminó en aquel momento algunas cuentas que infringían sus políticas, Durov alegó que la trama se complicó cuando el intermediario le transmitió una oferta sospechosa: los servicios de inteligencia franceses prometieron «hablar bien de él» ante el juez que llevaba su caso si ampliaba la cooperación.

«Se trataba de un intento descarado de manipular la justicia», escribió Durov, criticando duramente la maniobra como una injerencia en su caso judicial o una estratagema para entrometerse en las elecciones de Moldavia. Cuando salió a la luz una segunda lista de canales «problemáticos», el magnate afirmó que casi todos eran legítimos y no infringían las normas de Telegram.

«Nos negamos a cumplir», afirmó el magnate. «Telegram defiende la libertad de expresión. No eliminaremos contenidos por motivos políticos, y seguiré denunciando cualquier intento de intimidar a nuestra plataforma».

Moldavia sigue siendo otro caso clásico de un pequeño país de Europa del Este y antigua república soviética que se ha visto envuelta en un tira y afloja entre los intereses proeuropeos y los rusos. Durov ha seguido tachando todo el proceso judicial en su contra de «absurdo jurídico».