Abdul Ballout tenía 21 años, raíces libanesas, pasaporte alemán y un nombre que ya circulaba desde hacía tiempo por los informes de seguridad. Según las primeras investigaciones difundidas por medios alemanes, no era un desconocido para las autoridades.
desfile del Christopher Street Day
© EFEPersonas participan en una marcha tras un atentado cerca del recorrido del desfile del Christopher Street Day (CSD) pasan junto a una pantalla electrónica en la que se muestra un llamamiento de la policía para recabar información sobre el presunto autor, Abdul B., en Berlín, Alemania.
Cuando el sábado por la noche embistió presuntamente con una furgoneta a participantes del Orgullo de Berlín y dejó una mujer muerta y 29 heridos, la pregunta dejó pronto de ser solo quién iba al volante de aquel vehículo. Había otra más incómoda: cómo pudo actuar alguien que ya estaba en el radar de la policía y de los servicios de inteligencia.

Ballout había nacido en Berlín y era conocido por la policía desde hacía años. Según una declaración conjunta de la Fiscalía General de Berlín y los tribunales penales de la capital, ya había sido condenado por lesiones y robo por hechos cometidos en 2019 y 2020.

Después llegó la radicalización islamista, que lo llevó a intentar unirse a la lucha armada del Estado Islámico (EI). El recorrido que reconstruyen los medios alemanes empezó en mayo de 2025, cuando Ballout viajó a Turquía. Primero habría intentado llegar a Mauritania, pero al fracasar ese plan voló al Líbano, donde buscó contacto con miembros de esta organización. En julio de ese año fue detenido por las autoridades libanesas y condenado por un tribunal militar a tres meses de cárcel. Después fue expulsado a Alemania.

Cuando aterrizó en el aeropuerto de Berlín, el 17 de noviembre, los agentes alemanes volvieron a detenerlo y fue enviado a prisión preventiva. Seis meses después, en mayo pasado, se sentó ante un tribunal de Berlín acusado de preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado. Los jueces consideraron probado que había querido unirse al EI y que había difundido propaganda de la organización yihadista en redes sociales, por lo que fue condenado a 22 meses conforme al derecho penal juvenil. Aun así, Ballout no siguió en prisión. El tribunal dejó en suspenso la ejecución de la pena y lo puso en libertad, con la condición de que participara en un programa de desradicalización.

Ahí se abre ahora la parte políticamente más sensible del caso. La Fiscalía había pedido una pena más alta y recurrió la decisión, pero el recurso aún no estaba resuelto cuando Ballout alquiló presuntamente el furgón blanco utilizado en el ataque contra los asistentes del Orgullo de Berlín. Los jueces tuvieron en cuenta que ya había pasado tres meses encarcelado en Líbano y otros seis en Alemania, que se había mostrado confeso durante el proceso y que había tomado distancia de la organización yihadista. También valoraron que no se hubiera producido hasta entonces una amenaza concreta. Esa apreciación aparece ahora bajo una luz mucho más dura.

Desde noviembre de 2025, Ballout estaba clasificado como "Gefährder", la categoría con la que la policía alemana identifica a extremistas capaces de cometer un atentado. En las semanas posteriores a su puesta en libertad fue vigilado de manera intermitente y su teléfono estuvo intervenido. Su caso también habría pasado varias veces por el Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Berlín, aunque no existía una vigilancia permanente.

El caso ha entrado ya en el debate político. El canciller Friedrich Merz anunció este lunes consecuencias y pidió al Ministerio del Interior que prepare una propuesta para limitar al máximo la libertad de movimiento de potenciales agresores.

Markus Söder, líder de la Unión Socialcristiana de Baviera, pidió por su parte revisar si a estos perfiles se les debe aplicar el derecho penal de adultos y abrió el debate sobre los casos de doble nacionalidad.

El Ministerio de Justicia, en manos de la socialdemócrata Stefanie Hubig, frenó esa reacción política y alegó que las investigaciones siguen abiertas y que ya está encargada una evaluación sobre el derecho penal juvenil.

Con todo, el perfil de Abdul Ballout no responde aún a todas las preguntas, pero deja una especialmente grave sobre la mesa: qué hace un Estado cuando sabe que alguien puede ser peligroso y aun así no consigue impedirlo.