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La soberanía alimentaria plantea que el hambre es una cuestión política cuya solución ha de venir de quienes producen y consumen capaces de tomar decisiones y determinar sus políticas y prácticas alimentarias. En Paraguay el gobierno ha adoptado un modelo agroexportador depredador de la naturaleza en forma de monocultivo, de soja principalmente, y de ganadería extensiva, modelo que ha redistribuido las tierras paraguayas expulsando a sus principales dueños, la población indígena.
Monocultivo de Soja
Paraguay se fue insertando en el mercado mundial una vez que la dictadura de Stroessner finalizara en 1989. En ese momento comenzó la exportación de productos agrícolas y fue en 1999 cuando se introdujo el monocultivo de soja de forma irregular para ser legalizado oficialmente en 2004. Desde 1999 a 2010 la producción de soja aumentó su superficie un 150% hasta producir 7,4 millones de toneladas, convirtiendo a Paraguay en el 4º país exportador mundial de soja. Al no constituir, en absoluto, la soja un cultivo tradicional de su agricultura, su producción masiva conllevó el desplazamiento de la agricultura autóctona.
El monocultivo y el sistema capitalista globalizado han colonizado el territorio paraguayo: el 80% de sus tierras se encuentran en manos extranjeras, principalmente brasileras, y cuando los latifundistas son paraguayos, cuentan con la mayoría del capital extranjero. Además no pagan IVA y no se les exige una inversión a largo plazo para la explotación de tierras en el país. El Estado también ha tomado parte activa en la instauración del agronegocio exportador, haciendo las reformas portuarias oportunas para facilitar el mercadeo.
Además del monocultivo de soja, principalmente destinado a biocombustible, en Paraguay se da también el cultivo de maíz y del algodón transgénico. Los cultivos transgénicos no han sido bien acogidos por los colectivos indígenas y campesinos, quienes acusan a Monsanto de apropiarse de sus semillas criollas y de contaminar la producción orgánica.
Además, la agricultura transgénica produce dependencia de las mismas multinacionales que las importan: una vez introducida la semilla se necesitan agrotóxicos y maquinaria procedente de estas mismas empresas. Por añadidura, la gente empleada en los grandes latifundios no es local ya que éstos cuentan con su propio personal para trabajar antes y después de la producción, y cuando el personal local es contratado lo hace en condiciones precarias, insalubres y peligrosas.
Pero si la dependencia en la producción, la invasión de tierras y la precarización de las vidas campesinas e indígenas no fuera suficiente, la introducción de transgénicos supone fumigaciones masivas con herbicidas como Roundup y Agente Naranja que fortalecen el crecimiento de malezas que arruinan cosechas y afectan gravemente a la salud, como denuncian algunos estudios [1], provocando cáncer, malformaciones embrionarias y leucemia en la población local afectada.
La introducción del algodón BT y el maíz transgénico fue aprobada en Paraguay poco después del juicio político al presidente Lugo, que sentó al anterior vicepresidente, el liberal Federico Franco, en el sillón presidencial de manera irregular. Franco es actualmente el mayor defensor con el que Monsanto cuenta en el país; su apología de la agricultura transgénica la lleva al paroxismo interrumpiendo homilías de Obispos que se atrevan a cuestionar dichas prácticas [2].
Ganadería extensiva
La ganadería extensiva es otro de los modelos de negocio que han aplaudido el golpe de Franco y que en los últimos años ha visto fuertemente incrementada la exportación de carne de vacuno. Las tierras para ganado se han instaurado en el Chaco y la mayoría ha pasado a ser propiedad de unos pocos propietarios, principalmente uruguayos, brasileños y menonitas que se han apropiado del agua disponible. Esta invasión, directa o indirecta de sus tierras mediante la apropiación de recursos ha supuesto el desplazamiento de la población indígena del Chaco. Mientras los grandes ganaderos aplauden la liberación de las semillas transgénicas y piden más armas para el ejército, el Ministerio de Industria planea aumentar la producción ganadera para exportación.
Respuesta campesina
La población campesina no se ha quedado callada ante la liberación de los transgénicos ni la usurpación de sus tierras, que ocurre en forma de no reconocimiento de asentamientos históricos. Las protestas contra los transgénicos, por la reforma agraria o por la propiedad de sus tierras se suceden; sin embargo, cuando se dan ocupaciones masivas de tierras por parte de campesinos y campesinas, como ocurrió en Curuguaty donde, recordemos, se dio la masacre que ocasionó el juicio político que promulgo el golpe, las leyes aprobadas durante el gobierno de Lugo, como la Ley Antiterrorista y Ley del Informante, permiten acusar a dirigentes campesinos por asociación criminal y ocupación de inmueble ajeno. Con esa misma ley, recientemente se ha acusado a campesinos que cazaban con los permisos adecuados en tierras de latifundistas, de pertenecer al EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), amenaza que recae sobre cualquiera que ose cuestionar la política del agronegocio e incluso sobre el clero, como es el caso de Monseñor Medina por su discrepancia con el presidente de facto.
En conclusión, el golpe liberal-colorado de Paraguay no es que haya introducido nada nuevo, pero la débil resistencia que el equipo de Lugo intentaba llevar a cabo frente al avance neoliberal se ha visto totalmente vencida. Los acuerdos de liberación de semillas transgénicas se han implementado rápidamente y los grandes lobbies del agronegocio y la ganadería extensiva lo han aplaudido. Paraguay ha sido vendido y se le tiende una alfombra roja al mercado internacional desoyendo el hambre de la población, los crecientes casos de intoxicaciones y las llamadas a la prudencia de distintas personas expertas en salud. Las condiciones de vida de la población rural e indígena se ven empeoradas y se convierten en dependientes del sistema industrial alimentario, algunas de estas poblaciones se ven obligadas a migrar a las áreas urbanas donde encuentran más miseria y desatención por parte del Estado.
Notas
[1] Como los casos que se recogen en la investigación publicada en el libro "Empresas transnacionales y violación de DDHH: el caso de tres comunidades", Ortega, G. et al. BASEIS 2012
[2] http://www.abc.com.py/nacionales/fr...
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