Un grupo de antidisturbios en las calles de Barcelona.
Interior gestiona el dispositivo con la máxima discreción para evitar que los partidos secesionistas interpreten estos movimientos como una agresión del Estado y exploten el sentimiento de agravio, pero el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido activarlo ante las informaciones que alertan de que podrían producirse altercados tras la manifestación convocada el lunes en el centro de Barcelona por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Los organizadores aspiran a conseguir que participen más de 500.000 personas en el último gran acto independentista antes del referéndum del 1 de octubre.
Aunque las competencias de seguridad ciudadana están transferidas a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional se encarga de proteger los edificios de instituciones centrales, como la Delegación del Gobierno, la sucursal del Banco de España y las oficinas de la Agencia Tributaria. Habitualmente, realizan esa labor los dos grupos de UIP (en torno a un centenar de antidisturbios) desplegados de forma permanente en Barcelona. El operativo acordado ahora tiene como objetivo reforzar esa plantilla. Solo en un escenario de extrema excepcionalidad pasaría la Policía Nacional a ocuparse del orden público junto a los Mossos.
El dispositivo no solo afecta a Barcelona. También abarca a las otras tres capitales catalanas y a grandes ciudades y forma parte de un plan que se extiende más allá del 1-O, ante el riesgo de que se produzcan desórdenes igualmente en torno a la votación independentista. Fuentes oficiales también han confirmado a este diario que la Delegación del Gobierno en Cataluña está en contacto permanente con los Mossos y policías locales para reforzar la protección de instalaciones sensibles, sedes de partidos constitucionalistas e incluso de sus dirigentes.
El refuerzo de efectivos también incluye a la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, denunció este miércoles que Interior ha decidido que los 200 agentes que debían abandonar Cataluña por un cambio de destino en los próximos días se queden en sus puestos hasta mediados de octubre, tras la fecha prevista para la consulta. La AUGC asegura que la Dirección General de la Guardia Civil comunicó la decisión a los afectados mediante un correo electrónico este mismo miércoles, tan solo cinco días antes de que entraran en vigor los cambios de destino, que tenían que haberse producido el 11 de septiembre.
Para impedir que salgan los agentes el día que estaba planificado, la Dirección General de la Guardia Civil ha aprobado una comisión de servicio extraordinaria que no conllevará indemnización alguna, pero que pretende dar un marco legal a la prolongación de la estancia de los funcionarios en Cataluña, según remarcan desde la AUGC. La asociación entiende que la medida impuesta por Interior ha sido tomada con "absoluto desprecio" hacia los agentes y "sus familias", además de con "una absoluta y radical falta de previsión que afecta a derechos fundamentales y profesionales de todos los que se encuentran en esa situación". "¿Tan poco importa la vida personal de los agentes?", se pregunta la AUGC.
El Ministerio del Interior ya diseñó un gran despliegue de seguridad en 2014 con motivo del referéndum independentista del 9-N. En aquello ocasión, la cartera que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz llegó a contemplar el desplazamiento a Cataluña de hasta 1.000 efectivos de la UIP y de otros 500 funcionarios de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, equivalentes a los antidisturbios en ese cuerpo. Finalmente, solo desplazó a unos 450 agentes de la UIP.
Es el titular original?
Si es así me parece bastante tendencioso, desde mi punto de vista se movilizan para garantizar que no se viole la Constitución Española, sólo alguien que hace algo malo tendría miedo ante está movilización de agentes de la ley.
Saludos!