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"(...) Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel Pulido, condenado como responsable de la masacre de La Cabuya, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante del exoficial se llama 'Héroes'.(...)" Semana
"Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés. De allá trajo unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue condenado por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia (...)
Los abusos, tratos degradantes, violaciones sexuales y el feminicidio contra las mujeres y niñas colombianas crecen dramáticamente: el empobrecimiento, la exclusión social y la degradación ética inyectada por los mass-media para legitimar los valores mafiosos de un sistema llevado al paroxismo de las desigualdades sociales, de la violencia represiva y del control social, son el terreno fértil para las agresiones contra las mujeres.
Las mujeres son el chivo expiatorio de una sociedad machista cuyas frustraciones son elevadas a la máxima potencia por una violencia estructural en permanente crecimiento. Decrece el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a las oportunidades laborales; a la par que crece la violencia estructural generada por los mecanismos de despojo y monopolización de capital. Aunado a lo anterior, hay un factor determinante que caracteriza a Colombia: la violación sexual y el feminicidio contra las mujeres y niñas colombianas se generalizan al amparo de la sistemática impunidad para los crímenes de estado. Esta constatación hace que el tema de la impunidad sea un tema medular en la lucha por el respeto de las mujeres, así como es un tema medular en el camino hacia la paz y la justicia social en Colombia.
La impunidad para militares, paramilitares y latifundistas acrecienta el sistematismo de las violaciones sexuales en Colombia. Los crímenes e impunidad que rodean la violación y asesinato de los niños de Arauca a manos del ejército(1); los escándalos de los 'clubes de relajación' en los que los escasísimos militares condenados purgan sus "penas"; el descaro con que los violadores estadounidenses burlan la justicia(2); la cantidad aberrante de niñas campesinas despojadas que viven en esclavitud a la merced de gamonales latifundistas, evidencian la relación macabra entre el aumento dramático de las violaciones sexuales y los privilegios de inmunidad e impunidad aplicados a los criminales.
Colombia y México son dos países en los que el feminicidio alcanza cimas del horror: su denominador común, aparte del empobrecimiento que sufren ambos países, es la impunidad para los crímenes de estado y la degradación social que conlleva. En ambos países se desarrolla una intensa actividad represiva y de control social ejercida por el estado contra la población civil, mientras que los grupos de paramilitares y narcotraficantes, funcionales al estado, imponen sus valores. México sufre un incremento de la "asesoría militar estadounidense", con el incremento de las violaciones de derechos humanos que esta conlleva: como se ha podido palpar en Colombia desde que la asesoría estadounidense entrena a militares en "contrainsurgencia". La mayor fosa común del continente americano se descubrió en la Macarena, Colombia: 2000 cadáveres de desaparecidos por el ejército fueron hallados detrás del batallón de la Fuerza Omega del Plan Colombia, que recibe estrecha asesoría estadounidense (3).
Violada a 30 metros de un puesto militar
Iniciando abril, el CPDH denuncia otro caso de violación a manos del ejército, en un marco de absoluta impunidad: una mujer violada y acuchillada por un militar a 30 metros de un puesto militar, el 3 de abril 2011. La mujer se encuentra entre la vida y la muerte, el soldado ha sido identificado, retenido y puesto en libertad, el grupo de militares 'ciegos' ha sido trasladado (4). El CPDH denuncia: "fue atacada con arma blanca, produciéndole varias heridas en partes vitales de su cuerpo, constitutivos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y sometida a violencia sexual; en el trayecto se encontraban dos grupos de militares uno a 30 metros y el segundo a 50 metros del mismo, frente a los cuales de forma inexplicable pasó el agresor, la víctima fue tirada en un barranco a sólo 30 metros de donde se apostaba el último grupo de militares (...)
Se logró reconocer al presunto agresor, identificado como soldado profesional adscrito al Ejercito Nacional (J. JESUS ADVINCULA DELGADO)(...) aunque debido al precario manejo en cuanto el acopio de elementos probatorios y actos urgentes fue dejado en libertad y puesto a disposición de las autoridades militares, el temor actual es que técnicamente se encuentra en libertad, sin ningún tipo de limitación legal, además el grupo de militares que estuvieron en la Victoria el pasado 3 de abril fueron trasladados de la zona."(Ibíd. ).
Es una de las miles de denuncias de mujeres y niñas violadas a manos de la fuerza pública en Colombia: la casi totalidad de estas denuncias son abortadas por el mismo sistema y la negligencia aplicada al trato de los elementos probatorios, cuando no es por la amenaza o asesinato contra los denunciantes. Por otro lado las denuncias constituyen la punta del iceberg: las denuncias por violación contra la fuerza pública son un acto de extrema valentía en Colombia, porque pueden conllevar la muerte para los denunciantes, lo cual permite deducir que tras las denuncias se encuentra el grueso de los casos que no son denunciados.
Por otro lado, de los casos denunciados la impunidad es del 99%, y en el caso de condenas, son absolutamente pírricas, y los violadores terminan no en una cárcel, sino "cumpliendo su pena" en una base militar con canchas deportivas, restaurantes, piscinas y todas las comodidades (5). El carácter sistemático de estos crímenes y el sistematismo en la impunidad para militares, evidencia que las violaciones sexuales a manos del ejército son algo que va más allá de la vaga e irresponsable definición de "daños colaterales de un conflicto": son actos del terrorismo de Estado.
Cárceles doradas y vacaciones en el Caribe pagadas con dinero público para militares "condenados"
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Algunos se han pensionado. Algunos, incluso, han ascendido de rango en la cárcel (...) Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel (r) Orlando Pulido, condenado a 30 años como responsable de la masacre de La Cabuya, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante administrado por el exoficial se llama 'Héroes'.(...) Las casas parecen más un campo de recreo que alojamientos de un penal. La gran mayoría tiene aire acondicionado, Internet y servicio de televisión satelital, entre otras comodidades"(Ibíd.)
En esas condiciones de "Resort" están torturadores, violadores, responsables de masacres, y su comodidad es garantizada por los altos generales: "Llegaron los de las Afeur (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas), de la IV Brigada de Medellín, condenados por la Operación Orión y desapariciones. También los de los Gaulas militares, condenados por 'falsos positivos' [asesinatos de civiles premeditados para disfrazar sus cadáveres], o los costeños del Batallón La Popa de Valledupar, por 'falsos positivos', y los de la VI Brigada, de casos como los [del asesinato de varios campesinos, en 2004, en] Cajamarca o las masacres [una serie de 20 ejecuciones, en 2003] de Viotá -cuenta uno de los internos-.
Ahí los comandantes comenzaron a regalar quioscos para todos esos muchachos. Mi general Montoya regaló como unos cuatro o cinco a los soldados de las Afeur. Mi general Óscar González también gestionó para la construcción de otros ocho a diez quiosquitos. Ellos nos ayudaron mucho. Mi general Montoya estuvo por lo menos diez veces acá y mi general González, más de veinte veces. Siempre que venían a Tolemaida nos decían que qué nos faltaba (...), explica el interno."(Ibíd.)
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El soldado se quedaba con frecuencia en una de las lujosas fincas de ese conjunto (...) donde estaba su familia. Allí lo conocen como el propietario de varias panaderías en Melgar." (Ibíd. ) Los militares condenados pasean en vuelos comerciales y viajan a las islas del Caribe: "Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés. De allá trajo a varios unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue capturado en 2001 y condenado a 40 años de prisión por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia, cuando hacía parte del Batallón Juan del Corral, adscrito a la IV Brigada." (Ibíd.)
En la actualidad hay 843 miembros de la Fuerza Pública detenidos en centros vacacionales de "reclusión": 174 del Ejército, 648 de la Policía, 13 de la Armada y ocho de la Fuerza Aérea. Y en los nueve "centros especiales de reclusión" que maneja el Ejército hay 942 delincuentes (7).
El escándalo público de las Cárceles Resort para militares colombianos no ha provocado cambios: ante la oferta del ministro del Interior y de Justicia, Vargas Lleras, de trasladar a los militares delincuentes de los centros vacacionales en que se encuentran a cárceles reales, Rodrigo Rivera, ministro de Defensa, dijo sin ningún asomo de vergüenza que: "los nueve centros penitenciarios especiales ubicados dentro de batallones de las fuerzas armadas en varias partes del país cumplen todas las reglas constitucionales" (Ibíd.), por lo que considera inapropiado trasladar a los uniformados detenidos a una cárcel. El general Alejandro Navas, comandante del Ejército, consideró sin sonrojo que: "No es necesario trasladar a más detenidos de las cárceles militares a los centros de detención comunes. El Ejército está en capacidad de administrar sus centros de reclusión y albergar a sus internos" (Ibíd.).
La impunidad, o en su defecto la "Cárcel Resort", es el premio que le da el Estado colombiano a los militares que cometen violaciones a los DDHH. Esto evidencia aún más el hecho de que las violaciones a los DDHH por parte de la Fuerza Pública son amparadas por el Estado en Colombia. Se inscriben en la doctrina contrainsurgente y la perversa noción militar del "enemigo interno": en la cual el enemigo interno es la población civil (8). La violación sexual es parte de la estrategia del Terrorismo de Estado contra la población civil y su carácter exponencial resulta de la sistemática impunidad.
En la doctrina militar contrainsurgente se inscriben las prácticas de tortura y terror contra la población civil con la doble finalidad de desplazar poblaciones de las zonas de alto interés económico y de callar la reivindicación social. El terror busca paralizar a la población e impedir la organización popular: es control social. La herramienta paramilitar del despojo es parte de esa estrategia estatal: es financiada por multinacionales, latifundio y Estado, y actúa en coordinación con el ejército (9). Sólo entre junio 2005 y diciembre 2010 dicha herramienta paramilitar cometió al menos 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, según reporta el informe de enero 2011 de la Fiscalía (10). El drama de la arremetida de la herramienta paramilitar y la fuerza pública contra la población civil en Colombia es pasado bajo silencio.
Mientras se mantenga la doctrina militar del enemigo interno, y la sistemática impunidad para los crímenes de estado en Colombia, la violencia sexual y el feminicidio continuarán su dramático crecimiento exponencial.
Nota: Este texto forma parte de una investigación sobre la Impunidad en Colombia; es un capítulo ampliado del texto largo "Las 50 niñas violadas por El Patrón, la juez asesinada, la impunidad y sus eufemismos" de Azalea Robles.
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