
© Carlos Jasso / ReutersEstudiantes del colegio Raúl Isidro Burgos protestan piden justicia frente al Tribunal Supremo, Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal 'Isidro Burgos' de Ayotzinapa (Guerrero) fueron desaparecidos en Iguala, en un hecho en el que estuvieron involucrados autoridades y policías municipales, grupos de narcotráfico locales y el Ejército mexicano. El Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) trató de convencer a los padres de esos normalistas y a la sociedad en general, que los jóvenes habían sido secuestrados, asesinados e incinerados por miembros de Guerreros Unidos, un grupo de narcotráfico local, tratando de producir una "verdad histórica" que diera por terminada la búsqueda de los 43 normalistas. La versión oficial fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el grupo de investigación nombrado de común acuerdo entre el Estado mexicano, los padres de los normalistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La no coincidencia de las versiones desencadenó que los miembros del GIEI fueran hostigados por las autoridades y prácticamente obligados a salir de México.Desde hace cuatro años, los padres de los normalistas no han cesado en la búsqueda de sus hijos y la sociedad mexicana ha tratado de acompañarlos, conscientes de que lo que pasó en Iguala representa el pan de cada día en muchas partes de la geografía nacional.
No son solo 43 estudiantes, son más de 30.000 desaparecidos cuyos familiares no saben que sucedió con ellos. Forman parte de esta misma tragedia lo mismo los
72 migrantescentroamericanos asesinados en la frontera norte en agosto de 2010 en San Fernando (Tamaulipas), que los casi
300 cadáveres que deambulaban por Jalisco en un tráiler debido a la falta de espacio para almacenarlos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hace una semana. La indolencia en el Gobierno parece apostarle a una institucionalización "del olvido al no me acuerdo" para los desaparecidos, negándoles a 30.000 familias la posibilidad de encontrar algún tipo de paz al condenarlas eternamente a la incertidumbre de lo que pudo haberles sucedido a sus familiares.
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