Un total de 327 aviones teledirigidos (drones) están autorizados a volar dentro del espacio aéreo de Estados Unidos, la mayoría en misiones de espionaje interno, pero la cifra tiende a crecer, informaron hoy medios de prensa. El número de permisos para utilizar estos artefactos en territorio estadounidense se incrementó de 146 en 2009 a 313 a finales de febrero del presente año, y según estimados oficiales, el Pentágono tendrá para 2015 unos 197 en 105 bases en el país norteño.

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Las patrullas fronterizas tienen la mayor cantidad de drones para vigilancia doméstica, en particular en misiones de patrullaje en la frontera con México, en la detección de inmigrantes ilegales.

El uso de dichos aviones sin tripulación inquieta a la opinión pública porque se considera como una violación adicional de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses a través del empleo de medios de alta tecnología, señala un artículo de la edición digital del diario The Christian Science Monitor.

Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles se quejan de que estos aparatos tienen equipos de visión nocturna y otros medios similares de observación, así como sistemas de escuchas y programas de reconocimiento facial vinculados a bases de datos federales, elementos fundamentales para el espionaje interno.

Sin embargo, los beneficios potenciales de estos aparatos atraen a las agencias policíacas en toda la nación norteña, después que el presidente Barack Obama firmó una orden en 2012 que abre el espacio aéreo para el uso público y privado de los drones.

El crecimiento en el uso de los drones es un negocio al cual están ligadas 50 grandes compañías que desarrollan unos 150 nuevos sistemas de este tipo, y que para 2016 alcanzarán un total de seis mil millones de dólares en ventas a agencias federales y empresas privadas estadounidenses.

La adquisición de un helicóptero cuesta alrededor de 25 millones de dólares, un precio prohibitivo, por lo que las autoridades policiales norteamericanas comenzaron a pensar en el uso de los drones como alternativa, pues el costo de uno de esos aparatos ronda los 50 mil dólares, concluye el artículo.

El 6 de marzo pasado, el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, se negó a descartar en una carta al Senado el posible empleo de drones armados en territorio estadounidense contra sus conciudadanos en caso de una emergencia para proteger al país.

La Asamblea legislativa del estado de Virginia aprobó el mes pasado una ley que impone una moratoria de dos años en el uso de estos artefactos en ese territorio, mientras estatutos similares se estudian en Montana, Maine, Oklahoma, Missouri, Dakota del Norte, Nebraska, Florida, Oregon y California.

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