(España) - Bajo el mar, a unos cientos de kilómetros de la costa gallega, late olvidada una auténtica bomba de relojería. Son las 140.000 toneladas de residuos nucleares que se depositaron durante décadas en el fondo marino, en la conocida como Fosa Atlántica, una práctica que no cesó hasta el histórico estallido de protesta de 1982, embrión del activismo ecologista en nuestro país. Transcurridos más de 35 años, ninguna autoridad controla el riesgo de fugas en unos bidones sometidos a la presión de 4.000 metros de profundidad y a la corrosión del agua del mar.
Contenedores con residuos nucleares.
© EFEContenedores con residuos nucleares.
El tiempo juega su papel en este problema invisible, dominado por el desequilibrio entre la vida útil de los barriles y la de los residuos que contienen.

Ninguna institución pública nacional ni internacional realiza un seguimiento de la situación bajo el mar,
a unos 650 kilómetros de distancia del litoral de Galicia, como quedó demostrado en 2012, cuando el Bloque Nacionalista Galego pidió en el Congreso que el Gobierno encargase una inspección. El PP se negó con el argumento de que "no hay ni un solo elemento" que lleve a "desconfiar de la seguridad de los residuos radiactivos en la Fosa Atlántica".

Ya en 2007, el entonces presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, había pedido sin éxito el Ejecutivo de Zapatero que estudiara los niveles de radiactividad de la zona. Días atrás, el asunto regresó al Parlamento de Galicia y logró la unanimidad de todos los grupos, que instaron al Gobierno de Mariano Rajoy a asegurar la vigilancia en el cementerio nuclear.

El acuerdo, al que se sumó finalmente el PP tras una negociación, reclama al Gobierno que "haga las gestiones pertinentes ante las instituciones europeas y los países responsables de los vertidos" que permitan asegurar la vigilancia de los mismos, "así como obtener información que garantice que no están teniendo impacto en el medio ambiente". La proposición no de ley, presentada por En Marea, también fue apoyada por el PSOE y por el BNG. El diputado Antón Sánchez, autor de la iniciativa, alertó de que los residuos necesitan "un control constante", ya que sus riesgos no desaparecen con el paso del tiempo. "El Estado español se limita a echar balones fuera diciendo que no es de su competencia; al parecer, proteger la salud de los españoles y el medio ambiente no forma parte de sus atribuciones", acusó.


Las afirmaciones del diputado gallego tienen que ver con la ausencia de medidas concretas de control por parte de los ministerios directamente relacionados, como son los de Medio Ambiente, Fomento y Energía, que han reconocido en respuesta a distintas asociaciones que no existe un seguimiento de los vertidos. Tampoco ninguna institución europea o de los países que los depositaron ha informado de la existencia de medidas de control. La última observación de la que existe constancia fue llevada a cabo en 2005 por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que concluyó que los niveles son muy bajos y en cualquier caso se diluyen antes de alcanzar la costa.

Entre 1949 y 1982, ocho países depositaron sus residuos nucleares en la denominada Fosa Atlántica. Holanda, Francia, Gran Bretaña, Bélgica y, en menor medida, Alemania, Italia, Suiza y Suecia, sumergieron 223.000 bidones -algunos de hormigón y acero y otros convencionales- con cerca de 140.000 toneladas de residuos repartidos en unas 30 ubicaciones. Galicia fue escenario de los últimos que se depositaron antes de la moratoria. Están a 650 kilómetros de su costa, aunque el Gobierno británico llegó a lanzar lo suyos en 1964 a 200 kilómetros de Asturias.

El inicio de la lucha ecologista

Solo los más veteranos lo recordarán, pero la contestación que se produjo por los vertidos frente al litoral de Galicia tuvo la culpa de la moratoria que se abrió en 1982. Y en ella tuvo un protagonismo fundamental un palangrero de madera bautizado con el poco glamuroso nombre de Xurelo, que se enfrentó a los gigantes cargueros holandeses que vertían los desechos radiactivos al mar. Su irrupción se produjo casi de casualidad, cuando en septiembre de 1981 Greenpeace se disponía a enviar al navío Sirius a la Fosa Atlántica. Pero su buque insignia en los Países Bajos sufrió una avería, por lo que la formación ecologista pidió ayuda a Esquerda Galega. Y Esquerda Galega escogió el Xurelo, capitaneado por Anxo Vila.

Allá se fue el Xurelo, tripulado por cuatro marineros y doce políticos, ecologistas y periodistas, al encuentro con los cargueros holandeses. Vila, fallecido en 2011, lo recordaría años más tarde como una tarea compleja, dados los precarios métodos de navegación de la época, contrarrestados con algunos trucos del capitán. Una vez situados junto a los barcos que lanzaban los residuos, y bajo la atenta vigilancia de una fragata militar, protagonizaron su protesta y volvieron al puerto de Ribeiro.

La verdadera hazaña del palangrero gallego se produjo un año después, cuando regresó a la zona acompañado por otros dos pesqueros y por el Sirius de Greenpeace. Fue entonces cuando se enfrentaron a pecho descubierto con los gigantes holandeses. Los ecologistas se acercaron en sus lanchas, para ser recibidos con chorros de agua a presión. Lejos de amedrentarse, se pegaron al casco de los cargueros, justo debajo de las grúas que lanzaban los bidones al mar. Las imágenes de los ecologistas saltando por el aire por el impacto de los enormes barriles dieron la vuelta al mundo.

Llegados a puerto, sus tripulantes fueron recibidos como héroes. Su protesta se prolongó en tierra y se extendió por toda Europa, y no solo consiguió detener los vertidos, que se suspendieron definitivamente ese mismo año, sino que prendió la llama en Galicia y en España del entonces incipiente ecologismo.