El jueves, el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, que también es el candidato al Senado de los EEUU en noviembre, reveló algunos documentos muy interesantes que su oficina, junto con la oficina del fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, han recibido desde que los dos estados presentaron conjuntamente una demanda potencialmente innovadora en mayo. La demanda alega que varios funcionarios de alto rango de la administración Biden han estado confabulando, de forma censurable, con los supuestos oligarcas "privados" de las grandes tecnólogicas. El objetivo directo de esta colusión es la supresión del "pensamiento erróneo" disidente, es decir, el discurso conservador, que amenaza el tenue control del régimen de Biden sobre el poder.
Biden
© Michael M. Santiago/Getty Images
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla sobre su plan "Safer America" en el Marts Center el 30 de agosto de 2022 en Wilkes-Barre, Pensilvania.
Los documentos que Schmitt y Landry han recibido, en virtud de sus solicitudes de descubrimiento y la emisión de citaciones de terceros, ponen de manifiesto las profundidades a las que el Régimen de Biden ha caído para colapsar cualquier distinción putativa entre el sector "público" y el sector "privado". Sus conclusiones hasta el momento en este litigio aún pendiente revelan a todos, como si necesitáramos más pruebas una semana después de la confesión del podcast de Mark Zuckerberg escuchado en todo el mundo con el popular presentador Joe Rogan, hasta qué punto las plataformas de las grandes tecnológicas como Facebook y Twitter ya no pueden calificarse como significativamente "privadas" y en su lugar se han convertido simplemente en apéndices del Estado.

Según Schmitt, el Departamento de Justicia de Biden ha identificado, desde que se presentó la demanda de Missouri y Luisiana, a 45 funcionarios federales que han "interactuado con empresas de medios sociales en materia de desinformación". Además, Meta (la empresa matriz de Facebook) señaló a otros 32 funcionarios de Biden con los que se comunicó, y YouTube (un producto de Google) identificó a 11 de esos lacayos con los que se comunicó.

En general, los correos electrónicos obtenidos evidencian, como dice Schmitt, "una vasta empresa de censura". Los hallazgos desvelados incluyen la revelación de que Facebook y el gobierno de Biden organizaron llamadas telefónicas semanales y mensuales para discutir lo que Facebook debía censurar. Esos correos electrónicos, de finales de julio de 2021, resultan estar fechados apenas un par de semanas después de que la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, criticara a las plataformas de medios sociales por no hacer lo suficiente para reprimir la "desinformación", y el presidente Joe Biden las criticara por "matar a la gente". ¡Qué curiosa sincronización!

Otros correos electrónicos confirman que actores de la administración Biden y organismos tan diversos como el cirujano general, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras estaban en comunicación con alguna combinación de Google, Facebook y Twitter. En todos los casos, el objetivo era el mismo:
Censurar la "desinformación" y restringir la ventana de Overton del Régimen en cuanto a la formación de la opinión civil permisible para penalizar la sospecha (bien merecida) de la ciudadanía sobre las narrativas ofrecidas por el Régimen. Como dijo Saul Alinsky, después de todo, "quien controla el lenguaje controla a las masas".
Las revelaciones de Schmitt llegan apenas dos semanas después de que Vivek Ramaswamy y Jed Rubenfeld, en un artículo de opinión del Wall Street Journal, demostraran de forma convincente hasta qué punto la administración Biden ordenó a Twitter que prohibiera el acceso a Alex Berenson, un notable escéptico de la ortodoxia del Régimen en lo que respecta al estado de seguridad biomédica de la era covid. Y en el ínterin, en el breve lapso de tiempo entre ese reciente artículo de opinión del Journal y las cartas de amor desveladas por Schmitt entre los mercachifles de Zuckerberg y la nomenclatura de Biden, llegó quizás la mayor revelación de todas.

El 25 de agosto, el propio Zuckerberg le confió a Rogan en antena que la Stasi de EEUU, perdón, el FBI, advirtió a Facebook en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 sobre la amenaza de la "desinformación rusa", con lo que efectivamente comandó a Facebook para penalizar algorítmicamente, y en general ocultar, la historia bomba del New York Post de octubre de 2020 en relación con el infame "portátil del infierno" del hijo pródigo Hunter Biden. Algunos sondeos han indicado que hasta uno de cada seis votantes de Biden habría cambiado su voto, en 2020, si hubiera conocido todo el alcance del reportaje del Post sobre el portátil maldito de Hunter. Teniendo en cuenta lo estrechos que fueron los márgenes de victoria de Biden en los estados que le dieron su mayoría en el Colegio Electoral, la censura de las grandes tecnológicas era casi segura.

Las grandes tecnológicas son, pues, responsables de la presidencia de Biden. Y se ha demostrado que también son responsables de la continua supresión y subyugación de todos aquellos "desinformadores" que se niegan a doblar la rodilla ante el régimen de Biden. Las grandes tecnológicas le dieron a Biden las elecciones, y ahora las grandes tecnológicas le hacen el trabajo sucio.

Estas plataformas tecnológicas, en resumen, han demostrado que no son actores "privados" en ningún sentido significativo del término. Ahora son apéndices directos del Estado, y deben ser tratadas y reguladas constitucionalmente como tales.

A nivel estatal, eso significa exigir directamente a las grandes tecnológicas que adopten la neutralidad de puntos de vista y que no censuren los puntos de vista conservadores o disidentes, de forma similar a la ley recientemente promulgada en Texas, que actualmente está recorriendo su camino en los tribunales federales. Aplicar una norma de expresión de la Primera Enmienda a las grandes tecnológicas es manifiestamente justo, y simplemente refleja la realidad en la que se han convertido estas plataformas.

A nivel federal, eso significa modificar nuestro bizantino cuerpo de leyes de derechos civiles para añadir el punto de vista político como una clase protegida adicional, así como una acción independiente para aclarar estatutariamente que plataformas como Facebook son, o hacer que la FCC regule unilateralmente estas plataformas bajo el Título II de la Ley de Comunicaciones de 1934 como, operadores comunes. No hay absolutamente ninguna razón por la que Facebook, por ejemplo, deba ser regulado ahora de forma diferente a como se regulan las compañías telefónicas y los proveedores de servicios de Internet.

Es muy irónico que el Régimen de Biden, que recientemente ha denunciado a los llamados "republicanos MAGA" como "semifascistas", haya acelerado tanto el derrumbe de cualquier distinción entre lo "público" y lo "privado", dando lugar a una mancha singular del Régimen. Tal fusión del Estado y la esfera corporativa en una mancha tan desfigurada, históricamente hablando, fue un sello distintivo del fascismo real.

En el año 2022, esa connivencia "pública-privada" desnuda, y esa fusión "pública-privada", representa la mayor amenaza a la que se enfrenta el modo de vida estadounidense. Debemos responder a esa amenaza en consecuencia.
Sobre el autor:
Josh Hammer es editor de opinión de Newsweek, presentador de "The Josh Hammer Show", columnista sindicado y miembro investigador de la Edmund Burke Foundation. Twitter: @josh_hammer