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Estas personas que no desea recibir Estados Unidos, pero que sí quiere que permanezcan en el país latinoamericano, son objeto de expulsión bajo el argumento del Título 42, una política que permite a Washington expulsar migrantes por razones sanitarias, para que los casos de COVID-19 no se incrementen.
La presión de Blinken al Gobierno de López Obrador sucede en momentos en que el presidente Joe Biden intenta poner fin al Título 42, una medida que sí es apoyada por estados gobernador por el Partido Republicano, como Texas. Además, su Gobierno se ha enfrentado a diversas crisis de seguridad y de derechos humanos en materia migratoria, como la violencia contra los desplazados o las pésimas condiciones en que viajan los migrantes.
Según información de la agencia de noticias Reuters, las autoridades mexicanas no se comprometieron a ninguna acción concreta para llevar adelante las intenciones migratorias de la Casa Blanca.
El cruce de las fronteras estadounidenses desde el lado sur ha alcanzado niveles récord, por lo que la Administración Biden aprovechó su reciente visita a México para solicitar al país latinoamericano más apoyo en la recepción de migrantes rechazados en Estados Unidos.
Un funcionario estadounidense consultado por la agencia reconoció que tratar de convencer a México de alinearse con sus criterios migratorios es una batalla cuesta arriba.
Actualmente, el país latinoamericano ya acepta migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que son rechazados por las autoridades estadounidenses. Las personas de esas naciones suman alrededor de 299.000, en contraste con las cerca de 9.000 retornadas de origen cubano, nicaragüense o venezolano.
Muchos de los migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba que logran ingresar a territorio estadounidense reciben permiso de estancia en lo que se atienden sus solicitudes de asilo, en un escenario donde deportarlos resulta complicado por las tensiones diplomáticas entre esos países y Washington.
Este contexto explica el interés de Estados Unidos por que México lo apoye en su atención a estas poblaciones.
En lo que va de 2022, la Patrulla Fronteriza estadounidense ha alcanzado un récord de arrestos de 1,8 millones de personas, muchas de ellas reincidentes en su esfuerzo por ingresar al territorio norteamericano, uno de los desafíos humanitarios y políticos más pronunciados de Biden, quien encara elecciones intermedias este noviembre.
Del total de esos arrestos, alrededor del 25% son de personas provenientes de Cuba, Venezuela o Nicaragua.
La orden antimigratoria de Trump
En 2020, durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos emitió una orden migratoria que autorizaba expulsar a personas de su territorio bajo criterios sanitarios, alegando que lo hacía para evitar la propagación del COVID-19.
El Gobierno de Joe Biden echó abajo esta medida. Sin embargo, en los hechos, muchos de sus agentes siguen viendo las expulsiones como una manera de impedir los ingresos fronterizos, a pesar de que ese tipo de acciones contradice el discurso más permisivo con la migración que oficialmente utiliza el Partido Demócrata.
"Esto realmente traiciona sus compromisos con la protección de refugiados", reprochó Robyn Barnard, director asociado de Human Rights First, una organización protectora de refugiados localizada en la ciudad de Nueva York.
Las razones de la negativa mexicana
México no se comprometió a atender las demandas de refugio de Estados Unidos porque Nicaragua, Venezuela y Cuba tampoco aceptan vuelos de deportación provenientes de su territorio, explicaron las fuentes anónimas locales a Reuters.
En cambio, México apunta a aumentar sus vuelos de migrantes desde la frontera norte hacia la frontera sur para aliviar la presión en su territorio compartido con Estados Unidos.
Además, a la Administración de López Obrador le gustaría que Washington aliviara las sanciones económicas que mantiene contra Caracas para contribuir a la disminución del éxodo venezolano rumbo al norte del continente, además de que varias veces ha repetido que Estados Unidos debería ampliar los permisos de trabajo para latinos en su territorio.
Oficiales migratorios en El Paso, Texas, reconocieron que han sido obligados a soltar a centenas de migrantes en las calles para aligerar las saturaciones en sus instalaciones.
La administración de El Paso, a cargo del Partido Demócrata, ha dispuesto autobuses para trasladar migrantes hasta Nueva York, dada la posición de hostilidad del gobernador de Texas, Greg Abbott.
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