El mito de los dos estados como solución para la Palestina ocupada es una cruel mentira de 75 años que ha servido de cobertura para la construcción de un régimen de apartheid genocida. Ciega a la 'comunidad internacional' tanto ante la realidad actual como ante el camino a seguir.
israel alestina
Las resoluciones de la ONU sobre Palestina están obsoletas, congeladas en una época en la que el mito de los "dos estados" era más plausible y estaba encapsulado en una redacción aceptable para los principales patrocinadores de los colonos. Sin embargo, el único camino práctico a seguir hoy es el sudafricano: hay que desmantelar el régimen de apartheid. Este está oscurecido por el mito de los "dos estados", como han observado dos exlíderes israelíes.

El ex Primer Ministro israelí Ehud Olmert (2007) reconoció que "si llegase el día en que la idea de una solución de los dos estados se derrumbase y nos enfrentaramos a una lucha al estilo sudafricano por la igualdad de derechos de voto, entonces nos enfrentaremos a un apartheid como una lucha... y el Estado de Israel estará acabado" (McCarthy 2007). De manera similar, en 2017, otro ex primer ministro israelí, Ehud Barak, advirtió que el régimen estaba "en una pendiente resbaladiza" hacia el apartheid (Kaplan, 2017).

Aunque la idea de los dos estados está incorporada en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (comenzando con la resolución 242 de 1967), ese hecho sólo pone de relieve el fracaso de las resoluciones internacionales a la hora de reconocer las realidades cambiantes.

Los israelíes no han cumplido sus obligaciones en virtud de la resolución 242 y ahora existen múltiples informes independientes que califican al régimen israelí de Estado de apartheid (CCHS 2022) y, por tanto, un crimen contra la humanidad, que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de desmantelar (Falk y Tilley 2017). Esos informes aún no son reconocidos en la ONU porque los patrocinadores clave del régimen israelí mantienen el poder del veto.

Se necesita una comprensión más completa de este conflicto intratable, que tiene graves repercusiones regionales e internacionales. Sin estos entendimientos, los esfuerzos prácticos de resolución están equivocados. Este artículo pretende contribuir a esa comprensión, en particular poniendo fin al mito de los dos estados.

Aquí se argumenta que la "solución de los dos estados" y la idea de un "regreso a las fronteras de 1967" son engañosas y oscurecen la realidad actual y el posible futuro de Palestina, por estas razones:
- la noción de dos Estados oculta la realidad de un régimen único de apartheid;

- todas las condiciones establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU (resolución 242 y sus sucesoras) para un "regreso a las fronteras de 1967" han sido destruidas por el régimen israelí; y

- el régimen israelí de apartheid debe ser desmantelado, porque un régimen depredador y de limpieza étnica no puede coexistir con una Palestina independiente.
Sin embargo, tal como Washington y los israelíes entienden muy bien, la distracción de los dos estados oculta el apartheid e impide la construcción de un movimiento amplio en contra el apartheid.

Cualquier posibilidad restante de los dos estados fue finalmente destruida por el constante robo israelí de tierras palestinas y la negativa a desalojar las tierras libanesas y sirias anexadas. La idea de un "regreso a las fronteras de 1967" simplemente oculta la realidad de un régimen de apartheid ilegítimo.

1. Un velo para ocultar el apartheid

La idea de los dos estados es el velo que oculta la realidad del apartheid. La sugerencia de esta idea se planteó como recomendación en las Naciones Unidas en 1948, pero ningún gobierno israelí la apoyó realmente. Algunas facciones israelíes y el gobierno de EEUU aún plantean esta teoría, mientras que otros israelíes liberales han optado por alguna versión de un Estado democrático único (por ejemplo, Beinart 2020; Levy 2023).

Los fundadores de la colonia sionista querían toda la Palestina histórica, o todo lo que pudieran apoderarse. El pionero sionista, el austriaco Theodor Herzl, dijo que la colonia judía sería parte de "una muralla europea contra Asia, un puesto avanzado de la civilización en oposición a la barbarie. Como Estado neutral, deberíamos permanecer en contacto con toda Europa, que debería garantizar nuestra existencia" (Herzl 1896).

La opinión mayoritaria en un informe de la ONU sobre el "futuro gobierno de Palestina" (que no incluía a ningún palestino) formó la base de la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recomendaba la creación de un estado árabe, un estado judío y un "régimen especial" de estatus internacional en Jerusalén (AGNU 1947).

La población de Palestina en 1946 era 65 por ciento árabe y 33 por ciento por ciento judía, pero el comité recomendó que el área para el estado judío fuera el 55,5 por ciento del área total de Palestina. La resolución 181 fue aprobada el 29 de noviembre de 1947 con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones (Hammond 2010; AGNU 1947). Los británicos y la ONU dejaron que los grupos sionistas llevaran a cabo la limpieza étnica (Pappe 2006). Contrariamente al mito popular, la ONU no "creó" un Estado israelí; Los miembros de la ONU simplemente dieron un paso atrás y permitieron que los sionistas se apoderaran de tierras y purgaran a poblaciones enteras.

En 1947-48, el terrorista David Ben Gurion y sus discípulos tenían muy claro que al crear su entidad destruirían pueblos enteros, acabarían con toda resistencia y expulsarían a las poblaciones árabes "más allá de las fronteras del Estado" (Pappe 2006: Capítulo 4). Ben Gurion creía que se necesitaba entre el 80% y el 90% del territorio bajo mandato británico y en 1947 declaró que "sólo un Estado con al menos un 80% de judíos" sería "un Estado [judío] viable y estable". Sus planes exigían el asesinato de líderes políticos, altos funcionarios, instigadores y partidarios financieros palestinos, daños al transporte, pozos de agua, molinos, aldeas, clubes y cafés y la expulsión de las poblaciones árabes restantes (Pappe 2006: xii-xiii, 26, 28, 48).

En 1988, mientras se desataba la primera Intifada (levantamiento), el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, anunció que la OLP había aceptado las resoluciones 242 y 338 de la ONU, que parecían conceder a Israel (en realidad, a "todos los estados de la zona") una oportunidad de "fronteras seguras y reconocidas", reconociendo efectivamente a un Estado israelí, siempre y cuando retire su ocupación de tierras árabes (Damen 2022).

Los Acuerdos de Oslo de la década de 1990, basados en la resolución 242 (UNIP 1993: Art 1), generaron esperanzas, pero lo que siguió demostró que los israelíes habían utilizado estos acuerdos como cobertura para la expansión de los "asentamientos" ilegales en los territorios ocupados (Damen 2022). La Autoridad Palestina (AP), creada como un organismo temporal en espera del establecimiento de un Estado palestino (PASSIA 2014: 4-5), se convirtió efectivamente en un municipio del régimen israelí.

Sin embargo, la anexión de tierras palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este en realidad aumentó bajo el régimen de Oslo (Damen 2022). A pesar de la afirmación del primer ministro israelí Rabin de "congelar" los "asentamientos", estos crecieron debido a una explosión de inversión en infraestructura (Helm 1993; Ogram 1995; Ofran 2020). De hecho, los palestinos perdieron más tierras tras el reconocimiento del régimen israelí en expansión y la creación de la Autoridad Palestina.

El 'plan de paz' de Trump de 2020 se aferró al mito de los dos estados al tiempo que apoyaba las anexiones ilegales y trataba de 'normalizar' todas las demás violaciones de los acuerdos internacionales cometidas por los israelíes, incluidos los intentos de anexar permanentemente el Golán sirio ocupado, la destrucción y el robo de hogares palestinos en Jerusalén Este y la interminable construcción de colonias en toda Cisjordania (TWH 2020).

En los últimos años estos "asentamientos" han crecido hasta el punto de que hay más de 700 mil colonos israelíes en Cisjordania. A pesar de las silenciosas protestas internacionales, el respaldo de Tel Aviv a este proceso hace que sea poco probable que se pueda simplemente persuadir a los colonos supremacistas (como se hizo en Gaza) para que hagan las maletas y se vayan a casa.

El disidente pero autodenominado "patriota israelí" Gideon Levy (2023) dice que el régimen de Netanyahu, con su constante colonización de Cisjordania y Jerusalén Este, ha destruido cualquier posibilidad de los dos estados. Observa que existe un único estado de apartheid. "Ni un solo Primer Ministro israelí trabajó seriamente para hacer realidad la solución de los dos estados... incluso los Acuerdos de Oslo resultaron ser una promesa vacía... ahora tenemos un Estado con dos regímenes, uno democrático liberal en Israel (sic) , que incluye un régimen discriminatorio hacia los ciudadanos palestinos... y un régimen de apartheid al estilo sudafricano en Cisjordania... la lucha [ahora es] sobre la naturaleza del régimen en este Estado" (Levy 2019). En eso último tiene razón.

2. ¿Derecho internacional? Las condiciones para un "regreso a las fronteras de 1967" han sido destruidas por los israelíes

A menudo se cita el derecho internacional (la resolución 242 y sus sucesoras) para justificar el derecho del régimen israelí a existir, ignorando las violaciones de sus obligaciones de retirarse de las tierras ocupadas y el hecho de que nunca han definido fronteras. Todas las condiciones establecidas por la resolución 242 (1967) para "regresar a las fronteras de 1967" han sido sistemáticamente desobedecidas por sucesivos regímenes sionistas, con el apoyo de sus patrocinadores angloamericanos y europeos.

Después del ataque sorpresa sionista contra los Estados árabes en 1967 y la ocupación de Cisjordania palestina, Jerusalén Este, el Golán sirio, partes del sur del Líbano y el Sinaí egipcio, la resolución 242 (1967) de la ONU fue aprobada con el apoyo de Israel porque, si bien ésta solicitó una retirada israelí de los territorios ocupados, también solicitó a los estados árabes que reconocieran al régimen israelí, bajo ciertas condiciones.

El texto pertinente de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU solicitaba:
"(i) la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en el reciente conflicto;

"(ii) la terminación de todos los reclamos o estados de beligerancia y el respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de cada Estado en el área y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, libres de amenazas o actos de fuerza" (CSNU 1967).
Desde entonces, la entidad sionista (como la llaman muchos estados árabes y musulmanes que no reconocen esta entidad como Estado) sólo se retiró del Sinaí egipcio (después de un acuerdo de paz bilateral) y luego invadió el Líbano para destruir a la OLP. Incluso después de ser expulsados del Líbano (en 2000 y 2006) por la organización de resistencia Hizbullah, conservaron algunas tierras libanesas, el Golán sirio, y más tarde procedieron a consolidar su anexión de grandes partes de Cisjordania y Jerusalén Oriental.

El régimen israelí ha violado las condiciones de la resolución 242 de forma tan severa que es discutible que el sugerido "derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas" haya sido abrogado; ni siquiera intentaron declarar fronteras en sus diversas extensiones fronterizas. De manera similar, ignoraron la resolución 194 (1948) de la Asamblea General de las Naciones Unidas para permitirle a los refugiados palestinos el derecho a regresar. Más importante aún, la etiqueta internacional del Estado de Israel como un régimen de apartheid amenaza con eliminar cualquier "derecho" del Estado, aparte del deber de desmantelar el apartheid (Falk y Tilley, 2017).

Aunque hubo cierto debate interno, los israelíes nunca tuvieron la intención de desalojar las tierras que ocuparon en 1967. El lado liberal debatió si debían apoderarse permanentemente de entre el 40% y el 80% de Cisjordania, mientras que la facción abiertamente fascista, encabezada por el Likud y Netanyahu , siempre lo quiso todo. Este último argumento es a menudo referido al 'Plan Yinon' (Yinon 1982), una reiteración de antiguas ambiciones sionistas de crear un 'Gran Israel', "desde el arroyo de Egipto (el río Nilo) hasta el Éufrates" (Herzl 1960:711).

Esto implica la anexión de mucho más territorio sirio, más allá del Golán. En el lado liberal, el ministro de Trabajo, Yigal Allon, argumentó que Israel dividiría Cisjordania en una franja controlada por Israel a lo largo del río Jordán, con colonias judías permanentes ("asentamientos") y bases militares estratégicamente ubicadas en todos los territorios palestinos. Añadió que "lo último que debemos hacer es devolver una pulgada de Cisjordania" (Auerbach 1991; Shlaim 2001). Sin embargo, podrían abrirse negociaciones para una entidad palestina separada y subordinada (Pedatzur 2007). En otras palabras, las dos principales facciones israelíes estaban comprometidas con el rechazo de la mayor parte de la resolución 242 y con cualquier noción de "fronteras de 1967".

Basándose en sucesivas resoluciones del CSNU, la ONU no cambió su posición de que los residentes palestinos de Jerusalén Este, desde 1967, están bajo ocupación beligerante y, por lo tanto, están protegidos por la Cuarta Convención de Ginebra (AIC 2011:5-6). Pero esto no ha impedido su continuo despojo. La resolución 242 enfatizó "la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la guerra" (UNISPAL 1967). Haciendo caso omiso de esta resolución, los sucesivos regímenes israelíes se apoderaron de tierras utilizando diversos métodos: compra bajo coacción, incautación para fines estatales y confiscaciones penales. El gran número de caminos secundarios, bases militares, vallas y zonas de amortiguamiento también consumieron cada vez más tierras árabes.

3. A enfrentar un régimen depredador de apartheid: ilegal e incapaz de coexistencia

Ningún régimen de apartheid expansionista y de limpieza étnica puede considerarse un Estado legítimo ni puede coexistir con un Estado palestino independiente, cuya sustancia ha tratado de devorar. Actualmente hay seis informes independientes que califican a Tel Aviv de régimen de apartheid, es decir, un crimen contra la humanidad que debe ser desmantelado (CCHS 2022).

Si bien la AP dominada por Fatah y la OLP mantienen lealtad a los Acuerdos de Oslo y al reconocimiento de Israel como Estado, esa posición siempre estuvo condicionada a que los israelíes cumplieran con sus compromisos (retirada de todas las tierras ocupadas). Siempre fue una posición a la que se opusieron los sectores "rechazadores" de la OLP (por ejemplo, el FPLP), los líderes de los movimientos de la Intifada y las organizaciones de resistencia ajenas a la OLP (Hamás y la Yihad Islámica Palestina) que surgieron en los años 1980. Aceptar las fronteras de 1967 implica abandonar a los palestinos que fueron desposeídos antes de 1967.

A nivel popular la idea de los dos estados ha sido bien vista entre los palestinos, porque sugiere independencia de la potencia ocupante. Sin embargo, en los últimos años los palestinos de Cisjordania se han alejado del mito de los dos estados hacia la idea de un solo Estado y de la igualdad de ciudadanía, probablemente porque están más intensamente sujetos a las realidades cotidianas del apartheid (JMCC 2021).

Del lado israelí, la facción liderada por el Likud nunca tuvo la intención de no apoderarse de toda la Palestina histórica, mientras que el lado laborista debatía qué parte de Cisjordania querían anexar. En otras palabras, utilizaron la resolución 242 para cubrir su expansionismo. Sin embargo, los disidentes israelíes y judíos, junto con muchos palestinos, hablan ahora de la necesidad de alguna versión de un Estado democrático único (por ejemplo, LFA 2023); es decir, el camino sudafricano hacia un Estado único post-apartheid.

El problema clave para un enfoque legalista que enfatiza los dos estados y resoluciones obsoletas del Consejo de Seguridad de la ONU es que la realidad de un régimen de apartheid ha sido documentada. El informe más autorizado, preparado para las Naciones Unidas en 2017 pero dejado de lado por presión política, fue escrito por los abogados estadounidenses Richard Falk y Virginia Tilley. Redactaron sobre el deber internacional de no reconocer el régimen de apartheid y del deber positivo de desmantelarlo. Los extractos relevantes de este informe demuestran que:
"Existen pruebas abrumadoras (que muestran) que Israel es culpable del crimen de apartheid. Sin embargo, sólo un fallo de un tribunal internacional... haría que tal evaluación fuera verdaderamente autorizada... cualquier retraso agrava el crimen al prolongar la subyugación de los palestinos a la práctica activa del apartheid por parte de Israel. En consecuencia, es imperativo actuar con prontitud para... poner fin a un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo ahora" (Falk y Tilley 2017: s.3).
Asi tambien, Falk y Tilley pidieron que un tribunal internacional examinara y dictaminara sobre los asuntos objeto de sus conclusiones. Pero enfatizaron los siguientes deberes:
"Los Estados tienen el deber separado y colectivo (a) de no reconocer como legal un régimen de apartheid; (b) no fomentar o ayudar a un estado a mantener un régimen de apartheid; y (c) cooperar con las Naciones Unidas y otros estados para poner fin a los regímenes de apartheid" (Falk y Tilley 2017: s.3).
Este informe fue precedido por un informe sudafricano y seguido por otros de Gran Bretaña (Amnistía), EEUU (Human Rights Watch) y dos de Palestina-Israel (CCHS 2022).

La cuestión de no proporcionar ayuda a un régimen de apartheid socava la afirmación de que el régimen israelí tiene algún derecho a existir según el derecho internacional. Muchas de las condiciones estudiadas en estos informes (como los muros y vallas del apartheid en constante expansión en Cisjordania) no existían en el momento de la resolución 242.

El Plan de Paz de Trump de 2020, que también buscaba mantener el mito de los dos estados, mostró la terrible realidad de tal propuesta en las circunstancias actuales. En lo que se ha llamado "un alejamiento monumental del consenso internacional ya comprometido" (Procter 2020), esta propuesta, que no tuvo participación palestina, hablaba de "intercambios de tierras" donde se ofrecerían a un pequeño estado palestino partes del desierto de Negev (al sur de Gaza) a cambio de las partes colonizadas de Cisjordania.

Además de esto, el régimen israelí tomaría el Valle del Jordán, controlaría todas las fronteras y aguas territoriales, mantendría barreras de seguridad, restringiría incluso el sistema educativo palestino, seguiría utilizando a la Autoridad Palestina como agencia municipal y limitaría severamente cualquier retorno de niños palestinos refugiados (TWH 2020; JVL 2020; Procter 2020). En resumen, era un plan para lo que la Sudáfrica del apartheid llamaba bantustanes (patrias tribales) bajo la administración del apartheid. Ese funesto plan fue rechazado por los palestinos; sin embargo, es lo que se ofrece hoy a los partidarios de los "dos estados".

¿Y qué pasa con aquellos Estados que se niegan a reconocer a Israel? En primer lugar están los aproximadamente 20 Estados árabes y musulmanes que nunca han reconocido al régimen israelí. Luego hay otros 15 aproximadamente que rompieron relaciones, en su mayoría después de varias masacres de palestinos (WPR 2023). Desde entonces, tres Estados árabes (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos) han "normalizado" las relaciones bajo la presión de EEUU. Arabia Saudita hablaba de normalización, pero puso fin a las conversaciones después de la ofensiva de la Resistencia Palestina de octubre de 2023 y la respuesta sangrienta de Israel.

La ocupación y la anexión, la construcción de un régimen de apartheid y las masacres genocidas han desgastado el sueño de que puede haber una simple división de tierras y un "regreso" a fronteras y condiciones que no son aceptadas por ninguna de las partes.

Aquellos que continúan argumentando la fuerza "legal" de una "solución de los dos estados", debido a la resolución 242 y sus sucesoras, tendrán que explicar cómo y por qué ignoran el desprecio y el rechazo israelí a las condiciones de la resolución 242, y cómo luego procederán a reconocer un régimen que es ampliamente tildado de crimen contra la humanidad, como uno de esos dos Estados.

Debemos recordar que es un crimen reconocer un régimen de apartheid y brindarle asistencia (Falk y Tilley 2017). Aunque la marca del apartheid aún no está incorporada en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, debido a la influencia de los patrocinadores del sionismo en la ONU, no se pueden ignorar las implicaciones legales del apartheid.

Mientras tanto, la idea de los dos estados sigue siendo una barrera para construir un movimiento contra el apartheid, y es nuestro deber según el derecho internacional desmantelar un régimen racista, tal como se hizo en Sudáfrica, y promover un Estado con ciudadanía igual para todos, junto con un acuerdo justo sobre las cuestiones de la tierra y los refugiados.

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Referencias

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* Profesor titular de la Universidad de Sidney
Al Mayadeen