Traducido por el equipo de SOTT.net

Los expertos neerlandeses han advertido que las personas menores de 25 años, en particular, carecen de la capacidad de juicio necesaria para considerar adecuadamente la posibilidad de poner fin a su propia vida.
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© Getty ImagesCuando la muerte se convierte en una opción
La eutanasia representa actualmente el 6 % de todas las muertes en los Países Bajos, y esta cifra aumenta cada año.

Según un informe del comité regional de revisión de la eutanasia (RTE), citado por el portal de noticias Hirado, 10.341 personas fallecieron por eutanasia en 2025, y aunque tres cuartas partes de los solicitantes tenían más de 70 años, hubo un caso de una persona de entre 12 y 18 años.

El número de personas que optaron por morir mediante eutanasia debido a enfermedades mentales disminuyó en casi una quinta parte (174 casos), pero más del 85 % padecía enfermedades físicas como cáncer, trastornos del sistema nervioso y enfermedades pulmonares o cardiovasculares.

Se registraron 499 casos de eutanasia practicada a pacientes con demencia, y el RTE investigó 11 casos en los que el paciente ya no era competente. Además, 475 casos se debieron a la coexistencia de múltiples enfermedades relacionadas con la edad, y 278 casos se debieron a «otras razones».

Los defensores del derecho a la vida han argumentado que estas «otras razones» suelen incluir intereses humanos egoístas, como el caso de familiares que presionan o manipulan emocionalmente a un pariente mayor para que acepte la eutanasia con el fin de obtener la herencia más rápidamente. En estos casos, la eutanasia se lleva a cabo a menudo incluso cuando, según sus defensores, no podría justificarse.

Otros siete casos se refieren a médicos que no cumplieron plenamente con los estándares de atención exigidos, y estos están siendo investigados.

Recientemente, en España, una mujer de 25 años, Noelia Castillo Ramos, puso fin a su vida, a pesar de que sus padres libraron una batalla legal de dos años, luchando hasta el último minuto por la vida de su hija. Aunque una sentencia del Tribunal Constitucional de Madrid establece que la eutanasia no puede aplicarse en casos en los que la fuente del sufrimiento sea una enfermedad mental, ya que «el Estado tiene el deber de proteger a estas personas del riesgo de suicidio», a Castillo Ramos se le permitió, no obstante, someterse a la eutanasia.

Según la organización Abogados Cristianos, que representó a los padres de la mujer en diversas instancias durante la batalla legal, «este caso pone de manifiesto el fracaso de la ley de eutanasia, ya que facilita el suicidio sin que la persona haya recibido previamente tratamiento de salud mental», lo que significa que habría tenido la oportunidad de recuperarse y vivir una vida plena y feliz.

Los obispos católicos de España advirtieron que «la eutanasia y el suicidio asistido no son actos médicos, sino interrupciones deliberadas del vínculo asistencial, y representan una derrota social cuando se presentan como respuesta al sufrimiento humano».

En el caso concreto de Castillo, añadieron, «no se trata de una enfermedad terminal, sino de profundas heridas que claman por atención, tratamiento y esperanza». Su llamamiento también fue significativo porque podría ayudar a prevenir nuevos casos que conduzcan a la pérdida de vidas inocentes.

Los obispos españoles también recordaron a la sociedad:
«La dignidad de la persona humana no depende de su estado de salud, de su percepción subjetiva de la vida o de su grado de autonomía, sino que es un valor intrínseco que debe ser reconocido, protegido y favorecido en todas las circunstancias. Por esta razón, la respuesta al sufrimiento humano nunca puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y un apoyo integral.

Cuando la vida duele, la respuesta no es acortar el camino, sino recorrerlo juntos. Sólo así podremos construir una sociedad verdaderamente justa, en la que nadie se sienta solo ni excluido».
Un grupo de expertos neerlandeses en el ámbito de la psiquiatría infantil ha llamado recientemente la atención sobre la necesidad de actuar con especial cautela en los casos de jóvenes menores de 25 años que solicitan la eutanasia debido a un sufrimiento psicológico. Su investigación sugiere que la capacidad de tomar decisiones de las personas de este grupo de edad puede verse afectada por el desarrollo cerebral y por una serie de factores externos.

Según los profesores citados, es menos probable que la situación de los menores de 25 años se considere permanente que la de quienes son mayores que ellos. Además, están más expuestos a la presión social y a las influencias de Internet, lo que puede causarles un daño significativo y llevarles a tomar una decisión impulsiva y poco meditada.