Cerca de 36.000 funcionarios chinos fueron sancionados por violar las leyes y regulaciones del país en 2011, según fuentes del Ministerio de Supervisión.

"Hay que sancionar a los funcionarios corruptos sin compasión, sin importar quienes sean ni qué cargos ocupen", dijo el martes en una declaración un alto funcionario de la cartera china que se abstuvo de revelar su identidad.

Los funcionarios que incurren en actos de corrupción y violan las leyes son retirados de sus cargos o expulsados del Partido Comunista de China (PCCh), además de recibir sanciones legales, según las leyes nacionales.

"La investigación de estos casos, especialmente aquellos graves o de mucha influencia, no sólo tiene el fin de sancionar a los funcionarios corruptos y mantener la disciplina del PCCh, sino que también muestra a los otros empleados del gobierno la resolución firme del Partido en la lucha contra la corrupción y su decisión de garantizar los intereses inmediatos del pueblo", señaló la misma fuente, que añadió que la estrategia también resultó en una mejora del sistema y de la administración.

El país se ha esfozado por sancionar a quienes incurrieron en demoliciones forzosas ilegales y en la apropiación ilícita de tierras, así como a aquellos que violaron leyes y regulaciones en áreas como la seguridad alimentaria y de medicamentos y la construcción de viviendas para las personas de escasos ingresos, agregó.

El Ministerio de Supervisión y la oficina del Consejo de Estado para la rectificación del abuso de autoridad trataron el año pasado 11 casos de demolición forzosa que provocaron muertos, y sancionaron a 57 funcionarios de acuerdo con las disciplinas administrativa y del Partido.

La cartera también investigó 13 casos graves de seguridad laboral, de los cuales nueve fueron terminados con la sanción de 269 funcionarios.

De acuerdo con el documento, más de 15.000 funcionarios, o un 42 por ciento de los sancionados, lo fueron por fallas en el ejercicio de sus cargos, y otros 8.500, por malversación de fondos o aceptación de sobornos.

Además, el ministerio también ha centrado su atención en casos de los sobornos comerciales, las cuentas denominadas "pequeños cofres privados" y el uso inapropiado de vehículos gubernamentales, así como la celebración indebida o irregular de recepciones y seminarios.