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Una pintada en una pared del solar dejado por un edificio derribado.
Cristina Navarro, con dos hijos de siete y nueve años, paga la hipoteca de la casa que tenía en el barrio lorquino de la Viña, demolida, y el alquiler de la que habita ahora. Y no le resulta fácil porque ha perdido el trabajo que tenía en un comercio que aún no ha podido reabrir. El caso de Navarro encapsula las consecuencias del terremoto que sufrió Lorca hoy hace un año. Miles de personas siguen sin ver la luz 365 días después de que la tierra temblara y desmontara sus vidas. Unos 7.000 de los 93.000 vecinos que tiene la población continúan desplazados de sus viviendas bien porque se han derribado, porque no son habitables o porque no se han hecho los trabajos de reparación. Para más inri los alquileres se han disparado y es difícil que bajen de 450 euros.

Ha sido un año de tristeza en el que a la devastación causada por el seísmo se ha unido la lentitud de la respuesta de las administraciones, que han pasado por dos procesos electorales y están hundidas en la crisis y enredadas en la complejidad burocrática de la situación. El caso es que los lorquinos aún no han visto el dinero prometido para rehacer sus vidas y no saben cuándo lo verán. Los 1.650 millones del plan Lorca del Estado y el Gobierno autonómico para la rehabilitación total y el impulso económico empiezan a parecer una quimera. En el horizonte solo se atisban los 230 millones y las pequeñas exenciones fiscales ofrecidos por un real decreto.

Unos 5.000 lorquinos se manifestaron anoche para exigir a las distintas administraciones el cumplimiento de los compromisos adquiridos. "Queremos decir al mundo que no hemos vuelto a la normalidad, que las promesas están pendientes y que un año después seguimos igual", afirmó Lola García, una de las manifestantes.

Por la ciudad se respira desolación, sobre todo en los solares de las 1.162 viviendas demolidas que esperan las grúas y las máquinas para volver a ser los hogares de los miles de personas que ahora viven de alquiler, en segundas residencias, con familiares y hasta en inmuebles en estado de indefinición (hay 150) o con el código rojo que indica su próxima demolición. "Ha sido el año del dolor y la incertidumbre porque las ayudas no llegan", asegura Juan Carlos Segura, portavoz de la asamblea de vecinos afectados por el seísmo.

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Para el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, el camino ha sido equivocado desde el principio. "Había que haber dictado de entrada una ley de emergencia para recuperar Lorca, en lugar de un sistema de ayudas que no ha sido el mejor de los procedimientos", critica Jódar. El edil, no obstante, muestra cierto optimismo: "En las últimas semanas se han aprobado 180 licencias de reconstrucción y nuestra previsión es alcanzar el 80% de licencias para las viviendas demolidas en agosto". La apertura de la oficina única de asesoramiento integral para reconstruir viviendas permite a Jodar decir que "Lorca va a empezar a reconstruirse a velocidad de crucero".

La comisionada del Gobierno para Lorca, Inmaculada García, reconoce que "queda por hacer muchísimo más de lo que se ha hecho" y añade que en "los próximos días" está previsto que los lorquinos reciban los 230 millones de euros previstos en el real decreto. Uno de cada 10 comercios de Lorca está cerrado desde el seísmo, según Antonio García, presidente de la Unión Comarcal de Comerciantes.