© EurostatCifras en miles de millones de Euros, Renta 4.
El riesgo y las dificultades siguen plenamente vivas; pero sí que se puede apreciar, sin entrar en valoraciones políticas de ningún tipo, la diferente manera de afrontar los hechos que han tenido los dos equipos económicos que han vivido esta crisis.
Haciendo un ejercicio de síntesis muy grande, todo podría resumirse en elegir el camino de la austeridad o el camino del incremento del gasto (público, para más señas) como vía para salir de este túnel económico en el que nos encontrábamos y en el que seguimos.
© EurostatCifras en miles de millones de Euros, Renta 4.
Valga como muestra contundente, por lo indiscutible de los datos, el gráfico que se acompaña donde puede verse en serie continua la evolución de los ingresos y gastos públicos en España desde el año 2002 hasta el año 2011. Lo primero y lo fundamental en lo que hay que reparar es cómo evolucionan a partir del año 2007 ambas variables.
El gasto público a lo suyo, con un Gobierno pretendiendo relanzar la economía inyectando dinero al sistema, y los ingresos deprimiéndose año tras año por el desplome de la actividad económica, fundamentalmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El resultado final es que nos encontramos a finales de 2011 con un Estado que en los tres últimos años de la pasada legislatura, estaba gastando 100.000 millones de euros más de los que ingresaba año tras año.
Déficit público y deuda pública
Por establecer un origen, y saber que todos hablamos de lo mismo, la traducción a un lenguaje más comprensible es la siguiente: el déficit público sucede cuando los gastos en que incurre un gobierno (sería mejor decir un país, pero realmente el gobierno es quien gestiona en nombre de todos y por tanto el responsable) son superiores a los ingresos que genera; mientras que la deuda pública es el agregado de los sucesivos déficits o superávits que pudieran generarse año tras año.
Así, para que valga como referencia la senda española en los últimos 5 años, en 2007 nuestra deuda pública estaba entorno al 40% del PIB, a finales de 2011 ya se encontraba en el 68,5% del PIB, y según datos de septiembre de 2012, el nivel ha subido hasta el 78,5% del PIB y las expectativas del Gobierno es que se alcance el 90.5% del PIB a finales del próximo año.
Sería ahora bueno recordar, para no perder la perspectiva, que una de las condiciones que debían cumplir los países candidatos para poder acceder al euro, condición que sigue viva y que debería cumplirse, es que su deuda pública no fuera superior al 60% del PIB.
Ahora bien, aun siendo evidente el empeoramiento del ratio de la deuda pública española, en esto no somos ni mucho menos los peores de la clase y si no lo creen, pasen y vean: Grecia (132,4%), Italia (123,3%), Portugal (111,7%) o Irlanda (108,5%) tienen el dudoso honor de encabezar esta lista, pero es que incluso países como Bélgica (101,8 %), Francia (89,2 %) o Alemania (81,6 %) están claramente con ratios de deuda pública superiores a los españoles.
Y llegados a este punto...
La pregunta es obvia: ¿Y si no somos los peores, por qué estamos sufriendo más que los demás? Para entenderlo hay que asomarse a un nuevo concepto, el déficit primario, que es algo muy sencillo de explicar: es igual al déficit público tal y como lo definíamos antes, pero sin considerar el pago de los intereses de la deuda.
Si atendemos al gráfico elaborado por la OCDE para el cierre del año 2011 en el que se recogen los déficits primarios de varios países seleccionados, vemos que España es claramente la que está en peor situación de los países de la eurozona. Es decir, las cuentas de nuestro país están desajustadas, están en desequilibrio. Nos estamos endeudando más cada año y nuestro país no está generando el dinero para devolver esa deuda.
Es decir, un déficit primario negativo del 3,3% en un país que ha aumentado su deuda pública de forma muy importante en los últimos cuatro años, es un claro mensaje para los mercados, que es donde están los que nos prestan el dinero; si éstos perciben al país en cuestión como un riesgo latente, se van a producir automáticamente dos efectos. Uno es que habrá menos candidatos para prestar el dinero, y el otro efecto es que quienes lo presten pedirán a dicho país mayores intereses para dárselo porque saben que están arriesgando más prestándoselo a este país que a países como Alemania o Suecia.
Añádase a todo lo anterior que la economía española se encuentra en situación de recesión, es decir, no crece sino que al contrario, decrece. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el PIB español se contraerá un 1.7 % este año y un 1.2% en 2013. Por otro lado, el Gobierno español en la presentación de presupuestos para el año 2013 hablaba de una caída del PIB del 1.5 % en 2012 y del 0.5 % en 2013, en línea con lo esperado por la agencia de calificación crediticia Standard & Poors (S&P).
Lo cual no evitó que ésta rebajará el pasado 10 de octubre la calificación de la deuda pública española en dos escalones (de BBB+ o "aprobado alto" a BBB- o "aprobado bajo"), situándola además con perspectiva negativa y al borde del bono basura.
Destilado final
Parece evidente con lo relatado previamente que para una situación como la actual en España, con un déficit público que ha estado desbocado estos últimos años y una recesión económica fuerte, la solución pasaba por poner primero orden en casa parando la hemorragia de la deuda pública y sus añadidos intereses (la prima de riesgo ¿recuerdan?); que es en lo que estamos.
Pero, ¿si lo que exige la situación es reducir el gasto público, entonces por qué suben los impuestos?, se preguntará más de uno. Buena pregunta. Y la respuesta, para cerrar el círculo de esta deconstrucción de la crisis económica española, es que una parte importante del gasto y del déficit se está generando no en el gobierno central, que también, sino en las autonomías.
De ahí la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria y las amenazas del Gobierno de intervenir las autonomías que no cumplan con el objetivo de déficit. Pasa entonces que el que las autonomías ajusten su gasto no es algo que se vaya a poder hacer de forma inmediata. Por eso el Gobierno, necesitando cuadrar las cuentas como sea para hacer frente a sus compromisos con la Unión Europea, levantó la cabeza, miró alrededor y caminó hacia la solución más automática y fácil de controlar, el aumento de impuestos de todo tipo y condición, o casi, a particulares y empresas.
Si todo esto mantiene la lógica que debiera, en el corto/medio plazo, una vez que el Estado y las autonomías hayan "adelgazado" lo suficiente, esas subidas de impuestos deberían desaparecer sobre la marcha, con el fin de relanzar el consumo y con ello la actividad económica. Esperemos y veamos.
Comentarios del Lector
a nuestro Boletín