Diciembre comenzó con otro asesinato del poder en las tierras de nuestra América: el dirigente campesino Vidal Vega fue asesinado en su domicilio junto a su familia a manos de sicarios. Vidal desde junio presidía la Comisión sin Tierra de Marina Cué en Paraguay desde la cual acompañaba a los familiares de las víctimas de la masacre de Curupaytí y estaba por recuperar 500 hectáreas para la comunidad campesina.
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© Jorge Saenz/AP
La masacre de Curupaytí fue la puesta en escena que, además de costarle la vida a once campesinos, sirvió de excusa para el golpe político que depuso al presidente Fernando Lugo. Con el correr del tiempo el hecho dejó en evidencia el armado de los sectores más conservadores del país y sus conexiones con la empresa Monsanto, la cual obtuvo el permiso para ingresar al mercado a los pocos días de que Franco arrebatara el poder.

El asesinato no sólo debe leerse desde la lucha que realizan los campesinos por sus tierras, sino que Vidal participaba en la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos (PEICC), organismo dedicado a investigar la masacre desde la verdadera versión. Dentro de la información que están recavando, el campesino era un testigo clave por la masacre ocurrida, sin embargo la carátula de la causa deja leer que "todo apunta a un ajuste de cuentas".

El 10 de octubre pasado, en Santiago del Estero ocurría algo similar con Miguel Galván: muerto a manos de sicarios contratados por los empresarios sojeros, luego de las denuncias previamente elevadas para que al final la principal hipótesis del asesinato sea un "ajuste de cuentas". Dentro de Latinoamérica, sin importar frontera la tierra se sigue y seguirá manchando con la sangre de los campesinos asesinados por la complicidad y en aval de los distintos poderes en pos de intereses que lejos están de la representación.

Apenas Federico Franco asumía el poder de facto de Paraguay, le permitía a la empresa Monsanto la comercialización de sus productos en el país, junto a los químicos que necesitan para la actividad. Chile y Argentina hace tiempo vienen gestando la "Ley Monsanto", conocida como la "ley de las semillas", la cual le procura a la empresa el control monopólico del primer eslabón de la producción (la semilla), dándoles la exclusividad a la hora de venderlas; no obstante en nuestro país se instalará la planta industrial de las futuras semillas únicamente válidas que requerirán a lo largo de su crecimiento un cóctel de agrotóxicos altamente nocivos. Por su parte México, hace dos semanas cedió alrededor de 3 millones de hectáreas a Du Pont (Monsanto y Pioneer) para producir maíz transgénico de la misma marca.

No sólo la ley juega a favor de quién produce la semilla y los productos para su crecimiento (la misma empresa), sino que cercena la producción de los campesinos. La reglamentación si llegase a entrar en vigencia impediría a los productores guardar las semillas naturales para futuras siembras, armando un catálogo de la biodiversidad argentina en manos de Monsanto. Sin embargo la ley encuentra sus resistencias a lo largo del continente bajo la consigna "Fuera Monsanto", a través de la cual diferentes organizaciones llevan a cabo diversas actividades, movilizaciones y denuncias. El último domingo tuvo lugar en nuestro país, una concentración frente a las oficinas de Monsanto, en el barrio de Retiro.

Los recursos y aliados del modelo sojero tienen estas consecuencias y a la larga tendrá sus propias limitaciones: contaminación y desgaste de los suelos. Vidal en Paraguay y Galván en Argentina (por nombrar los últimos) guardan el correlato del extractivismo dejando de manifiesto que la explotación, la persecución y el saqueo a los pueblos originarios y campesinos perdura a lo largo de cinco siglos; sólo cambió de forma.