(España) - Tras la finalización de la comparencia de esta tarde en los juzgados de San Sebastián, tras la que el juez ha dictado prisión para Kote Cabezudo , el fotógrafo donostiarra y el letrado que le representa se dirigieron a un establecimiento hostelero del barrio de Gros. Cuando se hallaban dentro del mismo accedieron al local varios miembros de un equipo de televisión con el objetivo de obtener imágenes del investigado.
Acto de protesta contra Kote Cabezudo esta mañana ante los juzgados de San Sebastián.
© L. MichelenaActo de protesta contra Kote Cabezudo esta mañana ante los juzgados de San Sebastián.
Fuentes consultadas indicaron que en ese momento Kote Cabezudo sufrió una especie de «síncope», por lo que se requirió la presencia de una unidad de asistencia sanitaria que evacuó al fotógrafo al servicio de Urgencias del Hospital Donostia.

El juez que instruye el caso de Kote Cabezudo, investigado por varios delitos, entre ellos contra la libertad sexual presuntamente cometidos sobre varias modelos que habrían posado en su estudio, había acordado este viernes su ingreso en prisión sin fianza. Lo ha hecho a petición de la Fiscalía de Gipuzkoa que ha apoyado la tesis del letrado Mario Díez, que representa a ocho de las víctimas y que asimismo ha demandado la entrada del investigado en la cárcel.

Han sido los fiscales Jorge Armando Bermúdez y Javier Zaragoza quienes han secundado los argumentos de la acusación particular por supuesta «reiteración delictiva» del acusado y «daños a los bienes jurídicos de las víctimas», al considerar que el investigado no ha eliminado en su totalidad de internet el material gráfico que obtuvo de las modelos.

La instrucción del caso contra Kote Cabezudo se remonta a 2013 y se dirige contra el fotógrafo por presuntos delitos de estafa, revelación de secretos, injurias, amenazas, abusos sexuales, producción y difusión de pornografía infantil, corrupción de menores y violación.

Hasta el momento, el fotógrafo se encontraba en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecencias los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte, si bien había depositado 400.000 euros en avales para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa.