(España) - La Guardia Civil de Ceuta ha detenido en las inmediaciones del Hospital Universitario de la ciudad autónoma al ciudadano marroquí de 38 años que conducía la furgoneta kamikaze que este lunes a las 2.30 horas se ha llevado por delante las puertas de control de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera del Tarajal para introducir irregularmente en territorio español a 52 migrantes de origen subsahariano que transportaba hacinados en su interior.
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El arrestado supuestamente reventó la nueva verja de la Policía Nacional colocada hace apenas un mes e hizo lo propio, aunque ya llevaba todas las ruedas pinchadas, con la del puesto de control aduanero de la Guardia Civil.

Durante las próximas horas será puesto a disposición judicial acusado, entre otros presuntos delitos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, lesiones, desobediencia y atentado con empleo de medio peligroso.

Tras atravesar las líneas de control marroquíes y españolas, una vez en la ciudad autónoma, el vehículo fue interceptado a unos 500 metros del paso fronterizo, en el cruce de la Carretera Nacional 352 con el vial de acceso a la barriada del Príncipe y el Hospital Universitario, en cuyas inmediaciones se alcanzó al conductor.

En el interior de la furgoneta se encontró a 52 personas de origen subsahariano, 34 hombres, 16 mujeres y dos menores de edad. Las Fuerzas de Seguridad solicitaron el apoyo del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Inmigración de la Cruz Roja, que constató el "buen estado general de salud" de todos salvo cuatro que fueron trasladados al Hospital y posteriormente dados de alta con esguince de tobillo, esguince de rodilla, dolor abdominal y vómitos, respectivamente.

El uso de automóviles 'kamikaze' para introducir personas irregularmente en Ceuta se viene repitiendo esporádicamente desde 2013, aunque nunca con un número tan elevado de personas. El año pasado el primer conductor condenado en la ciudad por utilizarlo con 14 personas en un todoterreno aceptó por conformidad abonar una multa de 450 euros por un delito de falsedad documental, otros 225 por otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y año y medio de cárcel por atentado en concurso con lesiones con empleo de medio peligroso.