
El juez federal Luis Rodríguez investiga a Aranguren por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, debido a que, mientras oficiaba como ministro, tenía acciones de la petrolera Shell, para la cual trabajó como director ejecutivo antes de asumir el cargo.
La denuncia sostiene que, con los aumentos de tarifas, el ministro beneficiaba a la compañía con la que aún mantenía vínculos accionarios.
En tanto, a Alonso la acusan por presunto encubrimiento y abuso de autoridad, por no controlar dicha incompatibilidad.
El magistrado decidió trabar un embargo de 1.200.000 pesos(unos 20.000 dólares) para Aranguren, y otro de un millón de pesos para Alonso.
La semana pasada, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción había prestado declaración indagatoria, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento



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