Angela Merkel y el CEO de RWE.
Seguramente habrás escuchado antes la palabra
ecocidio. No es un concepto nuevo. En 1972, en el marco de la Conferencia sobre el Medio Ambiente de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, el primer ministro sueco Olof Palme se convirtió en el primer jefe de Estado en utilizar la palabra
ecocidio para referirse a la destrucción masiva del medio natural causado por el ejército de Estados Unidos con defoliantes en Vietnam.
Sin embargo, desde 2021, la palabra
ecocidio dispone de una definición jurídica propuesta por un grupo internacional de 12 juristas para que la Corte Penal Internacional (CPI) lo reconozca como el quinto crimen contra la paz en el Estatuto de Roma.
En concreto, se define
ecocidio como «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente».
Según la propuesta, un
ecocidio se considera «arbitrario», por ser una imprudencia temeraria que cause unos daños manifiestamente excesivos en relación a la ventaja social o económica prevista; además debe ser un daño «grave» que cause cambios, perturbaciones o perjuicios adversos y notorios en cualquier elemento del medio ambiente, incluidos los efectos para la vida humana o los recursos naturales, culturales o económicos; también el daño debe ser «extenso», que vaya más allá de una zona geográfica limitada, rebase las fronteras estatales; y finalmente será un daño «duradero», de carácter irreversible o que no se pueda reparar mediante la regeneración natural en un plazo razonable.
