(España) -
La Oficina Antifraude, con un testimonio protegido, y la Sindicatura de Cuentas investigan las irregularidades en la DGAIA desde el año 2016, bajo el control de ERC.

© Gorka Loinaz ARABA PRESSTraspaso de poderes entre Pere Aragonès y el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
El caso de la niña de 12 años violada varias veces mientras estaba bajo tutela de la Generalitat ha desatado una tormenta política en Cataluña con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en el punto de mira.
Tres días después de conocerse nuevos detalles de los errores en la guarda de la menor que sufrió abusos sexuales entre 2020 y 2021, la consejera Mònica Martínez Bravo comunicó ayer la intención del Govern de personarse como acusación popular en el juicio contra la red pederasta y reconoció que "es evidente, desde hace años, que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) necesita una transformación profunda".
La consellera aseguró que su equipo ha iniciado "una transformación integral" del organismo autonómico responsable de la protección y acogida de menores y jóvenes ex tutelados. Unos cambios que, hace menos de dos meses, llegaron hasta la cúpula, con la destitución de la directora y el subdirector, Isabel Carrasco y Joan Mayoral, apenas medio año después de su nombramiento.