(España) -
El Gobierno destina 20,8 millones de euros anuales al mantenimiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros y a las deportaciones forzosas de migrantes.
© A.M. Ionas
Concentración en Valencia del colectivo CIEs No, en 2015.
Motines al grito de "libertad, libertad", fugas y huelgas de hambre son algunas de las acciones que han tenido lugar en las últimas semanas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona) o Sangonera la Verde (Murcia). El lunes 14 de noviembre, doce personas internas en este último se fugaron tras protagonizar un motín, el tercero en este centro en las últimas semanas. El foco mediático ha recaído sobre estos incidentes y desde algunos medios no se ha dudado en criminalizar a quienes los han protagonizado.
Para la abogada de extranjería Carmen Cabrera, que desde 2007 se ocupa de casos de personas internas en el CIE de Zapadores (Valencia) y ofrece asistencia jurídica de manera voluntaria en el Servicio de Orientación Jurídica del CIE (SOJCIE), estos incidentes son una muestra de "
resistencia frente a unas condiciones inhumanas, ya que un CIE es un espacio hostil tanto para la gente interna como para policías, nadie quiere estar allí, quizás debido a estos actos se esté demorando la reapertura de Zapadores, que está cerrado por una plaga de chinches que persiste desde hace unos dos años".
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