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El estudio, efectuado por la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, califica de degradante la atención brindada a personas de la tercera edad por parte de autoridades municipales.
También ilustra casos de abusos físicos, robos en viviendas y la deficiente ayuda que reciben para la higiene personal.
De acuerdo con estadísticas recientes, en el Reino Unido hay más de 500 mil adultos mayores que viven de la atención que le prestan las autoridades locales.
La comisión encargada de denunciar ese tipo de trato exigió al gobierno del primer ministro David Cameron reformar el actual sistema de seguridad social y garantizar mayor protección a los ancianos.
Frente a la crisis financiera, uno de cada tres ayuntamientos del Estado europeo recortó el gasto en esta área mientras que otros tienen planes para hacer lo mismo.
Recientemente, organizaciones humanitarias británicas también denunciaron al Gobierno por ignorar la Ley de Igualdad al tramitar proyectos para reducir en unos dos mil millones de dólares los beneficios de personas con discapacidad.
Una coalición de al menos 270 asociaciones benéficas pidió la revisión de dicha normativa por autoridades judiciales.
La Alianza de la Discapacidad advirtió al Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) que recurrirá a acciones legales para inspeccionar los planes de los ministros sobre el reemplazo del subsidio de manutención a incapacitados.
Entre las medidas anticrisis impulsadas por el Ejecutivo británico figura la privatización de todos los servicios públicos del país para poner fin al llamado monopolio del Estado.
La oposición laborista y los sindicatos sostienen que detrás de la intención del Gobierno se esconde una gran liberalización encubierta de varios servicios a la población hasta ahora intocables en la nación europea, entre ellos el Sistema de Seguridad Social.
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