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El Comité Ejecutivo de la CES, presidido por el español Ignacio Fernández, exigió a los líderes de las 27 naciones miembros de la UE, reunidos en una cumbre en Bruselas, seguir un proceso enteramente democrático a la hora de cambiar los pactos de la Unión.
Para el sindicalismo europeo, la proyectada modificación del Tratado de Lisboa es la gota que colma el vaso, en un proceso que califican de degradación económica, política y democrática, cristalizado en medidas que ya empujaron a la ruina a varios países.
El proyecto impulsado por el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller federal alemana, Ángela Merkel, incluye la imposición de sanciones a los estados que violen el techo de déficit, fijado en 3,0 por ciento del Producto Interno Bruto, y el 60 por ciento de deuda.
No existe ninguna solución rápida de reforma que no cause una desilusión suplementaria a los ciudadanos respecto a nuestras instituciones políticas, afirmó la CES, tras una reunión en Bruselas para analizar la situación económica y social en el viejo continente.
Tanto Fernández, líder de Comisiones Obreras (CC.OO.), como su par de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, consideraron un atropello a la democracia europea que la iniciativa Merkel-Sarkozy sea aprobada sin la ratificación a nivel nacional.
Como salida a la crisis, la CES pidió la acción del Banco Central Europeo para sostener las deudas de los países, la emisión de eurobonos, un plan de inversiones, la abolición de los paraísos fiscales y el establecimiento de una tasa a las transacciones financieras.
Según el secretario general de CC.OO., propuestas como limitar el déficit público en la Constitución o sancionar automáticamente a las naciones que lo incumplan, abundan en el error a la hora de abordar la crisis y ponen a Europa a las puertas de una nueva recesión.
A juicio de Méndez, detrás de estas posturas impuestas por el eje franco-alemán hay "mucho de empecinamiento ideológico y bastante de interés electoral", ante la cita con las urnas en las primaveras de 2012 y 2013 en ambos países.
Denunció la contradicción de estas medidas, porque pretenden tranquilizar y generar confianza en los mercados y lo que hacen es restar crecimiento económico y provocar miedo, desconfianza y cierto rencor entre los ciudadanos.
Las organizaciones sindicales anunciaron una gran jornada de movilización a escala europea, cuya fecha definirán a principios del próximo año.
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