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Luego de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunciara que iniciará una investigación sobre la influencia de las colonias judías en la vida de los territorios palestinos, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que rompió relaciones con el organismo de Naciones Unidas. "No vamos a permitir que los miembros del Consejo de Derechos Humanos visiten Israel. Nuestro embajador ha recibido instrucciones de ni siquiera contestar las llamadas telefónicas", explicó un responsable de la Cancillería israelí.

El anuncio del gobierno israelí implicará el cese de contactos con el Consejo, la no autorización del ingreso a su territorio de una comisión a la que el organismo de la ONU encargó recoger datos en las colonias judías y la negativa de Tel Aviv de enviar documentos escritos.

La decisión de Netanyahu llega luego de que aceptara la decisión del Tribunal Supremo del país de desalojar uno de los mayores asentamientos de Cisjordania, ya que la construcción se hizo en un terreno privado palestino. Esa decisión produjo un tembladeral en la coalición gobernante ya que el partido nacional religioso Habait Hayehudi amenazó con abandonar el espacio debido a la orden judicial, que rechazó la solicitud del gobierno de aplazar el desalojo hasta 2015.

Además, el gobierno israelí argumenta que el Consejo de la ONU perdió credibilidad cuando,en 2009, pidió al juez Richard Goldstone que escribiera un informe sobre la operación "Plomo Fundido", conducida por Israel en Gaza para repeler al movimiento de resistencia islámica Hamas, un documento que Israel consideró difamatorio.

Incluso el primer ministro israelí comentó hace unos días que el Consejo "adoptó hasta ahora 91 decisiones: 39 de ellas se referían a Israel, 3 a Siria y 1 a Irán", lo que es interpretado por el gobierno como una suerte de "obsesión" de la institución internacional con Israel.

El pasado viernes, el ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, criticó la decisión del Consejo y aseguró que es una prueba de que los palestinos no quieren reanudar las negociaciones con Israel. "Nos enfrentamos al terror de Al Qaeda por un lado y al terror diplomático de Abu Mazen por el otro", sostuvo Lieberman, en referencia al apodo del presidente palestino, Mahmud Abbas.

En Cisjordania y en Jerusalén este viven cerca de medio millón de colonos --en asentamientos que según la legislación internacional son ilegales-- rodeados de unos 2,5 millones de palestinos. Su desmantelamiento es un reclamo central de los palestinos para volver a sentarse a la mesa de negociación por la paz. Sin embargo, para Israel existen dos clases de asentamientos: los que son construidos con permiso y los puestos externos ilegales.