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El fin de las manifestaciones es pedir mayor democracia y mejoras económicas

El grupo humanitario Human Rights Watch (HRW) señaló que la "tortura endémica", la impunidad de quienes la practican y los abusos de la policía fueron elementos clave para detonar las masivas protestas populares en Egipto.

Según el informe de la organización no gubernamental titulado "Insiste hasta que confiese: impunidad para la tortura en Egipto", el gobierno alienta la tortura, al no garantizar que los funcionarios acusados de este delito sean investigados y procesados legalmente.

En el documento publicado este lunes, el organismo incluye el caso de Khaled Said, de 28 años, quien murió en junio pasado tras la golpiza que le propinaron dos policías encubiertos en las calles de Alejandría, lo cual inició una serie de protestas.

El fiscal local ordenó cerrar las investigaciones y dispuso el entierro de Said, decisión que aumentó el tono de las protestas y obligó a que las autoridades reabrieran la investigación y llevaran el caso a la Corte.

El caso generó la creación de la página en Facebook llamada "Todos somos Khaled Said", que ayudó a organizar las manifestaciones iniciadas desde la semana pasada en Egipto. Por ello, el informe del grupo humanitario Human Rights Watch (HRW) urgió a los funcionarios egipcios a realizar reformas legales, estructurales y políticas, para garantizar que el sistema judicial llame a cuentas a los perpetradores de tortura y evite abusos futuros.

"La vasta mayoría" de las quejas de tortura nunca llegan a la Corte por la intimidación de los policías a las víctimas o a los testigos, por un inadecuado marco legal y por las demoras en enviar a quienes fueron torturados a una revisión médica, afirmó. El grupo destacó que otro obstáculo para ofrecer justicia a las víctimas de tortura en Egipto es que policías de la misma unidad son los encargados de reunir evidencia y convocar a los testigos. Hasta ahora, han muerto más de 100 personas en Egipto, desde que la semana pasada empezaron una serie de protestas en todo el país, con el fin de pedir mayor democracia y mejores económicas, así como la renuncia del presidente Hosni Mubarak.

A su vez, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno egipcio que deje de obstruir el trabajo de los reporteros que cubren las protestas. También pidió al gobierno devolver de inmediato el equipo incautado a la cadena de noticias Al Yazira y a otros medios de comunicación, así como restablecer la conexión a internet y los servicios de mensajes cortos por celular, que interrumpió desde la semana pasada.