Diputados del Congreso de la República de Guatemala aprueban una ley que criminaliza la protesta social y la reunión civil.
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El Congreso de la República de Guatemala aprobó modificaciones a una ley que criminaliza a integrantes de Organizaciones No Gubernamentales u ONGs como se les conoce, que se asocien para defender los derechos sociales o que no especifiquen el destino de los fondos que reciben del extranjero.

Varias organizaciones, fundaciones y agrupaciones que reciben fondos del mismo Gobierno pero también de otros países han externado su rechazo a dicha ley. La organización pro derechos civiles, Acción Ciudadana, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, también justifica la modificación a la ley.

Un analista concluye que únicamente es un mecanismo de control para evitar las manifestaciones en contra del Gobierno.

Organizaciones internacionales incluyendo Naciones Unidas ven el contenido de la ley con suma preocupación porque violenta de manera arbitraria los derechos humanos de los ciudadanos guatemaltecos.

De momento es la Corte de Constitucionalidad quien tiene en sus manos el otorgar un amparo provisional para que la ley no nazca a la vida jurídica, caso contrario será el presidente de la República en última instancia quien corra con esa responsabilidad.