La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) en Uruguay anunció que se declara en conflicto a dos días de la asunción del nuevo Gobierno, presidido por Luis Lacalle Pou.
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Los docentes dijeron que tomaron "las siguientes resoluciones: ratificar el rechazo al anteproyecto de ley de urgente consideración por su forma y contenido. Declararnos en conflicto y establecemos una movilización nacional el 12 de marzo de difusión y debate", afirmó Fenapes en su página web.

Los profesores tomaron esta decisión porque rechazan el paquete de medidas impulsado por el próximo Gobierno denominado ley de urgente consideración.

La coalición de partidos de centroderecha que apoya al presidente electo presentó el 22 de este mes un proyecto de ley con 457 artículos que modifican aspectos de seguridad, educación, economía, empresas públicas y relaciones laborales, entre otros, para que sea tratado por la nueva legislatura tras la asunción de las autoridades. el 1 de marzo.

La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del todavía gobernante Frente Amplio (izquierda), que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.
"El segundo punto en el orden del día se analizó los posibles impactos de la Ley de Urgente Consideración en la educación pública. Se discutieron los pasos a seguir con el objetivo de movilizarse e informar a la población sobre esta norma que, de aprobarse, marcará un rumbo regresivo en la enseñanza", afirmó Fenapes.
En el comunicado se afirma que los docentes harán alianzas con la central sindical Pit-Cnt en defensa de la educación pública, estableciendo una movilización para fines de marzo y en abril.

El 14 de febrero, distintos analistas sostuvieron a Sputnik que la ley de urgente consideración podría generar un mayor conflicto social que podría desencadenar en protestas como las que se observaron en América del Sur durante el año pasado.

Desde el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales se cuestiona que la ley de urgente consideración restringe el derecho a huelga, limita la negociación colectiva, "criminaliza la protesta social" y demonopoliza la importación, exportación y refinación de combustibles