"La actitud del Gobierno actual formado por PSOE y Unidas Podemos es de desinterés absoluto. No hay un interlocutor que se ocupe de este tema".
as víctimas de la talidomida tenían esperanzas en que el vicepresidente segundo para Asuntos Sociales se implicara en la solución de su problema pero no lo ha hecho después de dirigirse a la Asamblea General de la Asociación.

Las víctimas de la talidomida tenían esperanzas en que el vicepresidente segundo para Asuntos Sociales se implicara en la solución de su problema pero no lo ha hecho después de dirigirse a la Asamblea General de la Asociación.
Así se expresa Rafael Basterrechea, vicepresidente de la asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), entidad que acaba de formalizar la demanda contenciosa-administrativa ante la Audiencia Nacional.

El colectivo de afectados se muestra muy decepcionado con el vicepresidente del Gobierno para Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, al que este colectivo se dirigió tras la última Asamblea General celebrada el pasado mes de febrero para buscar una salida a este asunto.

Sin embargo, su implicación en el tema ha sido muy escasa.

De desinterés.

"Por deliberada dejadez en el cumplimiento de la ley, que en su artículo cuarto comprometía al gobierno a finalizar el proceso en 2018, y estamos casi en 2020", señala Basterrechea.

400 millones de euros de indemnizaciones al ministro de Sanidad

En total le reclaman al Ministerio de Sanidad 400 millones de euros por haber incumplido lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 6/2018, en concepto de indemnizaciones a este colectivo de afectados.

Con anterioridad, Avite instó un expediente administrativo que empezó con una reclamación patrimonial que presentaron en julio del 2019.

Al haber pasado seis meses y no tener respuesta de la Administracion, esta asociación fue a la Audiencia Nacional a interponer el recurso y formalizar la demanda en esta vía, cosa que hicieron el pasado 24 de junio.

Ignacio Martínez, abogado de Avite, subraya que "ahora la Abogacía del Estado tendrá que contestarla. También pedimos distintas pruebas periciales y documentales. Que acudan como testigos la presidenta del Comité de Evaluación, Encarnación Guillén; la anterior ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y otros científicos relacionados con este asunto".

La demanda se sustenta en que primero la Proposición no de Ley de 26 de noviembre de 2016, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y posteriormente la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018 -en su disposición adicional quincuagésima sexta-, establecían la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España, suscritas en ambas propuestas.

Consiguieron que en la Ley de presupuestos Generales del Estado, en junio de 2018, se aprobase al menos 12.000 euros de indemnización por punto de discapacidad.

"En ella se dice que el gobierno reclamaría una parte a Grünenthal para incrementarlos. No se concreta hasta qué cantidad, pero se estaba pensando en esos 20.000 euros", señala Martínez.

Esta normativa fue aprobada por mayoría absoluta, con 265 diputados a favor y el voto en contra del PSOE, pero hasta ahora no se ha hecho nada al respecto.

Según el propio Martínez se dijo en las negociaciones con Sanidad que había 50 millones de euros de 2018, presupuestados más otros tantos de 2019, y ahora oficialmente se señala que hay una partida de 20 millones presupuestados, "pero no han dado ningún tipo de ayuda hasta el momento para los afectados".

¡Ni siquiera en esta etapa de pandemia y confinamiento la relación entre Sanidad y Avite se ha activado. Pese a este escenario, desde esta asociación de afectados se ha intentando mantener el contacto con algún interlocutor, tanto de Inserso, como de la propia vicepresidente de Asuntos Sociales, pero de manera infructuosa".

Un real decreto que no gusta a las víctimas

Desde el Ministerio de Sanidad se anunció recientemente que se estaba preparando un Real Decreto que vería la luz, una vez se constituyese nuevo Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, esa normativa sigue parada.

El propio colectivo de afectados por la talidomida ya ha señalado su rechazo en contra del contenido del RD que pretende aprobar el Gobierno. A ese Real Decreto ya realizo Avite sus aportaciones al mismo, pero de nuevo la callada por respuesta.

Desde esta asociación rechazan que los afectados tengan que pagar el IRPF cuando reciban las ayudas, ya que en España existen otros colectivos de víctimas que no lo pagan.

Asimismo, critican que el texto no tiene en cuenta sus intereses y que la base económica sobre las que se sustenta el proyecto no es la que realmente se aprobó en el Congreso

Avite ha criticado la disparidad del equipo de Pedro Sánchez en aprobar normativas.

"Para unas cosas están en funciones y para otras cosas no", ha reprochado Basterrechea al comprobar cómo desde Moncloa se han aprobado numerosos RD aunque no ejerzan a pleno rendimiento.

En cuanto a los reconocimientos realizados, la sorpresa fue mayúscula el pasado mes de diciembre cuando el Ministerio de Sanidad dio a conocer sus resultados provisionales por los que se reconoce solo 103 personas de las 511 solicitudes recibidas por personas con anomalías congénitas evaluadas por la Indignación mayúscula de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) por el Comité Científico-Técnico de la Talidomida.

Desde Avite, Basterrechea muestra su malestar ante esos datos y compara los procesos de reconocimiento de otros países con el de España es "matemáticamente imposible" lo reconocido hasta ahora.

El medicamento se estuvo vendiendo 35 años como reconoció el propio Ministerio de Sanidad.

"En Alemania, con 80 millones de habitantes, hay casi 3.000 afectados; en Inglaterra son 50 millones y 500 afectados; en Italia, 60 millones y 300 afectados; en Suecia, 10 millones y 120 afectados; en Canadá, 37 millones y 101 afectados; además, estos países han vendido el medicamento durante 5 o 6 años" ha detallado.

Se da la circunstancia que este colectivo de afectados son los únicos que siguen olvidados en el mundo y que no han resuelto su situación pese a los años transcurridos.

España no compensa a los talidomídicos

De hecho, tal y como publicada Confilegal a primeros de año, España es el único país del mundo que no ha resuelto este asunto y que las indemnizaciones a los afectados no han llegado aún. En este reportaje indicábamos las gestiones hechas en otros países.

En cuanto a las ayudas citadas para este colectivo de afectados: una con cargo a los presupuestos públicos, y otra con cargo a la farmacéutica Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar responsabilidad por la tragedia, según exige el texto de la ley.

A pesar de que la PNL establecía fecha límite para esto 2018, y de que han transcurrido más de dos años desde la aprobación de la LGPE 2018, el Gobierno ha incumplido de plano su obligación, y en concreto tal y como señala Rafael Basterrechea, vicepresidente de esta entidad:

"No ha concluido el registro de los afectados de la talidomida en España conforme al protocolo que el propio Ministerio estableció al efecto hace ya tres años. Tampoco ha procedido al pago de ninguna de las ayudas contempladas en la ley a favor de los afectados".

Basterrechea también advierte que a este colectivo de afectado no les consta "que haya exigido a la farmacéutica propietaria de la patente -Grünenthal- la parte adicional que le corresponde pagar".

Hasta la fecha ningún Gobierno ha ido contra dicha farmacéutica para pedirles responsabilidades sobre este asunto.

Desde Avite se indica que el Estado español tiene el triste honor de ser el país que peor ha tratado a sus compatriotas víctimas. Y nos indican varios hitos muy concretos en esta historia interminable que no acaba de concluir.

Primero durante la dictadura franquista les negó la existencia desde 1950; luego permitió que la talidomida se siguiera dispensando a las embarazadas hasta 1985 -según reconoce la LGPE 6/2018-, siendo que en todos los países fue retirada cuando se supo de sus efectos en 1961; más tarde, ni los reconoció ni los indemnizó durante casi 70 años; y por si todo esto fuera poco, ahora ni siquiera les paga lo que obliga la ley.

En España es donde más tarde se retiró, en 1985, tras años de negar la realidad, omisiones e irregularidades diversas.

Por ello, Avite calcula que existen más de 500 afectados españoles vivos pero que, desafortunadamente, 2.500 más no lograron sobrevivir.